El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del oficiaslita Partido Revolucionario Democrático (PRD), de Panamá exigió este domingo al Gobierno de Laurentino Cortizo agilizar una salida a la crisis que actualmente vive el país.

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De acuerdo al partido, en la solución "deben estar presente todos los sectores de la sociedad, especialmente los sectores de la juventud, obreros, sector empresarial, grupos indígenas, sectores magisteriales y profesionales". 

En ese comunicado el PRD expresa que  Panamá vive una de las crisis más graves de los últimos 33 años, que ha tenido como detonante la Ley 406 sobre el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá S.A., filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM). 

Asimismo valora que "dicha crisis se caracteriza por la exposición de un multitudinario descontento que los panameños, sobre todo provenientes de la juventud, respaldado por sectores obreros, docentes e indígenas, se han tomado las calles, en todo el territorio nacional".

Agregan que para esta agrupación política, tal descontento comprende motivaciones que rebasan el problema minero y son el resultado de la ausencia de un "modelo político-económico de ejecutorias sociales justas, equitativas y con equidad".  

En esa dirección puntualizan que "la crisis que vivimos exige una salida madura y digna a través de un consenso que se derive de un nuevo pacto social, que sea la expresión de todos los sectores que compartimos diariamente los 75.000 kilómetros de territorio, y en el que será determinante la rápida actuación del gobierno nacional para propiciar juntos la construcción de espacios de diálogo y consenso nacional".

Sostiene además el partido oficialista que el derecho a la protesta en su calidad de derecho ciudadano lo respetamos, el derecho a disentir esta protegido por nuestra constitución política, por lo cual instamos a la búsqueda de avenidas que nos conduzcan a un acuerdo nacional que ofrezca garantías de respeto a todas las normas como sociedad civilizada.

Agregan que hay que apoyan la solución propuesta por el gobierno: una moratoria indefinida en la explotación de la minería metálica en Panamá y dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la definición de inconstitucionalidad que demandan las organizaciones populares.