Familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta en Perú rechazaron este viernes la liberación del dictador Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

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“Sentimos los familiares que el Estado peruano nuevamente nos ha traicionado al regalarle, de manera injusta e ilegal, una libertad que no le corresponde a Alberto Fujimori”, declaró Gisela Ortiz, hermana del estudiante Luis Ortiz, una de las víctimas del caso La Cantuta.

En la masacre de Barrios Altos, fueron asesinadas 15 personas, mientras que en la ocurrida en la Universidad de La Cantuta, fueron secuestrados y desaparecidos nueve estudiantes y un profesor.

Ortiz enfatizó que se sienten desprotegidos porque las instituciones del país "traicionan esta obligación de garantizar la legalidad de los actos".

Además, los familiares solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sea declarado en desacato al Estado peruano por la liberación de Fujimori.

"Solicitamos a la Corte Interamericana que emita una resolución donde señale clara y contundentemente que el Estado (peruano) ha desacatado una orden (suya)", dijo la abogada de los deudos, Gloria Cano.

Tras la liberación del dictador, sectores de la población salieron a las calles de Lima (capital) para protestar en contra de la medida, así como para rechazar el Gobierno de Dina Boluarte que, en la víspera, cumplió un año de mandato.

Entre las consignas usadas en las protestas realizadas en el jueves están “el sistema sostiene la corrupción”, “la sangre derramada no ahoga la lucha del pueblo, sino la riega", "luchar y persistir por una nueva Constitución el pueblo y para el pueblo", "Dina asesina", entre otras.