La Defensoría del Pueblo de Ecuador divulgó el miércoles un manifiesto en el que denuncia reiterados casos de muertes violentas de reclusos en cárceles ecuatorianas bajo control militar "con indicios de presunta tortura", así como alertas de decesos de convictos con evidentes signos de desnutrición.

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Este pronunciamiento ve la luz tras la orden de un juez para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas por organizaciones no gubernamentales durante la militarización de prisiones ordenada por el gobierno del presidente Daniel Noboa en medio del "conflicto armado interno" declarado contra el crimen organizado.

Según el informe, se han contabilizado unos 24 fallecimientos de penados en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, "por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición".

Ese registro corresponde al primero de los tres meses que duró el estado de excepción a nivel nacional decretado por el presidente Noboa contra las bandas criminales, y cuya categoría de "conflicto armado interno" se mantiene vigente, dentro de la cual el Gobierno ha pasado a denominar a estos grupos como terroristas y actores beligerantes no estatales.