La defensa de la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que desestime la denuncia por genocidio contra la jefa de Estado, a causa de las muertes ocurridas en las protestas de diciembre y febrero último.

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En declaraciones a medios locales, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, apuntó que “lo que hemos visto es que ocurrieron manifestaciones violentas que no pueden ser calificadas como protesta”.

Campos pidió, además, que "se siga investigando y que se establezcan las situaciones en las que hubo uso debido o indebido de la fuerza, y en base a ello absolver o responsabilizar; pero eso no se hace de la manera como se está investigando".

Asimismo, confirmó que se ha pedido "a la Fiscal de la Nación que cierre esta investigación, porque hay un deterioro de la autoridad democrática que es devastador para el Estado" y que considera demostrado que Boluarte no participó en lo que se le imputa.

El abogado argumentó también que la mandataria solo recibió un informe al final del día de las acciones de control de las protestas y que ella había dado instrucciones para que se ciñeran al respeto de los derechos fundamentales.

Junto con varios integrantes del Ejecutivo, Dina Boluarte es investigada por la muerte de 49 personas en las protestas que pedían su renuncia y el cierre del Congreso, una vez destituido el presidente constitucional de Perú, Pedro Castillo.