La Procuraduría General de la República (AGU) de Brasil interpuso ante el Juzgado del Distrito Federal (DF) una solicitud de acción cautelar contra 54 bolsonaristas y tres empresas, una asociación y un sindicato por financiar los actos violentos del 8 de enero de 2023 en Brasil.   

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Los involucrados deben reembolsar 20,7 millones de reales al erario (aproximadamente unos cuatro millones de dólares), por los hechos que destruyeron los edificios de los Tres Poderes de la nación.

“En un régimen democrático, como en el sistema brasileño, va contra las costumbres de la democracia y la buena fe convocar y financiar un movimiento o manifestación con la intención de tomar el poder, situación que pone de manifiesto la ilegalidad de la hecho ocurrido”, expresó la AGU.

Al recordar que el monto está sustentado en las estimaciones realizadas por el Supremo Tribunal Federal, el Palacio del Planalto, la Cámara de Diputados y el Senado Federal, AGU subrayó que “es el valor que el Ministerio Público considera como daño material”.

La Fiscalía insistió además en que los imputados “eran conscientes de que el movimiento en organización podía provocar el hecho tal como se produjo”.

El ente alerta además que en los emplazamientos ya se hacía “expresa referencia a diseños de actos no pacíficos (o de dudosa paz) y la toma del poder, hecho que demuestra una articulación previa al movimiento con una finalidad no ordenada, siendo la financiación del transporte un vector primordial para que éste se concretice y materialice en los términos acontecidos”.

De acuerdo a la Procuraduría, los acusados ya tienen sus bienes bloqueados cautelarmente, pero la AGU pidió a la Justicia del DF que se les condene de manera definitiva.