El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó a Juan Orlando Hernández (JOH) como presidente de Honduras, con 42,95 por ciento de los votos tras las elecciones celebradas el pasado 26 de noviembre y en medio de denuncias de fraude realizadas por el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.

Tras los primeros escrutinios -que comenzaron a revelarse el mismo domingo 26- Nasralla tenía una ventaja de cinco puntos sobre Hernández. Sin embargo, una vez reanudado un apagón informático el miércoles 29, según dio cuenta el TSE, los resultados comenzaron a favorecer al actual mandatario.

Desde ese minuto, los dirigentes de Alianza de Oposición denunciaron fraude electoral, acusando falta de transparencia e irregularidades en el conteo de votos. El 57 por ciento de los votos se escrutaron desde el lunes 27 al miércoles 29, y gran parte del porcentaje restante se hizo en las nueve horas que duró el apagón informático y durante jornadas sin garantías constitucionales.

La población hondureña se sumó a la denuncia, salió a las calles para exigir al TSE transparencia en el escrutinio de las boletas electorales. Pero la respuesta del gobierno fue decretar la suspensión de las garantías constitucionales y toque de queda de 18H00 a 06H00 (hora local) a partir de la noche del viernes 1 de diciembre.

En el contexto de las protestas, los manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad y más de 10 personas perdieron la vida.

La polémica candidatura de Juan Orlando Hernández

Juan Orlando Hernández logró postularse en las elecciones presidenciales, pese a que la Constitución del país prohíbe la reelección. Sin embargo, en mayo de 2015, la Sala Constitucional aceptó un recurso de un grupo de diputados oficialistas para declarar improcedente la prohibición. 

Durante su reciente mandato (2014-2017) JOH fue acusado de utilizar fondos provenientes del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por 350 millones de dólares. 

En octubre de 2016, el hermano del presidente, Juan Antonio "Tony" Hernández; el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco; dos diputados, y un alcalde fueron vinculados con el narcotráfico por el Gobierno de Estados Unidos.