La derecha latinoamericana se ha caracterizado históricamente por una alianza consustancial entre los intereses del Estado y los del capital transnacional, en desmedro de su población local. Los ministerios públicos han actuado, en este sentido, como meros revendedores de las riquezas nacionales a poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros. Si bien este modus operandi puede rastrearse a lo largo del tiempo, lo cierto es que los distintos entramados del poder han facilitado recientemente como novedad la exageración del conflicto de intereses hasta lo irrisorio. Entendemos aquí como conflictos de intereses aquellas situaciones en las que el funcionario público debe actuar en determinados asuntos en los que tiene intereses particulares contrapuestos y directos en su regulación. Indudablemente, el caso de Argentina es paradigmático: casi todo el gabinete está compuesto por figuras con escasa trayectoria política y de estrecha vinculación con empresas privadas, colocadas pertinentemente en carteras afines. En otros contextos, la conformación ministerial también está orientada a satisfacer las demandas del establishment económico aunque con titulares netamente políticos: son los casos de Brasil y Colombia, también gobernados por la derecha, pero cuyas particularidades políticas orientaron la designación de ministros obedeciendo a necesidades de gobernabilidad. Excepto los casos de sus respectivos ministros de agricultura, aspecto fundamental del desarrollo de ambos países.

I

En el caso de Argentina, donde la derecha llegó al poder por la vía democrática, desde el comienzo de la gestión Pro-Cambiemos -la coalición mediante la cual Macri arribó al poder-aumentó exponencialmente el número de cargos en ministerios o puestos estratégicos ocupados por funcionarios con un pronunciado perfil empresarial y/o gerentes de grandes empresas. Este hecho fue catalogado de forma peyorativa por los medios creadores de opinión como “gobierno de CEOS” o “Ceocracia”.

Uno de los casos más destacados es el nombramiento de Juan José Aranguren, ex presidente de Shell -petrolera española-, al frente del Ministerio de Energía y Minería. Aranguren renunció a la compañía el 30 de junio de 2015, empresa a la cual había ingresado en 1977. Paradójicamente, incorporó a su equipo otros ejecutivos oriundos del sector privado desempeñándose en las petroleras a las cuales ahora deberán regular. A modo de ejemplo,  el secretario de Recursos Hidrocarburíferos es José Luis Sureda, quien desde 1999 se desempeñó como vicepresidente de ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE). Por su parte, Daniel Redondo fue designado secretario de Planeamiento Estratégico, un ingeniero químico que desarrolló gran parte de su carrera profesional en ExxonMobil (empresa petrolera estadounidense), donde llegó a ser CEO y presidente de la Esso Standard. Sebastián Kind se incorporó al equipo como subsecretario de Energías Renovables, un ingeniero mecánico que trabajó como especialista en energía eólica en British Petroleum, desempeñándose como jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de la firma ítalo-argentina Aires Renewables SA.

Otros puestos claves del sector energético como la petrolera estatal Enarsa (acrónimo de Energía Argentina S.A.), creada por Néstor Kirchner, se encuentra bajo la conducción de Hugo Balboa, cuyo cargo anterior era el de director del proyecto de expansión de Axion (ex Esso). Anteriormente Balboa había ocupado el cargo de gerente en petroleras privadas como Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

Algo parecido ocurre en los entes reguladores del sector energético, los cuales también se encuentran a cargo de ex gerentes del sector privado. Mauricio Macri designó a David José Tezanos como presidente de Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), quien ostentaba en su currículum su puesto como presidente de Metrogas (la mayor distribuidora privada de gas de Argentina) y director de Gas de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), un técnico eléctrico, que anteriormente trabajó en Wintershall Energía, Total Austral y TGS (Transportadora de Gas del Sur). Por su parte, a cargo de la presidencia del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) se encuentra actualmente Juan Garade, un contador público socio en Management Consultants, quien antes de sumarse a esa consultora se desempeñó 10 años como director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (distribuidora privada de energía eléctrica). En la Argentina las empresas Edenor y Edesur han llevado a cabo prácticas monopólicas al dividirse entre ambas el suministro en el área metropolitana de Buenos Aires, por lo que el nombramiento de Ricardo Sericano-quien se desempeñó como gerente de Edenor durante 18 años- como director del ENRE es la frutilla del postre.

Una de las primeras y más impopulares medidas tomadas por la actual gestión fue el denominado ¨tarifazo¨. Por medio de esta medida se vieron beneficiados, entre otros, Nicolás Caputo -empresario, amigo íntimo y acreedor de Mauricio Macri- y Joe Lewis -magnate británico que compró recientemente Petrobrás Argentina y en cuya mansión el presidente residió en Semana Santa del 2016-. La familia Caputo posee acciones en Sadesa (Sociedad Argentina de Energía S.A.), la segunda generadora del país. Por su parte, Lewis es el inversor mayoritario de Tavistock, grupo que controla a Pampa Energía, la principal compañía eléctrica de Argentina.

Otra víctima de la Ceocracia ha sido el recientemente creado Ministerio de Finanzas –a raíz del desdoblamiento del antiguo Ministerio de Economía en siete organismos- en el que actualmente se desempeña Luis Caputo como ministro. Luis no es otro que el primo hermano de Nicolás, ¨no hay nada más lindo que la familia unida¨ cantaban Gaby, Fofó y Miliki. Caputo trabajó 3 años en JP Morgan,incorporándose luego a Deutsche Bank y llegando a ocupar el cargo de presidente del banco en la Argentina. Últimamente se había desempeñando como presidente del fondo de inversión Axis, desde el cual compró ¨dólar futuro¨[1] por 800 millones de pesos. Posteriormente y ya desde la administración pública intervino en la determinación del valor del dólar futuro, medida por la cual se encuentra imputado.

Otra de las incorporaciones clave de la CNV (Comisión Nacional de Valores) es la de Rocío Balestra, abogada que trabajó por más de 10 años en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. Balestra también se desempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling, contratado por Argentina para la fallida negociación con los buitres y por lo cual Argentina tuvo que desembolsar 12.500 millones de USD.

Como dato de color podemos agregar a Javier González Fraga, actual Presidente del Banco Nación, antiguo miembro del Directorio de Peugeot Argentina; Luis Ribaya, Director del Banco Nación quien anteriormente fue director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico; Alejandro Cavallero, hoy Director de Nación Servicios, quien fuera CEO de la Guía Local LLC, vicepresidente del Citibank y gerente de canales alternativos del HSBC.

Otro de los desprendimientos del ex Ministerio de Economía es el Ministerio de Producción, el cual tiene a la cabeza a Francisco Cabrera, ex fundador y CEO de la compañía de Fondos de Pensiones Máxima AFJP. Asimismo se desempeñó en el holding financiero Grupo Roberts, y más luego en el Grupo HSBC, en donde fue miembro del Directorio de La Buenos Aires Seguros y de Docthos. Además ofició de Director Ejecutivo del diario La Nación e integró el directorio de los diarios: Los Andes y La Voz del Interior.

En el Ministerio de Transporte funge Guillermo Dietrich, cuya familia es dueña de la mayor concesionaria de autos del país. Para colmo de males se encuentra imputado por la cesión de rutas comerciales a las compañías aéreas Fly Bondi y Avianca. En este Ministerio también se desempeñó Isela Constantini, ex CEO de General Motors, como presidenta de Aerolíneas Argentinas hasta diciembre de 2016. En su reemplazo designaron a Mario Agustín Dell’Acqua, nada menos que el ex director de Proyectos de Techint.

Al frente del Ministerio de Modernización Macri nombró a Andrés Ibarra, quien fuera ministro de Modernización de la Ciudad. Ibarra hizo carrera en el Grupo Macri, fue Gerente General de la Comisión Directiva de Boca Juniors durante la presidencia de Mauricio en dicho club.

Por último el actual presidente argentino designó al ex CEO de LAN y ex funcionario bonaerense de Felipe Solá, Gustavo Lopetegui, y al titular fondo Pegasus, Mario Quintana (cofundador y presidente de Farmacity), como Secretarios Generales que dependerán de la Jefatura de Gabinete de marcos Peña, para coordinar los ministerios económicos.

II

El caso de Brasil es diferente porque el arribo de Temer al gobierno fue mediante un golpe parlamentario que contó con el apoyo de numerosas fuerzas políticas, a las que tuvo que retribuir favores. Por tal motivo, su gabinete está mayoritariamente formado por políticos de carrera –en particular ex gobernadores y legisladores- que tienen poca o nula idoneidad para los ministerios que hoy ocupan.  Sin embargo, cabe destacar el caso particular del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento dirigido por Blairo Maggi del PP (Partido Popular) aliado al gobierno.

La designación de Maggi –en mayo de 2016- coincide con la asunción de Temer a su mandato interino, desempeñándose hasta entonces como senador. Su nombramiento fue avalado por entidades como la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso, Estado en el que fungió como Gobernador entre 2003-2010, recibiendo en 2005 el premio “motosierra de oro”, otorgado por Greenpeace a quienes destacan en sus actividades de desforestación[2].La mencionada organización ecologista denunció que Maggi fue responsable por al menos la mitad de la desforestación brasileña entre 2003 y 2004, más luego inició un plan para contener los desmontes. En la región, Blairo y su familia concentran la propiedad de 45.115 hectáreas de tierra, divididas en 29 establecimientos rurales, de los cuales 11 son considerados improductivos^[3].

Uno de los motes es “Rey de la soja” en referencia a su actividad empresarial, ya que ha sido considerado el mayor productor de soja del mundo según la revista Forbes (2010). Su familia ocupaba el 7° puesto de ricos en el país  y Maggi era el segundo político más rico, en 2014. Además, es responsable de haber contribuido a la destrucción de la Amazonía al propiciar su expansión hasta las zonas protegidas de los bosques[4].El Grupo Amaggi, del que el ministro es titular, comercializa cerca del 22% de la producción de granos del Matto Grosso, el principal estado oleaginoso brasileño. Además de soja, el gigante del agronegocio comercializa maíz y algodón. Asimismo, ha ramificado su negocio hacia la logística de transportes, energía eléctrica y al ámbito de la producción de carnes.

En ejercicio de sus funciones públicas, Maggi implementó medidas para desburocratizar la cartera, que tuvieron como consecuencia, entre otras, la reducción de controles (y presupuesto) para la fiscalización sanitaria. De ello derivó un escándalo sobre los controles sobre la carne brasileña conocido como “Operación Carne Débil”, que implicó también acusaciones de corrupción y fraude. Muchos países dejaron de importar carne de ese país y, aunque ya relativamente normalizado, el volumen comercial se redujo[5].

III

La configuración del actual Gabinete del Gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia obedece, desde abril de 2016, a las necesidades particulares del proceso de paz con las FARC-EP. Por ello, a mediados del año pasado el jefe del ejecutivo llevó a cabo un esfuerzo por convocar liderazgos regionales que se convirtieran en dinamizadores del Sí al Acuerdo de Paz con las FARC - EP[6].

Ello explica que la mayor parte de las carteras ministeriales estén en la actualidad en manos de perfiles claramente políticos, sin embargo, en el marco de su labor, algunos ministerios han evidenciado cierta favorabilidad a determinados sectores económicos, un buen ejemplo es el Ministerio de Agricultura, protagónico por el papel fundamental que adquiere en el momento de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP el cual incluye medidas específicas relativas a la tierra y el conflicto vinculado a la misma.

El líder detrás de esta cartera es el ministro Aurelio Iragorri (Partido de la U) quien cuenta con una amplia experiencia en el sector público y en el sector privado. Es especialmente cercano por su trayectoria profesional al Grupo Santo Domingo. Iragorri[7] proviene de una acaudalada estirpe familiar de terratenientes y políticos dueños de feudos en el Cauca, donde las tensiones entre terratenientes, campesinos e indígenas han sido históricas.

Actualmente el encargado de la cartera de Agricultura tiene en sus manos uno de los temas que mayores disputas genera en el marco de la conflictividad social que vive el país: el decreto ley que efectiviza la política de tierras del post-acuerdo, en un punto álgido en el que la insatisfacción de los campesinos e indígenas es mayúscula, tras los frecuentes incumplimientos del Gobierno nacional y del ministerio de Agricultura ante las demandas[8] reivindicadas a través de consecutivos paros agrarios en 2013, 2014 y 2016[9] y reiteradamente incumplidas.

El debate en la actualidad se centra en la propuesta para las tierras que hace el Gobierno, la cual ha sido considerada por diferentes liderazgos de la izquierda y organizaciones sociales y campesinas como una ‘traición’ a los mandatos del Acuerdo de Paz. El proyecto de ley para el Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales” ha sido duramente criticado pues del mismo se deriva que los baldíos se entregarían a personas que no serían sujetos de reforma agraria, es decir, que no son ni vulnerables ni están en condiciones de pobreza[10].

Asimismo, las primeras lecturas del proyecto han dado lugar a una preocupación asociada a los cambios en la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que desde 1994 está definida como la cantidad de tierra que –según la zona- necesita una familia campesina para subsistir y formar su patrimonio. En el actual proyecto la UAF queda sustituida por el concepto de Unidad de Producción Rural, adjudicable a “beneficiarios”, reduciendo el protagonismo que la agricultura familiar alcanza en el Acuerdo de Paz.

La acumulación irregular de baldíos es otro de los factores en disputa del proyecto, se cuestiona que la propuesta, lejos desarrollar herramientas para lograr la recuperación de los baldíos y la anulación de negociaciones fraudulentas, busque su legalización y saneamiento[11]. En definitiva, tal y como señala Camilo González Posso, presidente de Indepaz, en el nuevo proyecto no tiene lugar la economía campesina, ni el reconocimiento a las comunidades, se condena al campesino a la pobreza al establecer que su derecho a propiedad en las nuevas condiciones de acceso es inviable como unidad productiva y se orienta el acceso a tierras al usufructo por parte de los llamados ‘onerosos’, quitándole la oportunidad de acceso a los pequeños productores[12].

La cartera de Agricultura, al mando del ministro Aurelio Iragorri, es la encargada de radicar y socializar una propuesta con la que los campesinos ya se encuentran en disputa, reflejando el problema estructural relativo a la tierra y las nociones a las que obedecen los decisores, normalmente pertenecientes a las élites que han concentrado y despojado del territorio a campesinos e indígenas en condiciones de vulnerabilidad.

[1]Se trata de la realización de contratos de compra o venta de divisas, materias primas, o cualquier producto imaginable (existen incluso hasta de jugo de naranjas) en un fecha futura pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. También se conoce como mercado a término.http://www.lanacion.com.ar/1898490-que-es-el-dolar-futuro-cinco-conceptos-clave-para-entenderlo

[2]http://www.elobservador.com.uy/blairo-maggi-es-el-nuevo-ministro-agricultura-brasil-n909810

[3]http://www.republicadosruralistas.com.br/ruralista/18

[4]http://www.telesurtv.net/news/Quienes-son-los-ministros-de-Michel-Temer-20160511-0058.html

[5]http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/operacao-carne-fraca-policia-federal-indicia-mais-de-60-pessoas.ghtml

[6] http://lasillavacia.com/historia/un-gabinete-para-el-plebiscito-55584

[7] http://kaosenlared.net/el-vergonzoso-ministro-de-agricultura-aurelio-iragorri/ http://kaosenlared.net/el-vergonzoso-ministro-de-agricultura-aurelio-iragorri/

[8] Entre otras la financiación de proyectos de fortalecimiento de la economía campesina, afro e indígena, funcionamiento de al menos cinco mesas regionales, creación de un Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgos Campesino y la negociación del pliego de peticiones de la Cumbre Agraria.

[9] http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-agrario-2016-campesinos-e-indigenas-protestan/475748

[10] https://www.elheraldo.co/colombia/polemica-por-el-proyecto-de-tierras-liderado-por-el-ministro-iragorri-354721

[11] http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6611-el-proyecto-que-ataca-el-alma-de-la-reforma-agraria-integral

[12] http://www.indepaz.org.co/7433/los-tales-campesinos-no-existiran/

Artículo publicado en: http://www.celag.org/cartel-ministerial/