Cuatro declaraciones de altas autoridades y políticos estadounidenses, acciones de violencia callejera, reuniones clandestinas de diplomáticos norteamericanos con la oposición, una llamada telefónica de advertencia y un atentado contra un consulado venezolano en el Caribe muestran con absoluta claridad que la Casa Blanca y la derecha internacional han decidido acelerar los planes para derrocar la Revolución Bolivariana por métodos no democráticos, que incluso podría llegar a la intervención militar estadounidense, con el doble objetivo: destruir el significado político emancipador de ese proceso en su dimensión continental y re-apoderarse del petróleo de ese país.

Esa es la envergadura de la amenaza contra Venezuela. Veamos uno por uno lo que se está afirmando.

Las declaraciones de los autoridades y políticos estadounidenses han superado la tradicional hostilidad mantenida durante 15 años contra la revolución bolivariana. El secretario de Estado, John Kerry, quien el año pasado dijo que Estados Unidos daba por terminada la “Doctrina Monroe” de “América para los americanos”, sostuvo categórico el sábado 15 de febrero: "Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente tensión y violencia". El martes 18, el portavoz del Departamento de Estado, Jean Psaki, advirtió con “acciones concretas” por la expulsión de tres de sus diplomáticos que se reunían clandestinamente con la oposición venezolana. Al día siguiente, el miércoles 19, la vocera Marie Harf, ordenó al gobierno bolivariano la “inmediata liberación” de los detenidos. El 20 de febrero, en Toluca, donde se llevó a cabo la Cumbre de Líderes de Norteamérica, el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, no solo que consideró “legítimos” los reclamos de la oposición venezolana que despliega su odio y violencia otra ciudadanos y militantes “chavistas” y destroza bienes públicos, sino que pasó a la ofensiva al decir sin dubitaciones: “Junto con la Organización de Estados Americanos hacemos un llamado al gobierno venezolano para que libere a los manifestantes que han sido detenidos y que entablen un diálogo verdadero, y que todos las partes tienen que trabajar conjuntamente, abstenerse de la violencia y restaurar la tranquilidad”. El activo involucramiento de la Casa Blanca en la arremetida fascistas se pone en evidencia el domingo 16 cuando el funcionario del Departamento de Estado, Alex Lee, hace un llamado al embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, a quien le exige que el gobierno bolivariano se siente a dialogar con la oposición y le advierte que la detención de Leopoldo López podría tener consecuencias.

Y para no desentonar con el libreto y en clara muestra del papel de la ultraderecha en las decisiones de Washington, el senador republicano John MacCain, llamó en la tarde del miércoles 19 a una intervención militar en Venezuela sobre la base de tropas estadounidenses, y sostuvo, sin vacilaciones, con la participación de militares de Colombia, Perú y Chile. “Hay que estar preparados con una fuerza militar para entrar y otorgar la paz en Venezuela”, dijo en un primer momento de su declaración a la cadena NBC.

Pero no hay intervención, abierta o encubierta, sin previamente tener un plan de recambio de autoridades de gobierno. McCain pone en evidencia la profunda coordinación que existe entre la ultraderecha estadounidense y su socia venezolana. “Una vez realizada la intervención militar existen líderes demócratas plenamente habilitados y con el visto bueno de EEUU dispuestos a tomar las riendas en ese país, dispuestos a darles su libertad”, aseveró en tono de soberbia en un segundo momento de su declaración.

Puesto al desnudo el plan estadounidense, que parece partir del firme convencimiento de que existen condiciones objetivas y subjetivas para pasar de la cuarta a la quinta fase del llamado “golpe suave”, obviamente cae con naturalidad el método elegido: la violencia. Las anteriores fases tienen que ver con la construcción de matrices de opinión para desacreditar y quitarle legitimidad al gobierno de Nicolás Maduro y con el despliegue de una agresiva “guerra económica”. Quizá podría señalarse que esta quinta fase se caracteriza en un primer momento por alentar la organización y desarrollo de acciones de violencia callejera de parte de las facciones más ultraderechistas de la oposición, para pasar luego a un segundo momento a través de una intervención militar abierta de las fuerzas estadounidenses. El periodista e intelectual francés Ignacio Ramonet señala a la CNN en español que tal actitud de Leopoldo López –el jefe del partido Voluntad Popular – “ha creado una “fase tentativa de desestabilización violenta”, en la que una “pequeña minoría, sobre la base de una protesta estudiantil muy minoritaria, ha desencadenado una serie de violencias que han provocado muertos, heridos y sobre todo cantidad de destrozos”.

Y el método elegido también es para usarlo en otras partes fuera de Venezuela. Como en la década de los 70, durante la “Operación Cóndor”, se han activado dispositivos para generar violencia contra objetivos venezolanos. Este es el caso del atentado contra el consulado en Aruba del jueves en la noche.

Sin embargo, la condición sine qua non para justificar la intervención militar extranjera en Venezuela, tal como demuestran los hechos de Libia y que pretenden repetirse en Siria, es que grupos opositores internos lleven adelante una sostenida presencia callejera, los medios los conviertan en víctimas de la violencia (mediante el falseamiento de la realidad), internacionalmente se aísle al gobierno y se denuncie, por tanto, un alto grado de violación de los derechos humanos.

Es más, Venezuela no es ajena a este tipo de planes. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 –que sería derrotado por el pueblo en 48 horas-, comenzó con una marcha de la oposición que desplegó “desde adentro” y “encubiertamente” acciones de violencia armada contra los protagonistas de la protesta y que, con medios de comunicación como apoyo, “construyeron” imágenes y narrativas que conducían a responsabilizar de las muertes a las fuerzas chavistas.

Pero también ha quedado demostrado los tres objetivos mayores de la contraofensiva estadounidense:

Primero está el político. La holgada victoria de las fuerzas bolivarianas en las elecciones municipales, luego de un primer momento difícil en abril de 2013 con el apretado triunfo de Nicolás Maduro; los resultados positivos de la estrategia con que el gobierno enfrenta la implacable “guerra económica” desarrollada por la burguesía, cuyo propósito es dar la sensación de un irreversible desabastecimiento y quiebre de la economía nacional, y la adhesión de una gran parte de la ciudadanía, incluso de sectores no afectos a la revolución socialista, al plan para superar la inseguridad ciudadana, son señales de la consolidación de una revolución que el imperio no está dispuesto a tolerar, más aún cuando apostaba a su inevitable derrumbe tras las muerte de su líder, el Cmte. Hugo Chávez.

Segundo, el geopolítico. Dos hechos políticos inmediatos parecen conducir a la aceleración de los planes golpistas e injerencistas. Por un lado, el éxito de la II Cumbre de la CELAC en Cuba y, por otra parte, el avance de la izquierda en Centroamérica, particularmente en la victoria electoral del FMLN en El Salvador, cuya tendencia favorable se mantiene favorable para encarar la segunda vuelta el 9 de marzo. A esto hay que sumar la tendencia, también favorable, para que la izquierda siga al frente de Bolivia, Brasil y Uruguay. Es evidente que para la derecha internacional esto no hubiera sido posible sin el “mal ejemplo” de Venezuela, el “núcleo duro” de las revoluciones del siglo XXI.

Pero como la política es la economía concentrada, el senador McCain se ha encargado de explicitar el objetivo mayor de los Estados Unidos: el petróleo. Su llamado a la intervención militar es “sobre todo garantizar y proteger el flujo petrolero hacia EEUU, cuidando esos recursos estratégicos , y velando por nuestros intereses globales”, dijo enfático el empresario de las papas fritas. Desde la perspectiva imperial la declaración tiene sentido pues si bien EEUU ha descubierto en su territorio grandes reservas de gas y petróleo no convencional, la necesidad de disponibilidad inmediata lo conduce a mirar Venezuela, convertido en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, a lo que se debe sumar que el traslado de los hidrocarburos para su procesamiento en Houston –donde están plantas de Pdvsa- requiere apenas unas 48 a 72 horas de los 45 días que implica traer de algún país del Norte de África o del Oriente Medio, afectados además por una gran inestabilidad política.

En síntesis, detrás de esas inquietudes "democráticas" -que se desvanecen al momento de agredir a una revolución que ha salido victoriosa en 18 de las 19 elecciones desde 1998 y apoyar con recursos las acciones violentas no democráticas- es evidente que el interés mayor del imperialismo es volver a apoderarse del petróleo venezolano.

Pero lo que no contaba Estados Unidos y la derecha venezolana es que el gobierno de Nicolás Maduro no cayera en la trampa: a la violencia reaccionaria se respondió con movilizaciones pacíficas y con un plan nacional para alcanzar la paz. A esta posición políticamente correcta del gobierno socialista se sumó el rechazo de la mayor parte de la población, incluso de quienes no son afectos a la revolución, al uso de la violencia como método de resolución política.

Ahora bien, tal como sucedió en intentos de golpe contra Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, la rápida reacción de organismos y países de América Latina para respaldar al gobierno legal y legítimamente constituido en Venezuela, ha frenado los planes del imperialismo. Es evidente que el silenció de la OEA –ya conocido- ha sido más que compensado por la oportuna reacción del ALBA y UNASUR.

Los próximos días serán decisivos para ver si EEUU encuentra espacio para seguir desarrollando sus planes golpistas e injerencistas contra Venezuela y América Latina o si las fuerzas bolivarianas se alzan victoriosas de nuevo, como el 13 de abril de 2002, cuando derrotaron al gobierno títere de Pedro Carmona y forzaron la liberación del presidente Hugo Chávez, quien se encontraba secuestrado en un cuartel militar.