Estos días se ha producido un hito histórico para Colombia. La paz definitiva se dibuja tras el acuerdo de justicia firmado entre las partes sentadas en la mesa de diálogos en La Habana: el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Esta firma bilateral no sólo es un hecho histórico para el fin del conflicto armado, que lleva incrustado en Colombia más de 50 años, sino que también lo es por la forma y el fondo del propio acuerdo: un sistema integral de verdad, justicia y garantías de no repetición con un componente especial para abordar las causas y las consecuencias del conflicto armado y basado en la integralidad, no en la pena. Un sistema que pretende juzgar por igual a militares y guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad a través de un Tribunal Especial de Justicia.

Constituyentes por la Paz ha hablado con Diego Martínez, uno de los miembros de la Comisión Jurídica y quien participó en la elaboración de la propuesta de Justicia en los acuerdos de paz en La Habana que, con notables signos de cansancio acumulado por las últimas semanas, de las tensiones y los nervios, se muestra esperanzador, optimista y clarificador para explicar qué supone este importante acuerdo y cuál es el rumbo a seguir ahora en y para Colombia.

-Diego, ¿qué significa exactamente este acuerdo de justicia firmado esta semana en la capital cubana?

-Durante más de mes y medio la Comisión Jurídica, conformada con delegados de las FARC-EP y del Gobierno, construimos una propuesta de justicia para la paz que tiene por objeto encontrar una salida frente al tema de impunidad, con la idea de que la Paz pueda ser el punto síntesis de todos los derechos. Es decir, hemos encontrado una salida para un problema profundo en la sociedad colombiana, la impunidad, a través de la aplicación de un modelo de justicia que respete la dignidad de las partes, el carácter político de la insurgencia y que intente construir una fórmula para afrontar el futuro. Una propuesta de justicia no para someter a las FARC, sino para terminar con la impunidad, una justicia integral para afrontar el futuro. Hemos diseñado como una puerta para poder ingresar a una nueva etapa, la cual es la reconciliación y la restauración, sin olvidar y sin dejar de respetar los derechos de las víctimas.

-¿Qué supone este acuerdo de justicia para Colombia pero, especialmente, para las víctimas del conflicto armado?

-Supone que se ha creado un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que cuenta con una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que va a tener como objeto escudriñar y esclarecer las causas del conflicto armado y las principales formas de victimización y garantizar el desmonte del fenómeno paramilitar. Pero por otro lado, se ha creado un componente de justicia para la paz, es decir, que en el marco de lo que hemos venido discutiendo, hemos creado, de manera histórica, un sistema integral con un componente especial del tema de justicia que va a abordar conductas ocurridas durante el conflicto armado. La perspectiva de futuro es lo que hemos llamado la justicia prospectiva. Ir a lo prospectivo es una justicia pensada para ser contada en las próximas generaciones, en relación a que lo que hoy está ocurriendo en Colombia no vuelva a ocurrir.

-¿Qué tipo de penas plantea este acuerdo de justicia para quienes supuestamente han cometido delitos?

-Justicia no es únicamente pena, en contextos de terminación de conflictos armados los estándares cambian y pasan a ser más relevantes palabras como verdad y restauración. Por ello, un componente del sistema son las sanciones restaurativas para quienes ofrecen verdad plena, penas retributivas a quienes se sometieron a la jurisdicción del Tribunal Especial para la Paz, con penas efectivas de hasta 20 años para quienes no ofrecieron verdad y fueron declarados responsables.

-¿La justicia no es sólo castigo, entonces?

-La justicia no es sólo castigo. Existe la justicia restaurativa, desde el punto de vista de la prospección, la cual se originó en las comunidades menonitas en Canadá y que luego se aplicó en Irlanda. Esa justicia era restaurativa, que lograba construir o reconstruir una sociedad y que tenía como hecho fundante el reencuentro por la paz, el derecho a la verdad, la reparación de las víctimas y el derecho de no repetición.

Nosotros hemos tenido que dimensionar para solucionar un conflicto de más de 50 años y es construir un nuevo modelo de justicia dentro de la prospección y de la restauración, de reencontrar la sociedad. Por eso el reto ha sido tan fuerte, porque las FARC-EP han dicho ‘nosotros no nos sometemos a un modelo de justicia de clase’, y el Estado decía ‘nosotros tenemos que someter a las FARC’. Esos eran los dos grandes líos que teníamos, uno por la cárcel y otro para trabajar para restaurar a la sociedad, como lo ha demostrado las FARC-EP.

Este modelo de justicia planteado aquí es un modelo histórico. Después de la Corte Penal Internacional se han hecho más de 27 procesos de paz parecido a éste y ninguno contempla un modelo de justicia como el acordado. El último modelo que vimos es el de Filipinas y el del Frente Musulmán, que terminó con tres párrafos de lo que debe ser una propuesta de justicia para la Paz.

-Hablamos, pues, de dos momentos históricos: uno por la firma del acuerdo de justicia del que usted ha formado parte en el asesoramiento de una de las partes implicadas, y otro por el modelo de justicia particular creado para dicho acuerdo…

-Si, y la particularidad es que es un sistema que no basa su funcionamiento en la pena, sino en la integralidad de los derechos de las víctimas, en una integralidad de un sistema especial y único y que se justifica en la idea de que la paz es el hecho síntesis de los demás derechos.

-¿Y cómo se traduce esto?

-Las víctimas son el eje fundamental del proceso, sin embargo, la sociedad entera también es protagónica de un proceso de búsqueda de la paz, pero el objeto final del sujeto restaurador es reconstruir la sociedad. Es decir, es un proceso basado en las víctimas, pero es un proceso para terminar el conflicto armado. ¿Y que se requiere? Se requiere despojarnos de la venganza, de los odios y de la propaganda de guerra que, lastimosamente, impulsan los medios de comunicación.

-¿Qué pasos a seguir quedan para estos seis meses previstos hasta la firma definitiva de la paz por ambas partes implicadas en los diálogos?

-Se debe avanzar en los resultados de la Comisión por el Desmonte del Paramilitarismo y buscar una fórmula legítima para ratificar los acuerdos.

-¿En materia de Justicia, cuáles?

-Una ley de amnistía e indulto, que es una ley del fin de las investigaciones y sanciones penales contra insurgentes y hay que desarrollar los criterios de conexión construidos por la Comisión. Falta el tema de la dejación de armas, que es el más complejo, y de pensar cómo debería ser la dejación de armas, para lo que hay una comisión trabajando en este tema. Finalmente se ha anunciado que en tres meses tras la firma del acuerdo, de darse las respectivas garantías, las FARC-EP dejarán las armas, lo que significa que estamos en una situación de no retorno del conflicto.

-A pasar de lo mucho que queda aún por hacer, ¿es cierto que ya no hay marcha atrás?

-Hay que ser optimistas en que el no retorno es el fin del conflicto armado que incluye un necesario proceso de paz con el ELN. Ya hemos transitado más del 80% de los diálogos, es decir, de los seis acuerdos se han acordado tres.

-¿Qué falta aún por acordar?

-Terminar el tema de víctimas y el de dejación de armas, los puntos del fin del conflicto; así como también cuál será el modelo para ratificar los acuerdos por parte del pueblo colombiano, y cuál va a ser el modelo para incorporar los acuerdos en la legislación colombiana, que son dos debates distintos. Porque una cosa es el debate para refrendar los acuerdos y tomar una decisión; y otra cosa es cómo se van a incorporar esos acuerdos.

-¿Y cómo cree que se van a incorporar o que pasos hay que dar para ello?

-Hoy hay un problema muy fuerte porque el Gobierno está realizando acciones unilaterales tendientes a construir marcos normativos o constitucionales que reformen la Constitución sin consultarlo con la insurgencia. Por lo que el primer paso de esto tiene que salir de las partes, una propuesta de incorporación de los acuerdos y de refrendación de los mismos, producto de la mesa, no producto de la decisión unilateral del Gobierno. La insurgencia lo único que ha dicho es que el acuerdo debe ser entre las partes, sea cual sea éste.

-En cuanto a los movimientos sociales y políticos, ¿deben estar ahora más activos y vigilantes para el cumplimento de los acuerdos?

-Depende de qué tanto se logren materializar los acuerdos. Sus salvedades se pueden convertir en el proceso de hoja de ruta para las transformaciones institucionales de fondo, que se requieren realizar a largo plazo. Y las transformaciones estructurales e institucionales no son sólo un problema de la insurgencia, todo el peso de los cambios está en cabeza de las organizaciones y movimientos sociales.

Pensar que el acuerdo de paz va a solucionar los problemas estructurales del país, es una quimera, un sueño. Pero sí puede ser un pacto de toda sociedad para cambiar estructuralmente el modelo político. Es decir, los acuerdos en sí representan la hoja de ruta constituyente, existen puntos acordados que deberán construirse como normas, pero otros puntos no acordados requieren una nueva institucionalidad constituyente. Si integramos eso con el programa del movimiento social, las propuestas de otros movimientos guerrilleros, por consiguiente se pueden convertir en una hoja de ruta de más exigencias de cambio del actual modelo constitucional.

-¿Hablamos de post conflicto o post acuerdo?

-El post conflicto es un concepto no muy bien construido porque ninguna sociedad existe fuera del conflicto, por eso, pensar que la firma del acuerdo va a suponer el fin del conflicto es imposible. La mayoría de sociedades han hecho un tránsito de conflictos armados a transición de aperturas democráticas, es decir, que el conflicto se transforma en otro nivel y empieza a desarrollarse a través de exigencias, lo que hace que el movimiento social pueda crecer, que existan garantías para que la gente vea con devoción y no con miedo los movimientos sociales.

Entonces lo que va a ocurrir no es un modelo de posconflicto, de tranquilidad, sino al contrario, lo que va a ocurrir es que las luchas sociales se van a fortalecer y transformar. Y es que los conflictos armados se van a transformar en conflictos políticos no armados, por eso preferimos hablar de la categoría de post acuerdo, que inclusive puede ser debatida porque también es muy incierta: ¿qué es el post acuerdo? Por eso, muchos preferimos hablar de tránsito democrático constituyente con verdaderas transiciones democráticas.

-En este sentido, ¿serán los hechos en favor de la paz en Colombia los que den valor al proceso?

-Sí, claro. El mecanismo de guerra y de presión que se ha hecho a líderes sociales genera desconfianza en el proceso por parte de las organizaciones sociales. Por eso es tan urgente el cese multilateral, no sólo la confrontación entre las FARC y el Estado, sino también el cese del paramilitarismo, el cese de las judicializaciones a defensores, a estudiantes, a trabajadores… Es fundamental el cese de la violencia emitida desde los grandes aparatos, desde el poder de los medios de comunicación, parte esencial de la guerra psicológica que intenta manipular la opinión pública. Hoy el proceso requiere un cese multilateral, un pacto de parar la guerra en todas sus expresiones.

-¿Y para eso es necesario que los diálogos continúen con el resto de grupos insurgentes que no están sentados en la mesa en La Habana?

-Los diálogos tienen que ser con todas las partes, con todas las guerrillas que están en confrontación con el Estado. Por eso es tan importante que se abra el dialogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las más importantes que tiene el país.

De lo contrario, lo que puede ocurrir es un pacto parcial entre una guerrilla y el Estado colombiano, pero ese pacto puede observar que parte de la criminalidad estatal no se desmonte, y como no hay proceso de paz con las otras guerrillas la criminalidad estatal continúe, lo que significa que el pacto parcial puede ser afectado. Pero por el otro lado, todo el accionar del Estado, legal e ilegal, se concentre en una de las guerrillas y justifique el mantenimiento de un aparato de guerra que puede terminar justificando la continuidad del paramilitarismo o la guerra sucia. Esto es un poco lo peligroso.

-¿Se está trabajando ante esto?

-Se está conversando pero es una decisión del gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora hay una mesa de acercamiento con el ELN pero aún no hay puntos concretos, no se sabe cómo, cuándo ni dónde.

-¿Qué importancia tiene esta firma ante de las elecciones regionales y locales que se avecinan?

-En Colombia siempre estamos de elecciones, la vida institucional del Estado continua. Puede generar tensiones pero si reflexionamos nos damos cuenta que siempre en procesos electorales las FARC han determinado la coyuntura política del país. Santos fue reelegido porque hubo un acuerdo de paz con las FARC-EP. Hoy las elecciones locales dependen de qué tanta favorabilidad ve la gente al proceso de paz. Las FARC-EP han jugado un papel determinante en el quehacer político de la vida.

-¿Qué papel tiene la Comunidad Internacional, a nivel de Estados pero también a nivel de pueblos, teniendo en cuenta que hay muchos países implicados en el proceso y ante el mundo globalizado en el que vivimos?

-Sí, hay que diferenciar el papel de los Estados del papel de los pueblos en el mundo. Los Estados y las empresas les conviene la paz en este mundo globalizado, les conviene territorios donde puedan fluir de manera libre el intercambio de bienes y servicios, así la paz puede ser un buen negocio.

Pero otra cosa es el terreno de los pueblos, y en ese sentido, el acompañamiento de los pueblos en un proceso de transición del conflicto a la paz con democracia puede jugar un papel muy importante en acciones de hermanamientos y de solidaridad. Puede generar acciones de respaldo y acompañamiento en materia de garantías, qué mejor que los pueblos del mundo velando por las garantías.

Por eso, en clave de solidaridad de los pueblos, pensamos que tiene que existir solidaridad internacional con el proceso de la paz.

-¿De qué manera generar esas sinergias internacionales?

-Hay muchos mecanismos pero tenemos que pensar en otras vías como acompañamiento real, exigencias en un mundo globalizado... Hay empresas que, en un momento de transición hacia la democracia, van a seguir trabajando y explotando los territorios sin el respeto mínimo a los derechos humanos. Y son empresas europeas. Y eso tiene que generar respuestas políticas, jurídicas o de exigencia de cualquier tipo de los pueblos.

Por otro lado, también se necesita el fortalecimiento del papel de las organizaciones. Yo creo que en el proceso que viene lo que se va a requerir es que existan nuevos niveles de acompañamiento de las organizaciones sociales al proceso de paz, al conteniendo de los acusados, a garantía de la gente que firma los acuerdos no les ocurra lo que ya ocurrió en los años 50 y 90 que fueron asesinados muchos dirigentes de la guerrilla, característica de todos nuestros procesos pacificadores. Todos los que terminan firmando los diálogos acaban asesinados o disminuidos políticamente. Entonces juegan un papel muy imperante las organizaciones internacionales de derechos humanos, de estudiantes, de trabajadores, las asociaciones políticas…

Por ejemplo, qué bueno sería que el movimiento de izquierda en el mundo pudiera acompañar las luchas.

-¿Qué función han tenido las mujeres en los diálogos de La Habana?

-Éste ha sido el proceso con mayor participación de mujeres. Obviamente la falta de participación de las mujeres en la vida política social no es un problema de los acuerdos de paz. Lo que ha ocurrido es que las partes han creado una Comisión de Género, algo único en un proceso de paz, liderado por la comandante Victoria Sandino, y un grupo de guerrilleras de las FARC-EP, y la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Paulina Riveros. Y esto no ha pasado en ningún proceso de paz en ninguna parte del mundo.

Además, las FARC han propuesto que el tema del género sea transversal a todo el acuerdo y que tenga una comisión de seguimiento, porque no basta con acordar.

-En este sentido, ¿se trabajarán los crímenes contra las mujeres dentro del conflicto armado?

-Sí, pero no forman parte de la política, al menos de la insurgencia. El 8% del total de la violencia de género ocurre dentro del conflicto armado, mientras que el 92% restante ocurre en la vida cotidiana de Colombia. Es decir, la violencia contra las mujeres no se va a solucionar con el acuerdo de paz, por lo que hay que trabajar para acabar con este problema partiendo de los movimientos y colectivos de mujeres. Eso no significa que el proceso hacia la paz no lleve implícito una perspectiva de género.

-Ligado a que los acuerdos no van a solucionar todos los problemas que acarrea la vida de las y los colombianos, ¿influirán al menos para que la situación se transforme a mejor?

-Los acuerdos pueden producir una verdadera revolución democrática en el país que generen apertura democrática y que permita que las plataformas de los movimientos sociales puedan ser escuchadas y puedan transitar a ideas de gobierno. Yo creo que el movimiento democrático puede ver en La Habana una revolución de cambios, no sólo institucionales sino de apertura. Ahora el nuevo enemigo no sé cuál va a ser después del acuerdo, pero lo cierto es que las organizaciones sociales ya no lo serán, por lo que la apertura está ahí.

El segundo punto es que los acuerdos sí que van a permitir cambios estructurales en el modelo de exclusión, de participación política, agrario…, que va a permitir otra base económica que modernice el campo, por ejemplo. Aquí todavía el campesinado sigue arando con bueyes y los caminos son de piedra. Nuestra estructura económica agraria es pre feudal, es atrasada y ni siquiera alcanza niveles de desarrollo pre moderno que mejore el nivel de vida de la población campesina. Creo que el acuerdo va a permitir esto, que las comunidades participen en sus planes de desarrollo, que elijan representantes y que, sobre todo, se encuentre una salida a los problemas de los cultivos de uso ilícito, que es el efecto de un modelo inequitativo y tiene como consecuencias que la gente recurra a cultivar estos productos generando lo llamado ‘delitos de la pobreza’, que no es igual a los delitos por ser rico, cuyo fin es intentar sobrevivir en un modelo económico inequitativo.

-¿Pero lo que planteas es un cambio de modelo, incluso económico, a través de los acuerdos?

-Bueno, si eso ocurre sí.

-¿Y cree que ello es posible?

-Yo creo que producto de los acuerdos van a existir cambios estructurales en el modelo de desarrollo.

La mayor parte de la pobreza del país está en las zonas rurales y eso tiene que cambiar con los acuerdos. La mayor pobreza en Irlanda del Norte estaba donde estaba el IRA, los católicos, porque había unas políticas públicas de eliminación de las finanzas públicas para los lugares donde estaba presente ‘el enemigo’, aquí lo que ocurre es algo similar. Si eso no cambia, si no se logra cambiar el modelo económico, si los campesinos no logran tener espacios de productividad, etc., los problemas no se van a solucionar y la guerra va a seguir. Por eso hay temas centrales como el nuevo modelo de desarrollo rural para crear esquemas colectivos productivos.

-Pero el campesinado en Colombia ya está organizado y trabaja y lucha para mejorar las condiciones de sus vidas y atajar las injusticias que les han sido adjudicadas, ¿no?

-Sí, claro, pero el punto de partida es que hay un orden inequitativo y que los acuerdos pueden generar cambios. El hecho de que se ha dialogado sobre la ruralidad, los territorios y los cultivos ilícitos plantea un cambio de modelo económico. Si esto no sucede la confrontación va a continuar.

-¿Y qué se plantea desde la mesa de diálogos para estos cambios en el campo?

-Hay un conjunto de medidas acordadas: nueva dimensión rural desde el punto de vista de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), participación política de esas zonas…, porque aunque el campesinado está bien organizado no tienen posibilidad de incidencia real porque no hay garantías para que participen.

-¿Cuáles son sus expectativas futuras ante estos avances?

-Creo que estamos en una etapa de consolidación de las decisiones definitivas con que se permita la existencia de un movimiento político, pero también la decisión de las FARC de construir un movimiento político para las transformaciones. Esto va estar muy ligado a las garantías que otorgue el Estado colombiano. En este sentido, yo soy optimista moderado.

-¿Por qué moderado?

-Porque cualquier cosa puede ocurrir. Los momentos finales son los más difíciles porque son los de mayor oscuridad. Cuanto más nos acercamos al final, siempre surgen las oscuridades. Pero eso no significa que al final no se ve una luz, que es lo que hoy está ocurriendo.

-Ya para terminar, ¿qué importancia está teniendo en los diálogos de paz la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente?

-La Asamblea Nacional Constituyente es la propuesta de consolidación y encuentro democrático, pero para eso se requiere una sociedad movilizada por derrocar lo que está constituido. Se requiere una decisión de sectores del establecimiento porque una constituyente implica borrar lo que hay pero con un acumulado democrático, de acuerdos, un nuevo pacto. El proceso de paz también ha generado un nuevo camino constituyente, porque nadie antes hablaba de eso y con el inicio de los acuerdos la gente ha reflexionado de que no basta sólo con unos reajustes institucionales sino que se requiere cambiar de fondo el modelo político.

Fuente original: Prensa Rural