El 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá se firmó el Nuevo Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, resultado de una negociación de más de cuatro años orientada por la Agenda para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que consistía en una ruta de seis puntos temáticos sobre los cuales las delegaciones de paz de ambas partes centraron sus debates. Contiene, según informaron representantes gubernamentales 1, cerca del 80% de los aportes realizados por los promotores del “No” en el plebiscito, por las organizaciones sociales que apoyan la paz y por representantes de las víctimas. Es un tratado de 310 páginas, en cuyo preámbulo las partes concretaron las definiciones del proceso de paz como “Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949” (pág.4) 2 y establecieron tres enfoques transversales de los acuerdos: de Género, Étnico y Territorial, con el cual se establece un criterio inclusivo de la diversidad del país. 

El Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, radicó de inmediato el Acuerdo en el Congreso de la República para iniciar el proceso parlamentario de refrendación. Tanto en la Cámara como en el Senado, se aprobó realizar la discusión y votación para la refrendación los días 29 y 30 de noviembre. Las bancadas en el Congreso en su mayoría están a favor de la paz y respaldan el contenido del acuerdo, el único partido contrario es el Centro Democrático liderado por Uribe y quizás algún diputado ultraconservador disidente, por lo que el Gobierno ha manifestado la seguridad de la aprobación el próximo 30 de Noviembre. 

Si esto ocurre, el día No. 1 de la implementación de los acuerdos será el 1 de Diciembre. A partir de ese momento, son muchos pasos que siguen en esa fase del proceso encargada de implementar lo acordado. La primera de las acciones a desarrollar es discutir la Ley de Amnistía e Indulto para los insurgentes y la creación de la Comisión Nacional de Implementación que será compuesta por 3 integrantes del Gobierno y 3 de la guerrilla. De igual manera, empieza cumplirse lo pactado con la participación de la guerrilla en todas las discusiones en el Congreso referidas a las leyes de implementación, para lo cual estarán representados en el parlamento por 6 comandantes guerrilleros que tendrán voz, pero no voto, por ahora están confirmados: Iván Márquez, Victoria Sandino y Jesús Santrich.  De igual manera, se activa la Misión Internacional de Verificación del Cese al Fuego Bilateral y Definitivo a partir del día siguiente a la refrendación, a partir del cual se contarán los 150 días destinados para la concentración de tropas guerrilleras y dejación de las armas, de tal manera que en el mes de mayo de 2017 las FARC serán definitivamente un partido político legal.

La alerta proviene de las declaraciones de la extrema derecha, pues han manifestado que de llegar a la presidencia en el 2018 no cumplirán los contenidos de lo pactado; el uribismo pretende tramitar un referendo para discutir los temas que según ellos deberían incluirse en el acuerdo, aunque desde muchas orillas, se afirma que esa propuesta es sólo una estrategia de campaña electoral, y que en el fondo están anunciando que mantendrán su performance pro-guerra 3. A esto se suma la ola de asesinatos contra líderes sociales que le han costado la vida a 5 militantes de Marcha Patriótica en tan sólo una semana. Un clima que enturbia las perspectivas de paz y demuestran que las discusiones de unidad de la izquierda y del actual gobierno para las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2018 serán fundamentales, en tal sentido Timochenko propuso la estrategia de un gobierno de transición con todas las fuerzas que respaldan el acuerdo 4. 

Para contribuir a la explicación del acuerdo y a los temas que están en debate, se exponen  a continuación los principales elementos del Acuerdo de Paz: 

I. Reforma Rural Integral: hacia un nuevo campo colombiano

La acumulación violenta de tierras como modelo de desarrollo del capitalismo colombiano se constituyó en el principal motivador de la guerra, tanto en el origen del conflicto armado hace 52 años, como en las subsecuentes décadas. Este punto es uno de los más importantes del acuerdo., donde con muchas tensiones las partes lograron el más importante pacto en materia social de las últimas décadas, destinado a la población rural colombiana. En él se incluyen tres grandes ejes de transformaciones:

Acceso y uso de la Tierra: Se crea un fondo de 3 millones de hectáreas de tierra, que serán distribuidas sin costo; se formalizarán 7 millones de hectáreas que están en manos de la población campesina, pero no cuentan con titulaciones, priorizando regiones donde desarrollen los programas con enfoque territorial del acuerdo de paz y en las Zonas de Reserva Campesina; se pondrán en marcha los planes de restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento forzado, en consonancia con el punto 5 del acuerdo. Se crean las condiciones para la participación de las comunidades en la elaboración de las inversiones estatales para el bienestar. 

Programas de desarrollo con enfoque territorial: Se contemplan el desarrollo de programas de erradicación de la pobreza, con énfasis en las comunidades que hayan sido impactadas por el conflicto armado, en las extensas zonas donde no existe presencia social del Estado y en las zonas donde existe presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegitimas. Están pensados con el objetivo de la transformación del campo, que genere equidad con los habitantes de las ciudades, especialmente en los temas de salud, vivienda, recreación, educación y productividad. 

Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral-RRI: Se generarán 4 ejes de planes: a. de infraestructura; b. de desarrollo social; c. de estímulos para la economía campesina; y d. de garantía progresiva al derecho de la alimentación. La RRI, reconoce que existe una economía campesina que es parte de la soberanía alimentaria del país y sujeto de derechos. En la RRI se establecen incentivos a la producción campesina, subsidios, asistencia técnica, programas de asociativismo, cooperativismo y mutualismo. 

Para la concreción de la reforma rural el Estado se compromete en el acuerdo a destinar los recursos financieros necesarios, pensando en que los planes y programas se desarrollarán de forma progresiva en los próximos 10 años. Para su cumplimiento se creará una Agencia Nacional de Tierras, un Consejo Superior de la Administración del Suelo y un Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición. 

II. Participación Política

Se acuerda realizar una apertura democrática para lograr la paz, que expresa la necesidad de erradicar la violencia como medio de coerción política. En esa clave se puede entender la importancia de los acuerdos en esta materia, que son conquistas de la humanidad hace muchos años, pero que la población colombiana nunca ha podido ejercer. Este punto se puede sintetizar en tres temáticas:

Garantías para la oposición política. Se creará un “estatuto de la oposición”, un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que contiene las garantías para la actividad política. Se incluyen expresamente las reglas para la participación del nuevo partido político en el que se transformarán las FARC, tales como el acceso a medios de comunicación, financiamiento estatal y reconocimiento jurídico.  

Participación Ciudadana. Se acuerda el respeto al derecho a la movilización y la protesta pacífica, las garantías para la reconciliación y la no estigmatización por ninguna razón, la participación ciudadana en veedurías, medios de comunicación y en la planeación del desarrollo en los diversos niveles de gobierno, para lo cual se crearán Consejos Territoriales de Planeación. En garantía al tránsito de las FARC a la legalidad, se creará el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que tendrá a su cargo la pedagogía de paz y la capacitación sobre el acuerdo de paz y la convivencia dirigida a funcionarios y funcionarias estatales.

Participación Electoral. Se establecen medidas obligatorias para la lucha contra la corrupción y la transparencia en los procesos electorales, lo que supone modificaciones en el sistema político y en el régimen electoral, que serán realizadas a partir de recomendaciones de 7 instituciones independientes. Como proceso de tránsito a la democracia, se crearán 16 Circunscripciones Especiales de paz que elegirán 16 Representantes a la Cámara por 2 periodos electorales, en las cuales no podrán participar ninguna de las formaciones políticas con personería jurídica (incluyendo el partido de las FARC). 

III. Fin del Conflicto

Este punto establece todos los mecanismos y medidas para la movilización de las FARC-EP a la legalidad. Contempla los siguientes temas:

Cese al Fuego Bilateral y definitivo. Se iniciará el proceso de dejación de armas, que durará 180 días a partir del “día D” que será a finales de la última semana de Noviembre de 2016, después de la refrendación del acuerdo en el Congreso de la República. Ese día la militancia de las FARC empezará a dirigirse hacia las 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización- ZVTN y las 6 Zonas Campamentarias  establecidas para el agrupamiento de la fuerza guerrillera. Contarán con un mecanismo de monitoreo internacional dirigido por el Consejo de Seguridad de la ONU, quien tendrá a su cargo la seguridad en estas zonas y ejercerá la custodia del material de guerra, que al finalizar estos 180 días será destruido. 

Incorporación política. El Estado colombiano se compromete a brindar las garantías de seguridad y a generar los mecanismos del sistema político para la incorporación de la insurgencia a la lucha política legal. Las FARC crearán un Partido Político que tendrá 10 curules en el Congreso de la República (5 por cada cámara) durante dos periodos electorales desde el año 2018 hasta 2026. 
Incorporación económica. Las FARC crearán una cooperativa llamada ECOOMUN, que será financiada por el Estado una única vez y podrá recibir recursos de proyectos productivos con instituciones de cooperación nacional o internacional. Cada guerrillero o guerrillera recibirá 700 dólares por única vez y el 90% de un salario mínimo legal mensual vigente durante un periodo de dos años. 

Garantías de Seguridad. Las garantías de seguridad para la militancia de la guerrilla en la vida civil estarán a cargo del Estado a través de una instancia de alto nivel que articula varias instituciones, la cual brindará los esquemas de seguridad para cada militante reincorporado. Se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento del paramilitarismo, las bandas criminales y de los factores financiadores e instigadores de éste.

IV. Solución al problema de las Drogas Ilícitas

En este punto queda claro que el conflicto armado interno es ajeno al fenómeno mundial de la economía del narcotráfico y se plantea que la persistencia del fenómeno de cultivos de uso ilícito es producto de la pobreza y la marginación de las poblaciones rurales y la débil presencia institucional. Se establece que el acuerdo en esta materia se realiza para contribuir a la paz, quitándole espacio a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Se lograron tres ejes de acuerdo respecto de la temática:

Sustitución de Cultivos de uso Ilícito. Con el objetivo de crear condiciones de bienestar y buen vivir, se crea un Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, que le permitirá a la población rural cultivadora de hoja de coca, marihuana y amapola, cambiar de cultivos por productos alimenticios, para lo cual este punto articula con la Reforma Rural Integral. La sustitución voluntaria se dará durante el primer año de desarrollo del acuerdo. Estos planes contemplan la sostenibilidad y acompañamiento de los proyectos de sustitución de forma integral para el campesinado, con planes que les permita superar la pobreza y acceder a derechos sociales y económicos. 

Solución al Problema del Narcotráfico. Se contempla la judicialización efectiva y estrategias para perseguir el tráfico de drogas, el lavado de activos y las redes de apoyo de los cárteles de tráfico. Se generarán mecanismos para controlar la importación de insumos para la producción de drogas ilícitas, y se crean los mecanismos para la lucha contra la corrupción en distintos niveles permeados por este delito. 

Política de salud Pública respecto del Consumo. Se contempla el desarrollo de planes de salud pública para atender el fenómeno del consumo y la no criminalización de jóvenes. 

V. Víctimas del Conflicto- Justicia Especial para la Paz

Se crea la Justicia Especial para la Paz, con los criterios de poner en el centro del acuerdo a las víctimas del largo conflicto armado y la no impunidad. Se crean las condiciones para la amnistía y el indulto de combatientes y la judicialización de los casos de violaciones graves contempladas en los convenios de Ginebra de 1949. A continuación, un listado de las acciones y temas relativos:

Creación de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, un organismo independiente y extrajudicial compuesto por 11 magistrados/as delegados por un mecanismo especial establecido por las partes por un periodo de 3 años. 

Se establece una Justicia Especial para la Paz-JEP que tendrá una sala donde se dará la amnistía y el indulto y otra sala de esclarecimiento de la verdad. Guerrilleros/as, Militares deberán acudir a la JEP, incluyendo civiles que hubieran financiado o instigado acciones violatorias de los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario-DIH. 

Amnistía e indulto para todas y todos los militantes de las FARC-EP por los delitos de rebelión y conexos. 

Para los casos no amnistiables o indultables, el tribunal de la verdad establecerá una sanción restaurativa a cambio de la verdad de los hechos, los autores de los crímenes, la declaración de reparación y no repetición. 

Se crean las medidas para la reparación efectiva de las víctimas. Para lo cual las FARC declararán los recursos económicos de guerra con los que aún dispone y el Estado por su parte creará los fondos necesarios para tal efecto. Se contemplan reparaciones con enfoque territorial, para comunidades víctimas. 

Se crea una unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas. 

Artículo publicado en http://www.celag.org/informe-nuevo-acuerdo-de-paz-en-colombia/