El pasado 26 de agosto de 2016 se clausuró cordialmente y con éxito la primera ronda de negociaciones de paz entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas (National Democratic Front of the Philippines-NDFP), la alianza de organizaciones designada para representar al ilegalizado Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines- CPP), incluyendo a su brazo armado el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army- NPA), fundados por Jose Maria Sison en 1968 y 1969 respectivamente.

Si este conflicto se ha perpetuado durante casi 50 años, siendo así uno de los más prolongados del mundo, las negociaciones de paz que tratarían de resolverlo llevan postergándose intermitentemente más de 30. Debido a ello Børge Brende, ministro de Asuntos Exteriores noruego y anfitrión de la ceremonia de cierre, acogió esperanzado este desenlace: “La Declaración Conjunta que está a punto de firmarse es un avance sin precedentes hacia una paz justa y duradera”, proclamó durante la rueda de prensa que tuvo lugar el 26 de agosto en un hotel a las afueras de Oslo. Noruega, como país mediador, ha estado auspiciando tentativas fallidas desde 2001.

En febrero de 2011, durante la administración del anterior presidente, Benigno "Noynoy" Cojuangco Aquino III, se reanudaron las negociaciones tras casi una década de suspensión. Se habían truncado en junio de 2001 cuando la entonces presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, paralizó súbitamente las conversaciones de paz para anunciar la puesta en marcha de un brutal programa “anti-insurgencia”, Oplan Bantay Laya, alineado con la bien conocida “guerra contra el terror” estadounidense.

En agosto de 2002 y a petición de Arroyo, Estados Unidos procedieron a designar al Partido Comunista de Filipinas (CPP) y al New People’s Army (NPA) como “terroristas”, incluyendo a Jose Maria Sison, exiliado político en Holanda desde 1987. Las acusaciones estadounidense se realizaron aduciendo sospechas y sin soporte o proceso jurídico alguno. Sison libró una dura batalla legal contra el Gobierno holandés hasta conseguir revocar su listado como terrorista en la Unión Europea, que siguió a la inmediata adscripción de la política estadounidense por parte de las autoridades holandesas y que le priva, hasta el día de hoy, de los apoyos sociales que habría de recibir como solicitante de asilo.

Las negociaciones reemprendidas durante el gobierno de Benigno Aquino se interrumpieron también cuando la comisión de paz del Gobierno de Filipinas rehusó ratificar y cumplir acuerdos previos, tales como el Joint Agreement of the Government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Front on Safety and Immunity Guarantees ─JASIG─ (Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad) firmado en el 24 de febrero de 1995. Este acuerdo habría de sancionar y garantizar la inmunidad política de los consultores de paz del NDFP, lo que requeriría la liberación de aquellos consultores encarcelados. Después de tres años de negociaciones ninguno de los consultores de paz del NDPF, detenidos sobre la base de cargos fabricados como ha documentado la organización de defensa de los derechos humanos Karapatan, había sido liberado. Más adelante, la comisión de paz del Gobierno de Filipinas exigió un armisticio formalizado en un alto al fuego indefinido y unilateral por ambas partes sin ningún tipo de acuerdo sustantivo ni mutuamente beneficioso para las dos partes ni para el pueblo filipino. En definitiva, la administración de Aquino buscaba la capitulación del movimiento revolucionario y prolongar el cese al fuego. 

En línea con la política de Gloria Macapagal Arroyo, el gobierno de Aquino también instauró otra campaña de contrainsurgencia, Oplan Bayanihan, sobre la que todavía no se ha pronunciado oficialmente la administración de Duterte, y que comprende decretos como el Executive Order 546 (Decreto Ejecutivo 546). Este decreto legitima el uso de grupos paramilitares civiles como fuerzas multiplicadoras para combatir los supuestos grupos rebeldes. 

El programa Oplan Bayanihan, que recibe financiación, doctrina y dirección táctica del gobierno de EEUU, ha sido identificado por relatores especiales de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos y los asesinatos extrajudiciales como la causa de continuadas violaciones del derecho a la vida, cometidas principalmente por las fuerzas de seguridad del Estado: policía, militar, paramilitar y todos aquellos bajo la supervisión de éstas. 

Durante la legislatura de Benigno Aquino (30 de Junio de 2010-30 de Junio de 2016) la organización de defensa de los derechos humanos Karapatan ha documentado y registrado 307 asesinatos extrajudiciales; 30 desapariciones forzadas; 215 casos de tortura; 566 asesinatos extrajudiciales frustrados; 903 arrestos ilegales sin detención posterior; 501 arrestos ilegales con detención; 566 asaltos físicos con lesiones; 11.734 personas desahuciadas incluyendo demoliciones; 105.616 personas forzosamente evacuadas de sus comunidades; y 75.137 personas afectadas por la violenta ocupación militar de escuelas y centros médicos, religiosos y públicos, entre otras muchas violaciones de derechos humanos perpetradas por razones políticas (las cifras presentadas no incluyen asesinatos vinculados al tráfico de drogas ni ejecuciones sumarias cometidas en el marco de campañas de lucha contra la droga). Estas violaciones se dirigen contra civiles, misioneros, activistas y defensores de derechos humanos. Los campesinos y pueblos indígenas que habitan en comunidades remotas se convierten en un blanco de los programas de contrainsurgencia del Gobierno al vivir en las mismas zonas montañosas que son morada de las unidades guerrilleras revolucionarias.

A día de hoy nadie ha sido condenado ni procesado judicialmente por estos crímenes y no hay ningún progreso significativo que garantice la asunción de responsabilidades. Peor aún, los militares responsables de estas violaciones de derechos humanos, ejecutadas en el marco de Oplan Bayanihan, solían ser promocionados durante el Gobierno de Aquino. 

Los testimonios, informes, investigaciones y pruebas recogidas por organizaciones como Karapatan, Ibon, Rural Missionaries of the Philippines, National Union of People’s Lawyers, Public Interest Law Center, UMA Pilipinas, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP- Movimiento de Campesinos Filipinos), Kilusang Mayo Uno (KMU- Movimiento Primero de Mayo), entre otras, demuestran con rotundidad que el propósito de los programas de “seguridad interna” no es únicamente erradicar la resistencia armada liderada por el Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines–CPP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army–NPA): su objetivo es acabar con todas las formas de resistencia frente a las actividades del sector corporativo y financiero que sistemáticamente merman los recursos naturales del país. La intensificación de la militarización promovida por Oplan Bayanihan defiende los intereses de las grandes corporaciones y a los terratenientes, que despliegan operaciones mineras, madereras y agroindustriales a gran escala o zonas económicas especiales con la voluntad de saquear los ricos recursos del país que conservan las comunidades indígenas en sus tierras ancestrales.

A pesar de que el Gobierno de Aquino ha sido sangriento y corrupto en extremo, y de que ha continuado hundiendo miserablemente a una muy empobrecida mayoría de filipinos (27 millones de filipinos viven en un estado de extrema pobreza), su presencia en medios internacionales ha proyectado una imagen discreta o prácticamente intachable. Es más, el Gobierno de Aquino ha sido elogiado repetidamente por haber situado al país a la cabeza del crecimiento económico en Asia con una tasa del crecimiento medio de un 5,9%. Sin embargo, este crecimiento no ha sido inclusivo al concentrarse primordialmente en sectores como el mercado inmobiliario, la construcción, la subcontratación de procesos empresariales y la intermediación financiera, cuyo poder y beneficio recae en la oligarquía y en corporaciones extranjeras. El desempleo, la subcontratación y precarización de la fuerza de trabajo se ha incrementado. La pobreza y la desposesión de tierras que sufren campesinos y comunidades indígenas como resultado de una nula reforma agraria ha arruinado cualquier perspectiva de seguridad alimentaria y empoderado a los terratenientes fortaleciendo su tenencia de tierras.

El terrorismo de Estado, la corrupción y la desigualdad promovidas por la administración de Aquino han sido prácticamente silenciadas en medios internacionales. Probablemente esto se debe a que Aquino ha cumplido diligentemente con las directrices con las que EEUU encomienda siempre a todos los dirigentes de Filipinas: ser una marioneta servil y dócil. 

Las nuevas relaciones de Duterte con EEUU

Acuerdos como el TPPA (Trans Pacific Partnership Agreement) o el EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement), ambos promovidos por EEUU, apuntan a que Obama pretendía convertir a Filipinas en un enclave estratégico militar para EEUU en el sureste asiático con el fin de reequilibrar la fuerza militar estadounidense respecto a China y controlar la navegación internacional y el comercio en su mar del sur. En concreto el EDCA (Acuerdo de Cooperación Reforzada en Materia de Defensa), firmado por Aquino y Obama en abril de 2014, elude la proscripción de bases y tropas militares extranjeras establecida en la Constitución filipina para permitir que EEUU incremente la llamada "presencia rotativa de sus tropas” y construya bases militares bajo la forma de “instalaciones temporales autorizadas en áreas de las Fuerzas Armadas de Filipinas”.

En comparación al régimen anterior, la recién instaurada administración de Rodrigo Duterte está suscitando una controversia y proyección internacional sin parangón. Más allá de la atrocidad de los crímenes que resultan de su cruzada contra del tráfico de drogas y de su verborrea desafiante y políticamente incorrecta, comprender las causas de su notoriedad mediática requiere contar con una perspectiva más completa de la gestión y dirección política que abre su legislatura.

Rodrigo Duterte fue el único candidato a la presidencia que prometió afrontar y tratar las causas de raíz del conflicto armado. Si bien el preámbulo a la reanudación formal de las negociaciones de paz estuvo repleto de exabruptos, hasta que se logró acordar la liberación de los consultores de paz del NDFP que viajaron precipitadamente a Oslo desde sus respectivas celdas, la redacción del acuerdo conjunto que se firmó el pasado 26 de agosto se pactó cordialmente. En dicho acuerdo, las comisiones de paz del Gobierno de Filipinas y del Frente Democrático Nacional estipularon lo siguiente: la ratificación de todos los acuerdos bilaterales firmados previamente; la aceleración de las conversaciones formales en las negociaciones de paz; la liberación de los prisioneros políticos (557 a día de hoy); la reconstitución de las lista de inmunidad dentro del acuerdo de garantías JASIG; la amnistía a todos los presos políticos que el Gobierno de Filipinas recomendaría inmediatamente a Duterte y que está sujeta a la concurrencia del congreso de Filipinas y la proclamación provisional y unilateral del alto el fuego por ambas partes.

Por ahora nadie puede cantar victoria porque el verdadero éxito de las negociaciones de paz está sujeto a los acuerdos que han de erradicar las causas de raíz del conflicto y que tratarán en detalle, durante el año que sigue, los Comités de Trabajo Recíproco sobre Reformas Sociales y Económicas (Reciprocal Working Committees on Social and Economic Reforms / RWC-SER) y los Comités de Trabajo Recíproco sobre Reformas Políticas y Constitucionales (Reciprocal Working Groups on Political and Constitutional Reforms / RWG-PCR). La Declaración Conjunta de la Haya (Hague Joint Declaration-1992), acuerdo recién ratificado, establece el marco para las negociaciones de paz y el sitúa el “fin de las hostilidades” sólo cuando se hayan afrontado resolutivamente las causas sociales, económicas y políticas que han generado el conflicto armado.
La industrialización nacional y una reforma agraria genuina son los dos pilares de las reformas socioeconómicas que el NDFP defiende para acabar con la desigualdad y la pobreza. Una política basada en una fuerte independencia nacional que comience por derogar tratados y acuerdos que menoscaben la soberanía nacional y erija un gobierno basado en la unidad nacional, la paz y el desarrollo y empoderamiento de los trabajadores, los campesinos, las mujeres y los pueblos indígenas conforma el núcleo de las reformas constitucionales y políticas que trataría de avanzar el NDFP.

El horizonte es, no obstante, más esperanzador. El secretario del Trabajo y presidente de la Comisión de Negociación del Gobierno de Filipinas, Sec. Silvestre H. Bello III, afirmaba lo siguiente durante una entrevista el pasado 27 de agosto en el hotel de Oslo donde tuvieron lugar la negociaciones: “Reconocemos la legitimidad y validez de las posturas y exigencias del NFDP y estamos dispuestos a implementar reformas de gran envergadura para erradicar la pobreza, la corrupción y la mala gestión gubernamental que, a mi juicio, son las causas de este conflicto”. Al ser interpelado sobre la dirección política de Benigno Aquino, Silvestre Bello afirmó: “Los programas y acuerdos instituidos por Aquino como Oplan Bayanihan y EDCA son nefastos para el pueblo filipino y deben ser abrogados con inmediatez”. 

Llevar a buen término las negociaciones e implementar estas medidas va a generar peliagudas tensiones y pondrá en un brete a la relación con EEUU. El Frente Democrático Nacional ha manifestado que no habrá paz si el Gobierno de Filipinas acepta el regreso del Ejército estadounidense. Es difícil predecir cómo responderá Duterte a estos desafíos aunque, por lo pronto, ha realizado avances significativos para promover reformas democráticas nombrando a activistas e intelectuales progresistas de reconocido prestigio, Rafael Mariano, Judy Taguiwalo y Liza Maza entre otros, como dirigentes de agencias principales. Por ejemplo, el nuevo Secretario del Departamento de Reforma Agraria, Rafael Mariano, conocido líder de la lucha campesina, está distribuyendo miles de hectáreas que correspondían legítimamente a los campesinos de Hacienda Luisita, una vasta plantación de azúcar perteneciente históricamente a los Cojuanco, la familia del anterior presidente Aquino.

Es muy posible que si el actual Gobierno de Filipinas sostiene un avance positivo y conciliador en estas negociaciones de paz, EEUU emprenda acciones en su contra. Máxime cuando la apertura de Duterte hacia China puede desbaratar el conocido giro táctico en torno a Asia del este impulsado por la administración de Obama, que comprende la expansión de su presencia militar en la región Asia Pacífico. La campaña de descrédito a la imagen de Duterte allana el terreno en este sentido. A estas alturas, poco le sorprendería a la opinión pública internacional que se destituyese a un dirigente de tan zafio talante o que sea necesaria una intervención “en pos de la democracia”. 

Actualmente, se ha extendido a escala mundial un clamor en contra de la barbarie criminal provocada por la proliferación de drogas ilegales en Filipinas. Una vez más, es importante entender cuáles son las causas de raíz de este conflicto. El grado exacerbado de corrupción a todos los niveles de la administración blinda al negocio del narcotráfico. Elementos de las fuerzas policiales se confabulan y coordinan con burócratas gubernamentales y todos aquellos organizados en la cadena del comercio de drogas. Se han registrado al menos 700 asesinatos perpetrados en nombre de la campaña contra el crimen de Duterte o como forma de silenciar testigos. Lo que es más preocupante y condenable son los asesinatos arbitrarios y extrajudiciales de pequeños camellos o traficantes, incluyendo menores, generalmente de los sectores más pobres.

El comercio de drogas ilegales se sostiene y empodera debido al grado extremo de pobreza de una mayoría que es presa fácil para las redes del narcotráfico a causa del hambre, el desempleo, la falta de servicios sociales y de oportunidades. La amenaza de las drogas puede ser eliminada sin despojar a las personas de sus derechos básicos. En lugar de apostar por esta guerra sucia, el Gobierno debe luchar por sostener y defender los derechos sociales y económicos de las personas, mejorando sus condiciones de vida, especialmente las de aquellos marginados y pobres. El Frente Democrático Nacional se ha pronunciado en esta línea.

Estas son precisamente las cuestiones centrales que se van a tratar durante las conversaciones de paz. Si la cobertura mediática global sobre el narcotráfico nace de una preocupación genuina por los abusos que sufren los filipinos debería ser imperativo priorizar la visibilidad internacional sobre la realidad y propósito de las negociaciones de paz que, paradójicamente, apenas han suscitado interés a esta escala. El futuro de los Filipinos daría un vuelco muy afortunado si la negociaciones se inclinan a su favor al promover acuerdos y reformas integrales. No sería descabellado concluir que la falta de atención sobre el proceso de paz se debe a que los intereses de Estados Unidos no están alineados con los progresos que impulsarían las negociaciones.

http://www.publico.es/opinion/encrucijada-duterte-filipinas.html