Se acaban de cumplir cuatro años desde que, el 19 de junio de 2012, el ciberactivista australiano Julian Assange, paladín de la lucha por una información libre, se viera obligado a refugiarse, en Londres, en las oficinas de la Embajada de Ecuador. Este pequeño país latinoamericano tuvo el coraje de brindarle asilo diplomático cuando el fundador de WikiLeaks se hallaba perseguido y acosado por el Gobierno de Estados Unidos y de varios de sus aliados (el Reino Unido, Suecia). La Justicia sueca exige que Assange acuda a Estocolmo a presentar directamente su testimonio sobre las acusaciones de agresión sexual hechas por dos mujeres a las que él habría mentido sobre el uso de un preservativo.

Julian Assange rechaza estas acusaciones y sostiene que las relaciones con estas dos demandantes fueron consentidas, y afirma ser víctima de un complot organizado por Washington. El fundador de WikiLeaks se niega a ir a Suecia, a menos que la Justicia de ese país le garantice que no será extraditado a Estados Unidos, donde podría ser detenido, conducido ante un tribunal y, quizás, según sus abogados, condenado a pena de muerte por “delito de espionaje”.

En varias ocasiones, Assange también ha propuesto responder por videoconferencia a las preguntas de los encargados suecos de la investigación. Pero éstos han rechazado esa posibilidad, argumentando que él huyó de Suecia aunque sabía que había una investigación abierta contra él. El Tribunal Supremo sueco rechazó de nuevo, el 11 de mayo de 2015, su demanda de que fuera anulada la orden de detención que pesaba sobre él.

En realidad, el único crimen de Julian Assange es haber fundado WikiLeaks. En todas partes ha habido acalorados debates sobre si WikiLeaks hizo prosperar o no la causa de la libertad de prensa, si resulta bueno o malo para la democracia, si se debe o no censurar esta plataforma. Lo que es seguro es que el papel de WikiLeaks en la difusión de medio millón de informes secretos relativos a los abusos cometidos por militares en Afganistán y en Irak, y de unos 250.000 comunicados enviados por las Embajadas de Estados Unidos al Departamento de Estado, constituye “un hito en la historia del periodismo” que ha marcado un antes y un después. WikiLeaks fue creada en 2006 por un grupo de internautas anónimos, con Julian Assange como portavoz, y asumió la misión de recibir y hacer públicas filtraciones de información (leaks) garantizando la protección de las fuentes (1).

Recordemos las tres razones que, según Julian Assange, motivaron su creación. “La primera, la muerte a escala mundial de la sociedad civil. Rápidos flujos financieros por transferencias electrónicas de fondos que se mueven más rápido que la sanción política o moral, destrozando la sociedad civil a lo ancho del mundo. […] En este sentido, la sociedad civil está muerta, ya no existe, y hay una amplia clase de gente que lo sabe y está aprovechando que saben que está muerta para acumular riqueza y poder. La segunda […] es que hay un enorme y creciente Estado de seguridad oculto que se está extendiendo por el mundo, principalmente basado en Estados Unidos […] La tercera es que los medios de comunicación internacionales son un desastre, […] el entorno de los medios internacionales es tan malo y tan distorsionador que nos iría mejor si no hubiera ningún medio, ninguno”.

Assange aporta una visión radicalmente crítica del periodismo. En una entrevista llega incluso a afirmar que “dado el estado de impotencia del periodismo, me parecería ofensivo que me llamaran periodista. […] El mayor abuso fue la guerra [de Irak y de Afganistán] contada por los periodistas. Periodistas que participan en la creación de guerras a través de su falta de cuestionamiento, su falta de integridad y su cobarde peloteo a las fuentes gubernamentales”.

La filosofía de WikiLeaks se basa en un principio fundamental: los secretos existen para ser desvelados. Toda información oculta nace con vocación de ser revelada y puesta a disposición de los ciudadanos. Las democracias no deben ocultar nada; los dirigentes políticos, tampoco. Si las acciones públicas de estos últimos no son incompatibles con sus actuaciones públicas o privadas, las democracias no deberían temer la difusión de “información filtrada”. En este caso –y solo en este caso–, ello significaría que son moralmente ejemplares y que el modelo político que encarnan –juzgado como “el menos imperfecto de todos”– podría de verdad extenderse, sin obstáculo ético alguno, al conjunto del planeta.    ¿Por qué tendrían que callarse los periodistas en una democracia cuando un responsable político afirma una cosa en público y la contraria en privado?

WikiLeaks ofrece a los internautas la posibilidad de hacer públicos, a través de su plataforma, grabaciones, vídeos o textos confidenciales sin indagar en cómo han sido obtenidos pero cuya autenticidad verifica. WikiLeaks vive de las donaciones de los internautas y de fundaciones y no acepta ayudas públicas ni publicidad. Un buen número de instancias públicas ha reconocido la utilidad de su trabajo. En 2008 recibió el Index on Censorship Award que otorga el semanal británico The Economist, y en 2009, Amnistía Internacional le concedió el premio al mejor “medio de comunicación nuevo” por haber sacado a la luz, en noviembre de 2008, un documento censurado relativo a un caso de malversación de fondos efectuado por el entorno del antiguo presidente de Kenia, Daniel Arap Moi.

Desde su creación, WikiLeaks ha sido un festín permanente de secretos, una auténtica fábrica de primicias. Ha difundido bastantes más revelaciones que muchos prestigiosos medios de comunicación en décadas… Entre los mayores escándalos que sacó a la luz destacan: los documentos que denunciaban las técnicas utilizadas por el banco privado suizo Julius Baer Group para facilitar la evasión fiscal; el manual de procedimiento penal del Ejército norteamericano en la base de Guantánamo; la lista de nombres, direcciones, números de teléfono y profesiones de los miembros del Partido Nacional Británico (BNP, de extrema derecha) en la que figuraban policías; la lista pormenorizada de correos electrónicos intercambiados con el exterior por las víctimas de los atentados del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001; los documentos que probaban el carácter fraudulento de la quiebra del banco islandés The New Kaupthing; los protocolos secretos de la Iglesia de la Cienciología; el historial de los correos personales enviados durante la campaña electoral por Sarah Palin, candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, a John McCain desde su ordenador profesional (lo que la legislación estadounidense prohíbe); los expedientes del juicio del asesino Marc Dutroux, incluido el listado con los números de teléfono, cuentas bancarias y direcciones de todas las personas investigadas en este célebre caso de pedofilia; sin olvidar los recientes “Papeles de Panamá”, difundidos el pasado mes de abril.

Por todo eso, al igual que Edward Snowden y Chelsea Manning, Julian Assange forma parte de un nuevo grupo de disidentes políticos que luchan por un modo distinto de emancipación y son actualmente rastreados, perseguidos y hostigados no por regímenes autoritarios, sino por Estados que pretenden ser “democracias ejemplares”…

El pasado mes de febrero, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que depende del Comité de Derechos Humanos de la ONU, determinó que Julian Assange se encuentra “detenido arbitrariamente” tanto por el Reino Unido como por Suecia. Los expertos independientes internacionales también señalaron que tanto las autoridades suecas como las británicas deberían “poner fin a su detención” y “respetar su derecho a recibir una justa compensación”. Según ese jurado internacional, Julian Assange ha sido sometido a diferentes formas de privación de libertad: “detención inicial en la prisión de Wandsworth en Londres” en régimen de aislamiento, “seguida del arresto domiciliario y, después, del confinamiento en la Embajada de Ecuador”.

Aunque el pronunciamiento del Grupo de Expertos Internacionales de la ONU no es vinculante, supone una gran victoria moral en el campo de las relaciones públicas para Julian Assange al darle la razón en su larga lucha contra las arbitrariedades de las autoridades suecas y británicas.

A este respecto, el presidente ecuatoriano Rafael Correa informó que su Gobierno brinda asilo y protección al fundador de WikiLeaks porque “Assange carece de garantías de respeto a sus derechos humanos y a sus derechos en materia de Justicia”. Por su parte, el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, declaró que Ecuador “mantiene preocupaciones legítimas sobre los derechos humanos de Assange” y que Quito considera que hay, contra Assange, algún tipo de “persecución política”, motivos por los cuales Ecuador le sigue otorgando asilo.

Para reclamar la libertad de Julian Assange, sus amigos de todo el mundo organizaron, entre el 19 y el 24 del pasado mes de junio, en varias capitales del planeta (2) (Atenas, Belgrado, Berlín, Bruselas, Buenos Aires, Madrid, Milán, Montevideo, Nápoles, Nueva York, Quito, París, Sarajevo), una serie de actos y conferencias con la participación de importantes personalidades y grandes intelectuales (Noam Chomsky, Edgar Morin, Slavoj Zizek, Arundhati Roy, Ken Loach, Yanis Varoufakis, Baltasar Garzón, Amy Goodman, Ignacio Escolar, Emir Sader, Eva Golinger, Evgeny Morozov).

En Quito (Ecuador), el simposio fue organizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) y contó con una intervención del propio Julian Assange a través de videoconferencia. Durante cinco días se debatieron temas como: El caso Assange a la luz del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, Geopolítica y Luchas desde el Sur, Tecnopolítica y Ciberguerra y De los Pentagon Papers a los Panama Papers.

El académico español Francisco Sierra, director de CIESPAL, declaró: “Creemos que, en realidad, el problema de Julian Assange es ese: el de la libertad de información. Cuando no hay libertad de información, de movimiento ni de reunión, no hay derechos humanos. Y por tanto, el primer derecho, es el derecho a la comunicación, y hay que poner en evidencia que el caso Assange es un problema grave de derecho a la comunicación” (3).

Todos estos acontecimientos solidarios a lo largo y ancho de la geografía mundial se fijaron dos objetivos. En primer lugar: reivindicar los derechos que le han sido negados a Julian Assange, como la presunción de inocencia o la libertad de movimiento. Y en segundo lugar: recordar lo que representa WikiLeaks, es decir, el reto tan actual sobre la libertad de información y de comunicación en un mundo permanentemente vigilado.