Cien días después de su llegada al Palacio de Liévano, la gestión de Enrique Peñalosa ha cosechado más críticas que elogios. La promisoria carrera que emprendió el burgomaestre tras la derrota de la izquierda, afincada en el poder desde 2004, ha sufrido varios embates que han servido para deteriorar su imagen y cuestionar sus decisiones.

Llegó el primero de enero y lo hizo pisando fuerte. Su equipo estableció una serie de áreas estratégicas de trabajo, empezando por la limpieza, iluminación y control (policial) de las “zonas calientes del crimen”; el fomento de la cultura ciudadana y el ejercicio de la autoridad del control -especialmente en el uso del transporte público Transmilenio; la eliminación de los trancones por medio de la creación de gerentes antibloqueo y la persecución a los “mal parqueados”; la reorganización del sistema de Transmilenio; la mejora de la infraestructura vial y el rescate del espacio público (por nombrar sólo algunos de los objetivos iniciales).

Sin embargo, dichas propuestas se transfiguraron en una serie de decisiones y acciones con desafortunados resultados, no sólo en los sectores sociales más vulnerables, sino también en aquellos interesados por el medio ambiente, un nicho electoral donde el alcalde había buscado tradicionalmente amplios apoyos.

La primera medida fue la subida del precio del sistema de transporte público (caracterizado por las continuas aglomeraciones y la impuntualidad), que desató la respuesta indignada de la ciudadanía, que llevó a cabo varias movilizaciones en las estaciones de Transmilenio. Las protestas, ubicadas en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, fueron inmediatamente criminalizadas por los medios de comunicación y reprimidas violentamente.

El sistema Transmilenio que, según Alexandra Rojas (la ingeniera industrial que el alcalde designó para su gerencia) no será eficiente hasta dentro de doce años, deja aún más perplejos a los ciudadanos, que ya descartaron el pronto comienzo de las obras del tan esperado metro, pues los estudios adelantados para un sistema subterráneo fueron desechados para iniciar la opción del metro elevado, mejor para la ciudad, según la actual administración.

También, en aras de mejorar la convivencia y de recuperar el espacio público, el alcalde resucitó las redadas policiales a los vendedores ambulantes de la ciudad, expulsando de su puesto de trabajo (informal) a personas que no tienen otra alternativa laboral aparte de su “chaza”, o cajón donde suelen colocar las chocolatinas, cigarrillos y golosinas que venden para la subsistencia de ellos y de sus familias. Las opciones ofrecidas no fueron concertadas y tampoco alcanzan a cubrir a muchos trabajadores, por lo cual la mayor parte de ellos “reubicó” sus negocios, a riesgo de ser nuevamente desalojados por la policía.

En cuanto al tema medioambiental, su intención de urbanizar la reserva Thomas Van der Hammen también ha generado muchas críticas, especialmente, en un momento donde el cambio climático, los efectos de la sequía y El Niño han desencadenado enormes estragos en la agricultura y en la autosuficiencia energética del país. Y es que el tema de la reserva no se acaba en el daño medioambiental que provocaría la destrucción de este pulmón de la ciudad, sino que, tal y como denunció recientemente la representante del Partido Verde, Ángela Robledo, existe conflicto de intereses para algunos funcionarios de la actual Alcaldía, involucrados en las decisiones que buscan recalificar el uso del suelo de la reserva forestal. Entre otros, Andrés Ortiz, secretario de Planeación, quien tiene un predio de dos mil metros cuadrados ahí.

El “paquete Peñalosa” no se agota en la represión a determinados sectores de la ciudadanía, el despojo y desalojo de los vendedores informales, la subida de las tasas de un sistema de transporte indecente y la firme intención de acabar con una de las reservas naturales más importantes de la ciudad. A todo lo anterior se suman los procesos de privatización anunciados ya durante su discurso en la primera sesión del Concejo de Bogotá, donde planteó la posibilidad de comenzar a privatizar las empresas públicas distritales, refiriéndose específicamente a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB): “No pensemos que tenemos una empresa de teléfonos, pensemos que tenemos mil millones de dólares, con los que se podrían construir una cantidad de colegios, vías cruciales para desembotellar a la ciudad, hospitales, parques, podemos hacer todo eso o comprar una empresa de teléfonos”, señaló el alcalde.

Los primeros cien días no le han dado para comenzar la privatización de la ETB, más ante una opinión pública que incrementa su desconfianza en el “gerente”, pero sí le han permitido enfocarse en otras áreas que quizá no logran tanta atención mediática. Ello se observa en la privatización iniciada por medio de la aprobación del acuerdo 076/082, a través del cual veintidós hospitales públicos quedaron fusionados en cuatro redes especializadas, cuyas juntas directivas serán nombradas unilateralmente (y no por concurso como se hace en el resto del país). Éstas deben garantizar la cesión de sus funciones de contratación a la nueva “Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica”, que integrará actores privados, tal y como denuncia Hollman Morris, concejal progresista de Bogotá, a través de la Acción Popular instaurada en defensa de la red pública hospitalaria. Esta situación también ha sido denunciada por el Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, SINDESS, cuyos integrantes explican que la propuesta nació viciada y no atendió a sus recomendaciones.

Todas estas decisiones ponen en evidencia que el alcalde “independiente” en realidad no lo era tanto y que, así como recibió apoyos de Antanas Mockus, también el ala más retrógrada de la derecha le dio un empujoncito. De la misma forma lo hizo el oficialismo, con el espaldarazo que le dio Germán Vargas Lleras, convirtiéndose, de esta forma, en el principal aliado de la élite empresarial bogotana.

Enrique Peñalosa y Álvaro Uribe durante la campaña a la Alcaldía de Bogotá – Semana

La excesiva comodidad que le han concedido los medios de comunicación (mayoritariamente plegados al oficialismo santista) durante estos primeros tres meses no evita que los ciudadanos cada vez crean menos en el mito del buen administrador encarnado en la figura del alcalde: en la última encuesta de Gallup de marzo de 2016 apenas el 35% de los encuestados aprueba su gestión, frente a un 55% que la desaprueba. Esta cifra es preocupante para su equipo si se compara con otros burgomaestres del país, como el de Medellín, Federico Gutiérrez, con un 78% de aprobación; Maurice Armitage de Cali con un 69%; Alejandro Char, con el 86% en Barranquilla o, en Bucaramanga, Rodolfo Hernández quien roza el 80%.

En definitiva el alcalde electo, que cumple cien días en el cargo, se enfrenta a un paulatino deterioro de su imagen y a los cuestionamientos sobre una gestión que ha tenido más oscuros que claros. Buena parte de los escándalos detrás de ella se esconden en las deudas políticas que aún tiene; recordemos que el grueso de la financiación de su campaña proviene del sector de la construcción y de la industria vinculada al ámbito inmobiliario, por ello su orientación hacia el crecimiento del ladrillo en la ciudad no va a dar el brazo a torcer.

La mala imagen del Transmilenio y el problema de movilidad que sigue sufriendo la ciudad han sido salvados con el recurso, siempre a mano, de la herencia recibida. Sobre ella, la Alcaldía publicó hace unos días el libro “libro blanco”, con las conclusiones del corte de cuentas a la administración de su antecesor. Sin embargo, el tiempo pasa y empiezan a ser necesarias transformaciones de calado. Superados los cien primeros días de su administración no se han empezado a sentar las bases de una “Bogotá mejor para todos” y tampoco se ha llevado a cabo un plan de medidas urgentes para la mejora cualitativa de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Por el contrario, se han tomado decisiones que atisban un pronóstico poco halagüeño en el que el neoliberalismo y el beneficio personal de los sectores tradicionales parecen los principales factores que guían un proyecto de ciudad.