El reciente ataque contra los campesinos en el municipio Tumaco reavivó las críticas contra el Gobierno de Juan Manuel Santos por el incumplimiento del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), al mismo tiempo que mantiene la erradicación forzada de los cultivos de coca.

Según cifras del Ministerio de Defensa de esa nación, en 2017 han erradicado 30 mil hectáreas de cultivo, mientras que solo han sustituido cinco mil hectáreas. Entretanto, han sido contabilizadas 75 mil familias cocaleras.

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Sobre el acuerdo de paz y las soluciones

El punto cuatro del acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y las FARC contempla la sustitución voluntaria como eje central para la solución del problema de las drogas ilícitas.

En el documento auguran “una nueva visión” que implica dar un tratamiento diferenciado al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad asociada al narcotráfico.

Asimismo, se refieren a los cultivadores como “el eslabón más débil del narcotráfico”, no obstante, aseguran que la política “debe tener un enfoque territorial basado en la participación ciudadana”, así como garantizar el uso tradicional de la hoja de coca para comunidades indígenas y abarcar la posibilidad de uso medicinal y científico de estos cultivos.

Pero el eje central del acuerdo gira en torno a la creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos que dejaría atrás la erradicación forzada y se basaría en la “construcción conjunta entre las comunidades y las autoridades” de compromisos para avanzar en la sustitución voluntaria.

Según el documento, será el Estado colombiano el encargado de crear y poner en marcha este programa, encabezado por el presidente Santos.

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Causas del cultivo ilícito de coca: Conflicto social 

“La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”, enumera el acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP las causas del conflicto.

Los campesinos piden al Gobierno cumplir con el plan de sustitución como se ha establecido, con planes de desarrollo alternativos que atiendan a las familias dedicadas a este cultivo.

Llaman la atención en el carácter participativo y voluntario, que reconoce a los cultivadores como campesinos y no como narcotraficantes. De hecho, en la actualidad, en el país suramericano hay tres mil campesinos en la cárcel, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

“El tema de las hojas de coca no es de ahora. El tema de los cultivos ilegales viene de la época del Pacto del Chicoral en que la oligarquía colombiana se apoderó de los valles e interandino y lanzó el campesinado más allá de la frontera agrícola remota”, explica el integrante de las FARC-EP Jesús Santrich.

Constituido como un medio de sustento económico, los campesinos ven inviable que el punto cero de la sustitución sea la erradicación, para solo así dar paso al programa que dice que a partir del 2019 el Gobierno va invertir hasta diez millones de pesos por familia en proyectos productivos y en pagos de mano de obra.

Afirman que al no tener alternativas económicas, se han dedicado a los cultivos de uso ilícito para poder subsistir, buscando de esta manera suplir económicamente las necesidades.

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Continúa la erradicación forzada

En medio de las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, y tras la firma del acuerdo de paz, el Gobierno de Santos aseguró que el plan de sustitución de cultivos sería el eje fundamental de su política.

“Llevamos 20 años fumigando esas plantaciones ilegales y no hemos obtenido grandes logros. Mientras que el inicio de una relación directa con las familias campesinas y sus organizaciones nos ha permitido acercarnos a ellas y hacer pedagogía sobre la importancia del uso de la tierra en el marco de lo legal”,  reconoció el Alto Consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, Rafael Pardo.

De acuerdo con el Gobierno, el plan empezó a operar en mayo y ha logrado establecer vínculos con 24 mil familias cultivadoras, de las cuales seis mil ya abandonaron la actividad.

Pese a estas declaraciones, y a casi un año de firmado el acuerdo de paz, organizaciones sociales denuncian que solo el 18 por ciento de los compromisos han sido cumplidos.

Como parte del escenario, la fuerza pública continúa llegando a decenas de cultivos, equipos en mano, para erradicar de manera forzada las plantaciones de coca. 

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Comunidades en espera y plantados contra la erradicación forzada

En los departamento de Córdoba, Cauca, Antioquia, Caquetá y Putumayo hay registros de erradicación forzada, con el agravante de grupos paramilitares que controlan algunas zonas.

También en Catatumbo, las comunidades han denunciado las acciones del Ejército que ha quemado los cambuches, mientras los campesinos esperan que se formalice el acuerdo municipal con el Gobierno.

Esta comunidad también se ha alzado contra la erradicación forzada, un hecho que tuvo su punto más álgido durante el paro agrario de 2013. Aún exigen políticas sociales y culpan al Gobierno de no tener voluntad para atender sus problemas.

Este 5 de octubre, en el municipio Tumaco, del departamento Nariño, un ataque de la Policía mató a al menos nueve campesinos. Otros ataques se han registrado posteriormente, todas en medio de las protestas contra la erradicación forzada.

La localidad tiene 17 mil hectáreas sembradas de coca sembradas, según las cifras oficiales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para 2015, el 20 por ciento del área sembrada en toda Colombia.

>> Lo que no se dice de la masacre de Tumaco, Colombia