La historia que se repite, en la mayoría de los medios privados, sobre la situación en Venezuela es la de un país que se encuentra en un profundo caos económico, donde la población hace colas interminables para comprar productos que seguramente no hallarán, por ejemplo, papel sanitario o leche.

Los líderes opositores culpan a la falta de divisas, los controles de precios y el déficit fiscal como las causas primordiales para la escasez de productos. Por otro lado, el Gobierno venezolano afirma que el sabotaje económico del sector privado, la especulación y el contrabando de mercancía hacia Colombia son las razones de la falta de productos básicos.

En los últimos años, el contrabando se ha convertido en un negocio muy rentable. Muchos productos básicos en Venezuela, que están regulados, son llevados a Colombia, entre ellos, alimentos y combustible. De acuerdo a estimaciones del Gobierno, más del 40 por ciento de los productos básicos venezolanos y 100 mil barriles de gasolina cruzan la frontera diariamente; debido a este contrabando de extracción, Venezuela pierde 3,6 millones de dólares al año.

 

La estrategia de los revendedores o “bachaqueros” consiste en comprar los productos básicos en los supermercados, a un precio regulado, y luego comercializarlos en el mercado negro en el que obtienen fabulosas ganancias. Ellos trabajan en grupos organizados que están vinculados con elementos de la mafia, juntos manipulan el mercado y sobornan a los distribuidores para crear una falsa sensación de escasez. Otro de sus modus operandi consiste en pagarle a personas para que “hagan la cola” en los supermercados estatales de manera que puedan acceder a la mercancía que se vende a precios regulados, esta modalidad causa que las colas sean más largas de lo necesario.

Por otra parte, el control que implementó el Gobierno venezolano mantiene los precios de algunos productos básicos accesibles para asegurar que puedan ser adquiridos por los sectores más pobres de la población. No obstante, esto también ha causado el incremento del contrabando en Colombia. En agosto de 2014, Venezuela comenzó a trabajar con su vecino colombiano en un esfuerzo para reducir la actividad criminal en la frontera.

Además de los incentivos económicos, el Gobierno venezolano asegura que estas prácticas: el contrabando, la especulación y el acaparamiento de productos básicos tienen motivaciones políticas. La escasez crónica y la inflación producen descontento dentro de la población y están dirigidas a que el Gobierno venezolano deje el poder; un objetivo que la oposición no ha podido lograr mediante la vía electoral.

La política de poner un límite en los precios y las ganancias se ha convertido en un nuevo punto de discordia entre los empresarios privados y el Gobierno de Venezuela. Se ha visto como algunos negocios han intensificado su guerra económica y los esfuerzos desestabilizadores. Fedecámaras, la principal agrupación de gremios empresariales en Venezuela y un actor importante en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, trató de impugnar la Ley de Precios Justos que fue una iniciativa del Gobierno para tratar de frenar la ola especulativa.

Venezuela es un país productor de petróleo, pero debe importar muchos de sus productos y las pocas compañías que controlan la distribución son muy poderosas. Es por ello que la estrategia del Gobierno venezolano ha sido incrementar la producción, pero se ha encontrado con muchos obstáculos. Por ejemplo, los productos importados son más económicos que los que se producen en el país –este fenómeno económico, se conoce como el “mal holandés”- y afecta a las naciones productoras de petróleo.

En 2006, Luis Tascón, legislador venezolano, declaró en el semanario Izquierda Verde, “los paramilitares controlan el negocio del contrabando, principalmente en Cúcuta, con el apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas y de la oposición venezolana. La presencia de paramilitares en Caracas constituye una prueba de todo ese plan. Se trajeron a Venezuela en el contexto de la confrontación política interna en Venezuela y con el fin de generar violencia”.

Asimismo, las autoridades venezolanas han sido seriamente afectadas por los ataques de las bandas de contrabandistas. La respuesta del Gobierno fue la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP), que se inició el 13 de julio. Dicha operación ha llevado al arresto de más de 100 personas vinculadas con el paramilitarismo colombiano y de presuntos miembros de pandillas, además de la confiscación de drogas, armas, mercancía acaparada y otros productos.