“Nuestro paisano y profesor José Pedro Castillo Terrones, hace oficial su candidatura a la Presidencia de la República, desde nuestro Centro Poblado de PUÑA - Tacabamba - Chota. Tierra que lo vio nacer. Fuerza y total apoyo para nuestro profesor y amigo. VIVA PUÑA, Tierra de grandes ciudadanos”, así anunciaron un año atrás en Facebook los habitantes de la localidad, que se categorizan como padres y madres de familia. 

LEA TAMBIÉN:

Nakba

Son los mismos que se fotografiaron ante la escuela primaria rural número 10.465, donde el maestro -ahora vencedor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú y según tendencias, virtual ganador de la segunda contienda- imparte clases. 

Hace pocos días, un simulacro de la empresa Ipsos constató un 52,6 por ciento de votos válidos para Pedro Castillo frente a un 47,4 de Keiko Fujimori, su rival política. 

La primera vuelta fue una victoria sorpresiva para quienes no tienen en cuenta a las comunidades indígenas, que reúnen al 25,6 por ciento de la población peruana. Aparte de los más de 6 millones de indígenas quechua y aymara de la sierra andina, viven en la Amazonía peruana unos 55 pueblos indígenas, poseedores de una lengua propia.

Resulta que en el podrido mundo del Gobierno en Perú, el maestro es creíble para una mayoría pobre. De 51 años de edad, casado y padre de tres niños, el día de las elecciones anduvo sobre su caballo color café y una consigna muy diferente a las que marcaron hasta hoy al país suramericano: “Con el pueblo y con el lápiz, al poder”.

Va cabalgando mientras se quita el sombrero de paja y ala ancha, en señal de reverencia a quienes lo vitorean. Sombrero blanco como su camisa, de cuello y puño rojos, con un emblema sobre el lado izquierdo del pecho: El logotipo de su partido Perú Libre, que tiene como símbolo un gran lápiz amarillo, sobre un fondo rojo. 

Quienes lo siguen y lo custodian en su andar son personas sencillas. Llevan camisetas que reafirman con orgullo, “Pedro Castillo, Presidente” y suenan corneticas ensordecedoras. Mujeres campesinas con sus trajes típicos, jóvenes, gente de pueblo.

Por Perú 

Castillo volvió al poblado por una licencia para ausentarse por un motivo inesperado, debe presentarse a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que por lo visto decidirán entre él y la candidata Keiko Fujimori.

A ella se le conoce bastante bien, ya ha sido primera dama de la república, por su padre ahora encarcelado, el exmandatario Alberto Fujimori. Y porque en medio de la sui generis campaña electoral, no ha podido desprenderse de las acusaciones de corrupción. Gravita sobre ella una petición fiscal de 30 años de prisión -y otras 40 personas de su ámbito- por el escándalo de Odebrecht.

Con libertad vigilada, pende de una investigación fiscal por lavado de activos, obstrucción a la justicia y organización criminal. No obstante, la representante de 45 años de edad, por “Fuerza Popular”, obtuvo un 13,40 por ciento de votos en la primera vuelta, frente a un 18,92 por ciento del maestro.

Recientemente, miles de manifestantes pacíficos abordaron varias ciudades peruanas con el clamor: “Por Perú, Keiko no va”. La denuncia, fue encabezada por los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, perpetradas en el gobierno de su padre Alberto Fujimori, quien representa a una clase política corrupta, especialmente, para los indignados nacidos y crecidos en los últimos 30 años.

A ello se añade el repudio causado por las expresiones de la candidata a la Presidencia, al negar la esterilización masiva de mujeres pobres e indígenas, durante el mandato de su padre (1990-2000).

Testimonios recogidos por Cladem y medios de comunicación, denuncian los métodos de hostigamiento, amenaza y chantaje, empleados por personal de salud, para practicar ligaduras de trompas en mujeres peruanas, promovidas por el Gobierno de Alberto Fujimori, como una “guerra quirúrgica contra las mujeres pobres”. Un mecanismo de control fascista sobre la población peruana.

Por ejemplo, a Rute Zúñiga, con solo 20 años de edad, después de hostigarla, tres enfermeras y un médico la amarraron de pies y manos y la esterilizaron sin su consentimiento, afirma quien ahora es presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas.

La comisión del Congreso peruano que investigó -en el año 2002- los casos de anticoncepción quirúrgica, concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas y otras murieron, como consecuencia del Programa Nacional de Planificación Familiar del Gobierno de Alberto Fujimori.

El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) afirma que sólo el 10 por ciento de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su "consentimiento genuino". Ellas, las víctimas, piden “que no se olviden de nosotros: Estamos buscando justicia y reparación”.  

La crisis que no cesa

Tres días después de la reciente matanza de 16 personas en uno de los bares de San Miguel de Ene, ninguna autoridad policial o militar había llegado al lugar, a pesar de que los pobladores llevaron a la comisaría de Natividad, a 40 minutos de distancia en auto, la copia de uno de esos escritos que aparecieron al lado de los cadáveres.

Asesinar a inocentes en un pueblo con poco más de mil habitantes y dejar un documento con la autoría -dice el diario El Comercio- de “el Militarizado Partido Comunista del Perú”, pudiera tener una deducción lógica: ¿A quién le conviene el culpable? Pero en Perú, la lógica no funciona. Son muertos para intimidar a los vivos que votarán en la segunda vuelta.

Sigue latente el malestar social de noviembre del 2020. Las protestas masivas en Perú provocaron la caída de un presidente por "incapacidad moral permanente", en medio de acusaciones de corrupción en su contra. El reemplazo por el hasta entonces presidente del Parlamento, Manuel Merino, dio pie al descontento por desconocer la magnitud y la legitimidad de las protestas. 

Con tres presidentes en menos de una semana, la represión policial resultó en dos personas muertas, 94 heridos -63 de ellos hospitalizados- y 42 ciudadanos desaparecidos.

De dramático, es considerado el impacto de la crisis económica, a lo que se suma la pandemia del coronavirus en Perú, donde los cementerios parecen pequeños. Nadie sabe a ciencia cierta, cuántos han muerto. 

La ocupación de las salas de cuidados intensivos es superior al 95 por ciento, con la más alta letalidad por Covid-19 en el mundo. El Ministerio de Salud solo reporta el 36 por ciento de los fallecidos registrados -con prueba de Covid-19- del total que cuenta el sistema nacional de defunciones, que considera a los fallecidos con síntomas compatibles con el coronavirus. 

Desde febrero los familiares de los contagiados peregrinan, hacen filas y duermen sobre cilindros de oxígeno vacíos, a la espera para llenar sus tanques. Comprar oxígeno, asumiendo que tengan el dinero. 

A finales de marzo, se detectó la expansión de la variante brasileña del virus, con el incremento de muertes y contagios entre la población peruana. El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, alertó a finales de mayo sobre el riesgo de que llegue una tercera ola de contagios de Covid-19 al país andino.

Como consecuencia directa del coronavirus, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que en Perú 1.2 millones de menores de edad cayeron en pobreza en 2020.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la pandemia del coronavirus creó el año pasado más de 1,8 millones de nuevos pobres en Perú, donde el índice de indigencia llegó a alcanzar al 27,5 por ciento de la población, repuntando casi 6 puntos porcentuales en relación al 2019.

Libertad y justicia social

Pedro Castillo presentó el Plan de Gobierno, Perú al Bicentenario - Sin Corrupción, contiene ejes trascendentales que intentarán llegar a los ciudadanos de la costa, la sierra y la selva del tercer país más grande de Suramérica. 

Incluye un cambio de la Constitución. La convocatoria a un referendo para impulsar un cambio de Carta Magna. A la actual, la llamó la ‘Constitución de la dictadura’,  porque “prioriza los intereses privados sobre el interés público, el lucro por encima de la vida y la dignidad”. Que se reconozca “expresamente y garantice los derechos a la salud y la educación, a la alimentación, a la vivienda, y el acceso al internet; el reconocimiento a los pueblos originarios y a nuestra diversidad cultural; de los derechos de la naturaleza y el buen vivir.

Incentiva y prioriza el papel del Estado en la economía, incluso con la intervención de las nacionalizaciones. El “inicio del proceso de la segunda reforma agraria”, planes de subsidio en servicios básicos, empleo y crédito para promover el trabajo agrícola. Reconoce a los empresarios locales que invierten en Perú y respetan los derechos de los trabajadores.

Igualmente, aboga por el retorno a la educación presencial, la masificación del gas como política de Estado y una clase de reforma tributaria para “aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud”. “Nos comprometemos a poner la primera piedra de una patria soberana con seguridad jurídica donde todas y todos los peruanos podremos vivir en paz, con libertad y justicia social”, dijo.

Su prioridad es enfrentar la pandemia de la Covid-19. “De ser necesario”, el Gobierno dispondrá “de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas” y la convocatoria a un consejo de científicos y técnicos en salud, para el desarrollo de un esquema denominado ‘Programa Nacional Perú Libre de Pandemia’.

Castillo es el candidato presidencial al que le toca hacer justicia con los históricamente excluidos y marginados. En el actual periodo legislativo, los pueblos originarios no tuvieron representación y en el anterior, sólo una congresista indígena, de un total de 132 escaños.

Desde Puña a la Casa de Gobierno

La irrupción de Castillo en la recta final por la Presidencia de Perú desubicó a la élite de poder que le otorgaba un resultado marginal en las elecciones. Sorprendió hasta a quienes votaron por él en Puña, quienes rogaron a la patrona María Inmaculada, les concediera ese honor a sus más de 300 habitantes.

Ellos creen en lo que le dan sus manos. Pedro creció con las rondas campesinas de autodefensa en Chota, quienes ante la impunidad policial, defendían la propiedad campesina frente al hurto de ganado.

Aprendieron a organizarse en todos los ámbitos. Es la gente pobre de Cajamarca, su región natal -a mil kilómetros de Lima- que paradójicamente alberga a los yacimientos de Yanacocha, la mayor mina de oro de Suramérica y segunda más grande del mundo.

Castillo sabe lo que es compartir, es el tercero de una familia de nueve hermanos. Se hizo máster en Psicología Educativa y es profesor de la escuela rural de Puña. 

Al centro escolar donde comparte labores con dos profesores más, se llega a pie o a caballo por senderos de tierra viva. Pintada de amarillo ardiente, encima de una loma sin árboles, la escuela de dos pisos y techo de zinc, se devela cuando se corre el manto de neblina en el páramo.  

Precisamente, por estar casado con una maestra -Lilia Paredes, la madre de sus tres hijos- en casa se conocen bien las penurias del sector y la necesidad de la esperanza. 

En 2017, como líder sindical, salió del anonimato en la multitudinaria manifestación que paralizó las clases durante 75 días, a favor de la subida de salarios a los docentes.

Sabe de la vida sencilla como todos por allí, un simple poncho -ruana- para el trabajo, cuando azota el viento frío en la árida cordillera andina, que tiene 16 de los distritos más empobrecidos, de los 24 de todo Perú.

Ha llamado a la calma después de los resultados electorales. Mientras el pueblo de Chota, después de las elecciones, prepara su evento social más importante, las corridas de junio en la Plaza de Toros El Vizcaíno, una de las más populares del interior del país. 

Son unos 25 millones de peruanos llamados a las urnas a hacer justicia para ese pueblo diverso, étnica, racial y culturalmente. En Perú, el Estado es dueño de gran parte de la tierra, el subsuelo y sus riquezas. Los bosques, los ríos, la flora, la fauna, el petróleo, los minerales, el gas natural, todo depende de quién es el dueño del Estado.  

Un 40 por ciento se identifica heredero de los pueblos nativos de los Andes o la Amazonía y un 16 por ciento, tiene una lengua materna diferente al castellano. Existe una población afrodescendiente, de chinos y de japoneses, resultantes de la esclavitud y del trabajo inhumano. Muchos de ellos esperan el cambio, otros luchan por ello. 

Ninguno de los dos candidatos rivales en la segunda vuelta tendrá mayoría en el Congreso para sostener una buena relación con el Poder Legislativo. Hay muchos intereses pendientes y los oligarcas, jamás abandonan el barco. Como tampoco los que creen en el lema del maestro: “No más pobres en un país de ricos”