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El avance de la extracción, los incendios, la deforestación y la pérdida de carbono contribuye al deterioro de una región amazónica.
Piensa en el tamaño de un campo de fútbol desapareciendo cada seis segundos. Esa fue la tasa de pérdida de las selvas, un año antes de comenzar la pandemia.
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Esta imagen indeleble, es similar al porcentaje anual de destrucción de estos bosques, durante los pasados 20 años.
El símil fue expuesto por el Instituto de Recursos Mundiales ante el grado de especulación de las últimas décadas, empeorado desde 2019 cuando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, debilitó la aplicación de las leyes ambientales. Un tercio de toda la pérdida de bosque primario -o maduro- tropical en el mundo tuvo lugar en ese país.
Tras la llegada de Bolsonaro al poder, el gigante suramericano ha registrado el mayor ritmo de deforestación de los últimos 13 años. Agricultores y especuladores de dominios incendiaron la tierra para la soya, otros cultivos y la cría de reses, devastando la densa vegetación, la mayor reserva de carbono del planeta.
La tala y la conversión de tierras han perjudicado al 34 por ciento de las selvas tropicales originales del mundo y degradado otro 30 por ciento, así lo confirma la organización sin fines de lucro Foundation Norway.
Más de la mitad de la destrucción se reporta desde el 2002 en la Amazonia, una de las zonas naturales más grandes del planeta, que el calentamiento puede transformar en sabana.
La pérdida de bosques y selvas tropicales, potencia el calentamiento global. Con el cambio climático, se dificulta la supervivencia de los bosques restantes.
La naturaleza conforma un ciclo que ahora “es aterrador”, afirma el investigador Anders Krogh. El total de selva perdida entre 2002 y 2019 fue mayor que la superficie de Francia, confirma.
Así lo calificó Bolsonaro durante su campaña para la Presidencia. Las amplias tierras protegidas de Brasil son un obstáculo para el crecimiento económico y desde entonces, prometió abrirlas a la explotación para fines comerciales. Esa terrible promesa está sucediendo.
Mientras la prensa y las redes sociales se hacían eco de la dimisión del ministro contra el Medio Ambiente, Ricardo Salles, fue aprobado por 40 votos a 21, el Proyecto de Ley 490/2007, votado en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de los Diputados, es un golpe de gracia a la Amazonia.
De ser aceptado por el Congreso se convertirá en ley. Definitivamente, Salles hacía el trabajo escabroso para la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, mientras ella finge la falacia de Bolsonaro de que impulsa una agroindustria “moderna”.
Entretanto han reducido los esfuerzos para combatir la tala, minería y explotación ganadera ilegales, por lo que la Amazonía perdió más de 500.000 kilómetros cuadrados (km2).
Esa "poda" representa el 8 por ciento de la mayor selva tropical del mundo, asegura la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) en su informe “Amazonia bajo presión”.
El “avance de la extracción, los proyectos de infraestructura, los incendios, la deforestación y la pérdida de carbono", contribuye al deterioro de una región amazónica, compartida por nueve países: Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa.
Es la casa de las comunidades indígenas, habitada por unas 47 millones de personas, en sus 8 millones de kilómetros cuadrados.
"En promedio, desde 2001, 169.000 km2 de la Amazonía han sido quemados anualmente. De estos, 26.000 km2, dentro de las Áreas Naturales de Protección y de las Tierras Indígenas", confirma la Raisg.
Brasil ocupa casi el 62 por ciento de la selva tropical y es el principal responsable por los altos índices de deforestación. Suman 425.051 km2 talados en dos décadas. Actualmente, avanza la explotación económica de la región con "la paralización del proceso de demarcación" de las tierras indígenas.
Bolsonaro busca patrocinadores para las reservas naturales de Brasil y del planeta. El Gobierno pretende que las empresas y los inversionistas brasileños o extranjeros, “aporten dinero para preservar la Amazonía”.
En febrero del 2021 apareció con esta “iniciativa” para 120 reservas naturales. Ello equivale a 63 millones de hectáreas o un 15 por ciento de la superficie de la mayor selva tropical del mundo.
“Adopte un parque”, el programa propagandístico presentado por Bolsonaro, ejerce una presión política y constituye una verdadera amenaza hacia la Amazonia.
En el mismo, define que los brasileños pueden adoptar una reserva ecológica por 50 reales la hectárea (8 euros, 9 dólares) y a los extranjeros les saldrá en 10 euros.
La primera empresa en aceptar es la cadena de supermercados francesa Carrefour. Justamente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sido el mandatario que más ha criticado al Gobierno de Bolsonaro, por su desinterés en conservar la Amazonia.
De acuerdo con el diario Estadão, la multinacional Carrefour adoptará la reserva de Lago de Cuniã. Situada en la frontera con Bolivia, posee 75.000 hectáreas, con un estatus legal que les permitiría la extracción controlada de madera y la agricultura de subsistencia. Desde el Ministerio de Medio Ambiente informan que otras cinco empresas negocian sus intereses.
A propósito, los ambientalistas de Greenpeace acusaron al Gobierno Bolsonaro de impulsar “una nueva acción mediática para limpiar su imagen”, mientras aseguran que “sigue destruyendo los instrumentos que protegen las unidades de conservación desguazando el ICMBio, militariza sus estructuras e impone importantes recortes presupuestarios”.
Entretanto, el Gobierno brasileño dice que la gestión de las reservas seguirá en manos de organismos medioambientales gubernamentales -¿será?- como el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) o el Instituto Chico Mendes (ICMBio, centrado en conservar la biodiversidad), a los que el propio Gobierno les va restando fuerza.
Definitivamente, aprovechan que la pandemia atrae toda la atención mediática para aprobar leyes que debilitan la fiscalización ambiental y facilitan el agronegocio.
Recordemos que el 24 de septiembre de 2019, en el primer discurso de Bolsonaro ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario definió como quejas la "exageración" y la "manipulación" en torno a los incendios en la Amazonía.
"La Amazonía no está siendo devastada ni consumida por el fuego, como dice mentirosamente la prensa", aseguró y añadió que "es una falacia decir que la Amazonia es un patrimonio de la humanidad" o representa "los pulmones de la Tierra".
"La Amazonía (brasileña) es mayor que toda Europa occidental" comentó y enfatizó que, en más de un 60 por ciento, está "preservada", por lo que su Gobierno "no acepta" que otro país "diga" qué se debe hacer para conservar ese bioma.
Así, descaradamente, mientras la realidad demuestra otra cosa.
Según reconoce el Gobierno brasileño, 690 de sus territorios están habitados por indígenas, quienes ocupan aproximadamente el 13 por ciento de la superficie del país.
De los 826 pueblos indígenas de toda Latinoamérica, una mayoría están en Brasil. Suman 900.000 personas las que viven en 305 tribus, aunque la mitad de los indígenas de Brasil ya están fuera de la Amazonia.
Para América Latina, los pueblos originarios constituyen un 8 por ciento de la población que la ocupa, por referencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Lo que significa que unos 45 millones de latinoamericanos son nativos.
Son las comunidades indígenas las que mejor salvaguardan los bosques, labor definitoria para reducir las emisiones de carbono. Paradójicamente, carecen de todo apoyo, de ingresos dignos y acceso a servicios básicos, además de enfrentar la destrucción de su medio.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -con datos de nueve países latinoamericanos- indica que los pueblos indígenas significan el 30 por ciento de las personas que viven en la pobreza extrema. De ello, las que dan a luz y perpetúan la existencia son el 7 por ciento de las mujeres indígenas, que viven con menos de 1,90 dólares diarios.
Lo afirma también la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques". Las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales, donde los Gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales.
En la actualidad, aumentan las denuncias de las comunidades indígenas acerca de la explotación indiscriminada de los bosques, debido a la creciente demanda de alimentos, minerales, energía, madera, turismo, legal e ilegal.
Los originarios comprenden como nadie cómo afectará significativamente a las precipitaciones, la temperatura, la producción de alimentos y el clima universal. Sus territorios contienen alrededor de un tercio del carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe y el 14 por ciento del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo.
Los territorios indígenas en la cuenca del Amazonas perdieron menos del 0.3 por ciento del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016. En comparación, las áreas protegidas no indígenas, un 0.6 por ciento.
El total de emisiones brutas de carbono de la región, proveniente de los asentamientos indígenas, alcanzó apenas el 2,6 por ciento pese a que esos pueblos cubren sólo el 28 por ciento de la cuenca amazónica.
La tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas, donde se ha asegurado la propiedad de la tierra, es 2,8 veces menor que fuera de dichas áreas. Significan 2,5 veces menor en Brasil. ¿Qué pasará mañana?
Detalla FAO que entre todos los territorios colectivos titulados en América Latina, evitan entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas de emisiones de CO2 cada año; lo que equivale a sacar de circulación de 9 a 12,6 millones de vehículos durante un año.
Eso sucede en las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, sólo allí donde los Gobiernos han reconocido formalmente los derechos de propiedad colectiva o en usufructo de unos 269 millones de hectáreas.
Aproximadamente, el 60 por ciento de la población habita en las ciudades. Algunas de ellas crecieron en promedio más de 50 veces desde 1940, con alto déficit de los servicios necesarios, incluyendo en la educación y la salud. Son mayores las carencias de agua, el desagüe, las plantas de tratamiento, drenajes y manejo de residuos sólidos.
Gran parte de la población urbana sufre de pobreza crítica y habita en favelas, barriadas o villas miseria que, en muchos casos, son aglomerados de palafitos o casas flotantes.
En Brasil se da el caso de que algunas de las personas más humildes y profesionales jóvenes, migran a la Amazonia. Cada vez hay más gente que se suma a los indígenas, siringueiros, ribereños y otros pobladores tradicionales, aunque no alcanzan un desarrollo sustentable.
Gran parte de la población que llega a la región amazónica, suele ver a la selva a través del prisma de la ciudad. Quizá, hasta reproducir el comportamiento de los que viven fuera de la Amazonia, sin preocuparse de las consecuencias. Esperan que la selva provea de pescado, carne de monte, madera, productos agropecuarios, energía y otros bienes gratuitos.
Manaus, la capital del enorme estado de Amazonas, es un buen ejemplo de esta situación. Quizá poco importe si hay deforestación innecesaria o si se explota madera u oro ilegalmente en las tierras indígenas.
Viejos estimados de 1994, indicaban que la población amazónica era superior a 22 millones de personas, de las que casi un millón eran indígenas y el 60 por ciento de esa población era urbana.
Manaus, fundada en 1848, tiene hoy más de 1.6 millones de habitantes y sigue creciendo debido a la expansión de las actividades agropecuarias y de la minería. Contrario a la lógica, las condiciones de vida de la población rural o peri-urbana, son peores que en otras regiones.
Actualmente, la negativa a demarcar las tierras donde viven los originarios, aun cuando lo determina la Constitución -1988- y permitir que la Covid-19 entrara en tierras indígenas, ha sido denunciado como genocidio, porque en definitiva la selva vive por ellos y su resistencia los ha mantenido en pie.
Brasil ha sido el mayor contribuyente a la deforestación de la Amazonia, con 1.4 millones de hectáreas por año o un 45 por ciento de la deforestación total de este gran territorio verde, precisa el especialista ambiental, Marc J. Dourojeanni.
La Amazonía brasileña perdió 1.180 kilómetros cuadrados en mayo de 2021, informó el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. En abril se devastaron 580,55 y en marzo 367,6 kilómetros cuadrados de selva.
Es alarmante. Ocurre en tierras sin vocación agrícola, mayormente bosques de protección en los países andino-amazónicos, con graves implicaciones sobre el comportamiento de los ríos. Igualmente sucede en enormes extensiones ecológicas, sin preservar un equilibrio agro-forestal.
Una forma de pérdida del bosque primario, que aumentó rápidamente en la Amazonía brasileña en el último año, es la tala para agricultura y otros usos de la tierra.
¿Quién vela por mantener el equilibrio de los bienes y servicios del bosque? Constantemente se reduce el potencial pesquero de los ríos. La mayor parte de la tierra deforestada está sin uso o subutilizada. Sólo se les ve talar árboles.
¿Quién le pone coto a la caza y la pesca ilegales? La pesca es una actividad creciente en toda la Amazonia. La caza con fines comerciales ha desaparecido oficialmente pero, aún se practica en todos los países. Existe el riesgo de extinción de ciertas especies con la destrucción total de los ecosistemas por la deforestación.
La explotación forestal cambia de manos y aumenta su intensidad. En la Amazonia es esencialmente anárquica. El fenómeno reciente más importante, es la invasión de grandes inversionistas extranjeros para efectuar explotación forestal masiva.
Se acelera la deforestación en la región sobre las tierras indígenas que pertenecen al Estado, pero son de usufructo permanente y exclusivo de los pueblos originarios, constantemente violentados.
Crece la explotación minera y petrolera sin cuidado ambiental. Se extrae la reserva de la Amazonia: cobre, oro, manganeso, níquel, zinc, caolín, sal gema, hierro, bauxita, diamantes. Las enormes existencias aseguran tiempo limitado de vida útil.
Aunque está prohibida la explotación minera, sólo en la tierra indígena yanomami, hay unos 20.000 mineros devastando la selva. Parte de ellos bajo el mando del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las mayores facciones del crimen organizado de Brasil. La Amazonía brasileña concentra además la mayor cantidad (53.8 por ciento) de los puntos de minería ilegal detectados por esa red.
El petróleo y el gas natural, ya están siendo explotados. En la Compañía Vale do Rio Doce en Brasil, el empleo de estos recursos naturales no renovables se ha hecho en detrimento de los recursos hídricos y de la vida potencial de sus peces.
Tampoco las áreas protegidas y las tierras indígenas reciben el tratamiento adecuado, a pesar de su contribución a la reserva de la biosfera. La infraestructura vial llega con amenazas. En el interior de cada país amazónico, existen numerosos proyectos de carreteras nuevas -miles de millones de dólares en juego- que prevén serán esencialmente del sector privado.
Es poco probable que esos inversionistas cuiden el medio ambiente, si no se les exige legalmente.
En la Amazonia el proceso participativo de la sociedad civil ha sido más difícil. Sin embargo están mucho más activos que antes, destaca el especialista ambiental, Marc J. Dourojeanni, en su ponencia “Medio siglo de desarrollo en la Amazonía: ¿existen esperanzas para su desarrollo sustentable?”, presentado a la Conferencia Internacional Amazonia 21.
Investigadores y ambientalistas del mundo están atentos al aumento de la deforestación y la intransigencia del Gobierno brasileño a frenar la actividad ilegal. Ocho exministros de Medio Ambiente de Brasil expresaron de modo conjunto que “lo que nos espera es el riesgo de una deforestación desmedida de la Amazonía”.
Durante una conferencia con periodistas, Bolsonaro comentó que la preocupación con la Amazonía se debe a una “psicosis medioambiental”. “Lo que sucede ahí no le compete a los extranjeros”. Ante tal aseveración, un periodista europeo le respondió que “la Amazonía es nuestra, no suya”.
Desde la campaña por el Gobierno, Bolsonaro prometió incluso eliminar el Ministerio de Medioambiente. Finalmente no lo hizo, pero antes de la toma de posesión, Brasil retiró de manera abrupta su compromiso para ser sede de una cumbre sobre el cambio climático. Seguidamente, el presidente redujo el presupuesto de la agencia medioambiental en un 24 por ciento.
Cuando la economía brasileña cayó en recesión en 2014, la tala de árboles se incrementó. Ahora amenaza con eliminar el resto de las barreras para el desarrollo de tierras protegidas.
El pasado 22 de abril, durante la Cumbre de Líderes sobre el Clima, Bolsonaro se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en el Amazonas para 2030.
Mientras tanto, no ha declarado nuevas áreas de protección ambiental, ni ha demarcado nuevas reservas de tierras indígenas. Sin embargo, significa que un Brasil como potencia agrícola exportadora le interesa más que el denominado “pulmón del planeta”.
