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El exrelator de la ONU para los DD.HH., Michel Forst, denunció en su momento que Colombia “sigue siendo el país con mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina".
Colombia es uno de los países donde los líderes sociales corren mayor riesgo de perder la vida. Según instituciones de los Acuerdos de Paz, unos 904 líderes sociales han sido asesinados desde el 1 de diciembre de 2016.
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Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, comentó durante la entrega de su informe que buscan “aportar en la caracterización de los entornos y situaciones que ponen en riesgo los derechos y las libertades fundamentales de los líderes sociales", así como de los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), que en el mismo periodo han reportado 276 exmiembros asesinados.
El funcionario explicó que “vemos en estas iniciativas la posibilidad de continuar desarrollando acciones de gran impacto que aporten estratégicamente en la tarea de lograr la garantía efectiva del goce de los derechos humanos de las personas que se encuentran en el territorio colombiano”.
Quienes se ven mayormente afectados son los líderes comunales (707), seguidos de los dirigentes indígenas (624), comunitarios (616), líderes de víctimas (564), activistas de derechos humanos (367), líderes de campesinos y agrarios (336), de afrodescendientes (250), servidores públicos (218), sindicalistas (176) y mujeres (176), acotó el defensor.
En el 2020 fueron 182 los asesinatos registrados en 103 municipios de Colombia. Un 50 por ciento de los casos ocurrieron en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, en la región Pacífica, así como en Antioquia, cuatro zonas donde la violencia ha ido en aumento en los últimos años.
Sobre este hecho, la Defensoría afirmó que “estos territorios, en donde se concentran los homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos coinciden con los departamentos en los cuales se ha emitido un mayor número de advertencias debido a la existencia de escenarios de riesgos asociados a la lucha por el control territorial entre grupos armados organizados”.
En otro informe, de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también denunció la situación sobre este asunto en el país, la cual se catalogó como la “peor” desde el año 2014, lo cual deja en evidencia que el Estado no está cumpliendo con su tarea en la defensa de los líderes sociales.
Por supuesto, dicho informe desencadenó una reacción de furia entre los defensores del Gobierno colombiano, quienes consideran que el documento omitió detalles de las políticas del presidente Iván Duque, quien, además, lo calificó como “una intromisión a la soberanía de Colombia”.
Posteriormente, el exrelator especial de la ONU para los derechos humanos, Michel Forst, también denunció en su momento que el Gobierno de Duque impidió que su entrada al país con la que pretendía finalizar el informe sobre la situación de los líderes sociales en Colombia.
Según las cifras oficiales, en el 2019, 107 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, en lo que algunos señalan que se trata de una práctica sistemática. Sin embargo, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que la cifra real es el doble o el triple.
De acuerdo con las afirmaciones de Forst, Colombia “sigue siendo el país con mayor número de personas defensoras (de los derechos humanos) asesinadas en América Latina, y la amenazas en su contra se han disparado en un contexto de altos índices de impunidad, pese a los avances en esta materia”.
Forst resaltó que “la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos está en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del acuerdo de paz”.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, destacó que “la vida de los excombatientes y de los líderes están en altísimo riesgo por cuenta de las amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques”, de los que han sido víctimas desde la firma de los Acuerdo de Paz en noviembre del año 2016.
Por ello, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por los Acuerdo de Paz, desea que “se adopte una resolución defensorial en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado, con enfoques diferenciales y perspectiva territorial, y fije la hoja de ruta para detener esta tragedia humana”.
El magistrado resaltó que “las tres entidades del Sistema Integral (la JEP, la Comisión para la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas) presentan conjuntamente la petición porque los atentados contra quienes participan activamente en el proceso de paz anulan el presupuesto indispensable para su cabal desarrollo: La confianza”.
El informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP inicialmente contabilizó que, entre el 1 de diciembre de 2016 y el último día del año 2020, fueron asesinados 864 líderes, de los cuales, la mitad realizaba tareas para ayudar a implementar el acuerdo de paz.
Sin embargo, Cifuentes detalló que “luego de realizar el proceso de duplicación, contrastación y verificación de registro proporcionados por otras instituciones y organizaciones, el sistema de monitoreo arrojó una cifra aún más escalofriante, de 904 casos”.
Por su parte, el sacerdote y presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, comentó que “hay una destrucción en la confianza generalizada… al asesinar a un líder social la comunidad se rompe, se refugia y se general los confinamientos que estamos viviendo, y esto se sigue repitiendo”.
Roux también acotó que los departamentos más convulsos son los del Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño, cuyas poblaciones afectadas por las situaciones hace que algunos consideren el retorno a las armas, ante la falta de oportunidades y el respaldo del Estado colombiano.
