Por la justicia y el derecho venezolano al Esequibo

Todo pueblo dividido contra sí mismo, podría ser asolado. Partimos de esta frase ancestral, para destacar cómo desde la defensa del territorio nacional del Esequibo, el pueblo o la casa venezolana permanece en unión a la soberanía, como el primer triunfo histórico de la justicia.

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En defensa del territorio del Esequibo y el derecho inalienable de Venezuela, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) someterán a aprobación popular cinco preguntas en el referéndum consultivo que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre. En ese sentido, más de 4.000 organizaciones de diversos sectores del país manifestaron su apoyo al referéndum ante el ente comicial. Se trata del patrimonio nacional y nadie está excluido en la defensa de la casa grande.

Injerencia

En reciente acto de vergonzosa injerencia en los asuntos internos de los venezolanos, rechazado por el Gobierno del país suramericano, la secretaria general de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth, en inglés), Patricia Scotland, opinó sobre lo que no le incumbe.

teleSUR compartió el comunicado publicado por el canciller Yván Gil - en la red social X (antes Twitter)- donde se indicó que las declaraciones de Patricia Scotland "se constituyen en un acto de vergonzosa injerencia en los asuntos internos de los venezolanos, con el objeto de contribuir a las pretensiones del Gobierno de Guyana y de la ExxonMobil, de promover un proceso de desestabilización en la región caribeña".

El texto indica que “la señora Scotland, en su pretensión de confundir a la comunidad internacional y manipular la opinión pública, miente al afirmar que las elecciones presidenciales venezolanas se realizaría un mes después del referéndum consultivo, lo cual es una demostración de la mala fe con las cuales son emitidas tales declaraciones".

Además, se precisó la forma inaceptable en que dicha organización se atreve a cuestionar las decisiones de carácter soberano. El mandato del pueblo prevalecerá a favor de la justicia y el derecho. En este sentido, se reiteró que “la única vía para abordar este tema es leal Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 entre Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña, el cual señala que la solución debe ser acordada de manera práctica y mutuamente satisfactoria para las partes".

En el texto citado, expresa que a nombre del pueblo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha realizado varios llamados para establecer un diálogo diplomático directo con Guyana. Estos "han sido deliberadamente ignorados por el presidente Irfaan Ali, quien ha preferido escalar la situación, involucrando al Comando Sur de los Estados Unidos, lo que constituye una amenaza a la paz de la región que debe ser detenida de inmediato".

Venezuela ha denunciado públicamente -destaca el comunicado- la insensatez de las acciones del vecino Gobierno y califica de "conducta temeraria del Gobierno guyanés", otorgar licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos en una amplia área marítima pendiente de delimitación. Una franca violación del Derecho Internacional Público, “contra lo cual se ejercerán las acciones políticas y diplomáticas necesarias para su pronta reversión".

Frontera

El lindero, borde o límite, esa zona territorial de tránsito social entre dos culturas, es imperceptible muchas veces para un ciudadano común. Sin embargo, los límites definidos en porciones de tierra, agua y aire, son de claro y preciso trazado. Están creados para que los Estados puedan ejercer su soberanía, sin perjudicar a otras naciones. Tiene que ver con que las fronteras representan construcciones políticas e institucionales, que repercuten en el orden social, cultural y económico de las naciones limítrofes.

Para más detalles, el Esequibo, territorio en reclamación por parte de Venezuela,  posee 159.000 kilómetros, enclavado en plena selva con abundantes recursos forestales, hídricos y mineros. Venezuela reivindica este territorio y alega con argumento documentado, no estuvo presente en el proceso que derivó en un Laudo Arbitral de París en 1899 y que otorgó este territorio a la corona británica, contrario a los intereses venezolanos. Esta controversia territorial por el Esequibo se reactivó el 18 de junio de 1982, siguiendo el procedimiento prescrito por el Acuerdo de Ginebra.

Según el estudio La Cuestión Fronteriza en la Conformación de la Política Internacional en Argentina y Venezuela (1900-2000), del Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, en el caso de Las Malvinas y el Esequibo -refiere la investigación- podemos concluir que, en la intervención de potencias colonialistas en América Latina, por intereses estratégicos, energéticos y políticos, se han querido acrecentar de espacios no sólo terrestres, sino de los sectores marítimos, fluviales, lacustres y aéreos. Parece que los ingleses en su historia de usurpaciones territoriales, han entendido que el espacio es un factor de riqueza y un factor de poder, agrega el texto.

Irrefutables son las pruebas que tiene Venezuela sobre el Esequibo, títulos históricos heredados de España y títulos republicanos. El 3 de octubre de 1899, en un tribunal en el cual no existía representación de Venezuela, le fueron traspasados a Gran Bretaña 159.500 kilómetros cuadrados de territorio, que para entonces formaban parte de Venezuela.

Por lo tanto, Venezuela sostiene que sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba están plenamente documentados. Al momento de la declaración de independencia de Guyana, Venezuela indicó claramente que su reconocimiento a la nueva nación, se circunscribe al territorio ubicado en el margen derecho del río Esequibo; desde entonces, así quedó establecido que Venezuela se reservó los derechos de soberanía territorial en toda la zona ubicada en el margen izquierdo del río Esequibo.

No obstante, aunque el Gobierno de Guyana no posee títulos, ni tampoco puede mostrar fuentes jurídicas que sustenten sus pretensiones, insiste en apoderarse de ese territorio  y dispone unilateralmente del mismo, haciendo un uso abusivo. Ello, en primera instancia, es una infracción al mandato contenido en el Acuerdo de Ginebra, a lo cual se suma una violación del derecho internacional al disponer del mar territorial contiguo a la zona en reclamación, pese a que aún se encuentra pendiente por ser delimitado.

El 17 de febrero de 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, entre los Gobiernos de Venezuela y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el Gobierno de Guayana Británica. Por dicho acuerdo se creó una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que al Laudo Arbitral de 1899, sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, es nulo e írrito.

Por el artículo IV, se establecía un plazo de cuatro años para que la comisión mixta llegara a un acuerdo completo sobre la solución de la controversia; en caso contrario, la misma comisión referiría a los Gobiernos de Venezuela y Guyana en su informe final, cualesquiera cuestiones pendientes. Dichos Gobiernos, escogerían alguno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo V, el cual establece que “…con el fin de facilitar la mayor medida posible de cooperación y mutuo entendimiento, nada de lo contenido en este acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución por parte de Venezuela, el Reino Unido o la Guayana Británica, de cualesquiera bases de reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cualesquiera derechos que se hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tales soberanías territoriales o como prejuzgando su posición con respecto a su reconocimiento o no reconocimiento de un derecho a reclamo o base de reclamo por cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial”.

Guyana heredó la reclamación al independizarse en 1966, y desde 1983 la disputa pasó a la mediación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Guyana tiene una extensión de 215.083 kilómetros cuadrados; el territorio de la Guayana Esequiba es de 159.500. Aun así, la voluntad del Gobierno de Venezuela es resolver de forma amistosa esta diferencia con Guyana, en carácter aceptable para ambas partes.

No al despojo

“El territorio es un espacio, en tanto que él es portador de identidad” (Jean F. Staszak)

El Esequibo representa para los venezolanos una vieja reivindicación territorial, ligada a valores, sentimientos y anhelos vinculados con la venezolanidad.

“Lo que sí es cierto, es que el pueblo venezolano no aceptará nunca conformarse con un despojo, contrario a la tradición histórica, a toda norma de justicia y a los principios fundamentales del Derecho internacional cuya base es el libre consenso de los pueblos, y jamás la fuerza y la violencia”, interpretó Tomás Enrique Carrillo Batalla, en la “Nota introductoria” en la Reclamación venezolana sobre la llamada Guayana Esequiba.

Según el Derecho Internacional, como todo Estado, Venezuela tiene derecho no sólo al mar territorial de 12 millas náuticas (20 kilómetros), sino además a una zona económica exclusiva de hasta 200 millas náuticas de la costa. Así aprovechar con carácter exclusivo, los recursos económicos de la superficie del fondo del mar y de las aguas que lo cubren, y de la plataforma continental, la cual se extiende más allá de las 200 millas hasta el talud continental, en la cual tiene el derecho exclusivo de explotar los recursos del subsuelo.

Igualmente, el territorio del Esequibo posee suelos con características propias a los más antiguos del planeta. Es depositario de bastos recursos forestales en las tierras altas, gran variedad de plantas y animales que habitan más de 8 millones de hectáreas, aunque carecen de estudios científicos para cuantificar con precisión sus índices de biodiversidad.

Su hidrografía es amplia y abundante, con ríos que pueden llegar a medir hasta 1.000 kilómetros (km) en longitud, como el Esequibo y una amplia capacidad de pesca en deltas que drenan al Atlántico, algunos con potencial navegable.

Entre los minerales del Esequibo se encuentran la bauxita, el oro, los diamantes y el manganeso. Se afirma que existen importantes reservas de uranio, petróleo y gas natural.

Símbolo de equilibrio

Establecer lo justo en la reclamación venezolana del territorio Esequibo, es un símbolo de justicia, de soberanía y equilibrio para el mundo.

Cuando el noveno secretario general de la ONU, António Guterres, realizó una particular interpretación del Acuerdo de Ginebra, en enero de 2018, propuso que el litigio fuera conocido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

Venezuela ha sostenido, conforme con el Acuerdo de Ginebra, que no reconoce jurisdicción de la CIJ para resolver esta controversia, en tanto debería ser resuelta con un acuerdo mutuamente satisfactorio.

Consecuente con esta posición, Venezuela decidió no asistir al juicio, en tanto fue ignorado el Acuerdo de 1966, que preceptúa alcanzar una negociación amistosa. Ante tal circunstancia, la CIJ debió abrir una fase preliminar, para conocer si tenía jurisdicción ante la demanda unilateral solicitada por Guyana. Aun así, prosiguió y permitió que Guyana presentara sus alegatos en noviembre de 2018, ante lo que Venezuela reiteró en 2019, la posición de reconocimiento histórico de su territorio nacional y enfatizó que el Acuerdo de Ginebra tampoco contenía su consentimiento para que la CIJ conociera de la demanda de Guyana.

A la luz del llamado “derecho internacional”, el 18 de diciembre de 2020 y en medio de la pandemia, fue emitida la decisión preliminar -con mayoría de 12 votos y cuatro votos salvados o disidentes- declarando a la CIJ competente para conocer la demanda de Guyana, en lo que respecta a la validez o invalidez del Laudo de 1899. El profesor Eugenio Hernández-Bretón calificó este paso como “muy importante para Venezuela”, porque fue registrado “que también tiene jurisdicción para conocer acerca de la cuestión conexa de la solución definitiva de la disputa territorial terrestre”, entre ambos países.

Igualmente, es relevante que la CIJ declarara por voto unánime “que no tiene jurisdicción para conocer de las pretensiones de Guyana, que pedía la desocupación de la parte oriental de la isla de Anacoco, en el río Cuyuní y de otros territorios, que Guyana dice que Venezuela ocupa ilegítimamente”.

De la misma forma, la CIJ rechazó conocer de las demandas de Guyana en las que pedía que Venezuela cese sus advertencias o acciones “contra personas que realizan actividades económicas en el territorio guyanés y que Venezuela indemnice a Guyana por los daños que le ha causado por todo lo anterior”. “Todo esto, relativo a hechos posteriores a la firma del Acuerdo de Ginebra, fue rechazado unánimemente por la CIJ en contra de Guyana”, afirmó el analista Hernández-Bretón. Además, circunscribe su jurisdicción al territorio terrestre.

En marzo del 2022, Guyana presentó sus alegatos acerca de la validez del Laudo de 1899 y para el mes de junio del 2022 -dentro del lapso reglamentario- Venezuela presentó sus objeciones preliminares acerca de la inadmisión de la demanda de Guyana. De la misma forma, refutó que si la CIJ tenía jurisdicción -según su propia decisión de 18 de diciembre de 2020, la cual Venezuela rechaza- para el correcto ejercicio de esa atribución, entonces sería indispensable la participación del Reino Unido, que es el implicado principal en la validez o nulidad del laudo, objeto de la demanda unilateral presentada por Guyana.

Este particular fue rebatido por Guyana y la CIJ. No obstante, el profesor Eugenio Hernández-Bretón, profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela, afirmó que “al decidir, la CIJ salvó expresamente el alegato venezolano, de que no obstante que el Reino Unido no es parte procesal en el juicio en curso, si es una parte histórica en el caso y, de tal forma, los alegatos venezolanos acerca de la conducta irregular del Reino Unido, serán objeto de examen en el juicio como causal de nulidad del Laudo de 1899, aún sin la presencia del Reino Unido, que así lo había consentido al firmar el Acuerdo de Ginebra”.

Como ave de rapiña sobrevuela sobre sus intereses, ahora de manifiesto en la forma de ExxonMobil, el gigante petrolero que anunció en mayo de 2015, el descubrimiento de un yacimiento en un área costera de la frontera entre Guyana y Venezuela.

La segunda empresa con mayor caudal monetario del mundo en 2009 -la primera fue Royal Dutch Shell- ya para marzo de 2012, ExxonMobil se convirtió en la empresa más lucrativa de América, según afirma la revista Fortune.

Es evidente como Guyana ha alineado intereses con Estados Unidos (EE.UU.), concediendo -en 2015- las licencias correspondientes. Desde entonces, el presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que “hay una campaña brutal contra Venezuela, mienten, es financiada por la ExxonMobil, transnacional petrolera estadounidense vinculada al lobby armamentista de Washington, que tiene gran influencia dentro del Pentágono. (…) La ExxonMobil ha financiado una campaña en la televisión, radio, prensa, factores políticos del Caribe, de Guyana específicamente”. Simultáneamente, afirmó que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela y avisó a los Gobiernos de América Latina y el Caribe que estaban tratando de minar la unión y la paz de la región.

Temeraria política

El Gobierno de Venezuela, a través de su canciller Yván Gil, expresó que las acciones realizadas por Guyana son contrarias al derecho internacional público, a la Constitución de Venezuela y condenó la postura de Guyana, tras asumir derechos que no le corresponden sobre territorio venezolano. A juicio del Gobierno venezolano es una provocación por parte de las trasnacionales y el país vecino.

De esta forma Venezuela “insta a todos los actores privados transnacionales, de manera formal y categórica, a evitar cualquier incursión en dicho espacio marítimo, ya que constituye una violación a sus derechos soberanos, su orden constitucional y al Derecho Internacional Público”, según señala el comunicado, también se rechaza la “temeraria política de asociación de Guyana con el Comando Sur de Estados Unidos”.

En el recordatorio hecho por el canciller de Venezuela, se precisó que los acuerdos suscritos por Guyana con empresas de capital extranjero no tendrán validez sobre el Esequibo, sencillamente porque están violando la soberanía venezolana sobre el territorio en reclamación.

Es un propósito firme y pacífico en el que la República Bolivariana de Venezuela hará valer sus derechos legítimos sobre el territorio de la llamada Guayana Esequiba.