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Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su consternación ante los procedimientos empleados en los procesos de detención.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su consternación ante los procedimientos empleados en los procesos de detención. | Foto: La Prensa Gráfica

Publicado 30 marzo 2022



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Como consecuencia del combate a la violencia no se reportaron homicidios este martes, y suman más de 2.160 las detenciones de pandilleros.

El secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres hizo un llamado este martes a las autoridades salvadoreñas a respetar los derechos humanos en el combate a la creciente ola de violencia que en los últimos días se desató en ese país, causando 87 homicidios el pasado fin de semana.

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En una declaración el titular de la ONU soslayó que espera que “las medidas que se adopten como respuesta estén en consonancia con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”; al tiempo que expresó su solidaridad con los salvadoreños ante el complejo escenario existente.

Además señaló el alto funcionario que conoció con preocupación, del aumento de la violencia y los asesinatos que tuvieron lugar en esa nación, los cuales registraron 67 de los asesinatos mencionados el pasado sábado 26 de marzo, cifra más elevada de la cual se tenga conocimiento en un día.

El llamado se produce en medio de reportes de numerosos abusos de poder por parte de la Policía Nacional Civil Salvadoreña y las Fuerzas armadas en su combate contra el crimen organizado, entre los que se cuentan redadas indiscriminadas, acoso y maltrato a periodistas, y excesivo rigor en la aplicación del régimen de excepción por 30 días aprobado el pasado domingo por la Asamblea Legislativa.

Entre las comunidades en las cuales se evidencian esos excesos se halla la colonia San José del Pino, de Santa Tecla, en la cual los uniformados han impedido la libre movilidad, pese a no haber estado contemplada esta entre las garantías constitucionales suspendidas y contempladas en los artículos 7, 12, 13 y 24 de la Carta Magna.

Y las cuales se refieren a refieren a la libertad de asociación, derecho de defensa, plazo de detención administrativa, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.

En tal sentido, diversas organizaciones han manifestado su consternación ante arbitrariedades evidenciadas en los procedimientos aplicados en buena parte de las más de 2.160 detenciones realizadas hasta este momento.

En tal sentido, la coordinadora del área de Investigación en Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (Sspas), Gabriela Colocho señaló que “por lo menos el derecho a la defensa, a ser informados por la detención, y no ser obligados a confesar son parte de las garantías judiciales que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos establece y que se han incorporado a este estado de excepción, pero que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia".

Mientras la defensora de derechos humanos Celia Medrano soslayó que “la población quedará expuesta a verse vulnerada en sus derechos, puesto que si a un soldado o policía, por ejemplo, le parece sospechosa una persona o grupo, tiene amplia discrecionalidad para proceder".

Esto en alusión a las palabras del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien sostuvo que “A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso, los agentes se llevarán a cualquier persona según su discreción”.

Igualmente, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés, expresó su postura sobre el régimen de excepción aludiendo que “el estado de emergencia decretado como respuesta a la alarmante ola de violencia en El Salvador, no se apega a los estándares internacionales de derechos humanos que el país se ha comprometido a respetar”.

Los operativos policiales para contener la ola de violencia y asesinatos en la nación salvadoreña iniciaron el propio sábado, fundamentalmente contra pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13), una de las pandillas que posee facciones en todo el territorio nacional, así como también contra otras organizaciones criminales de este tipo.  


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