La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe el 17 de diciembre del 2017 en el que detalló que servidores públicos de la extinta Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado de Sonora traficaron con la vida de, al menos, 22 niños entre 2009 y 2015.
Los casos de trata de menores ocurrieron durante la administración de Guillermo Padrés, pero además hubo imprecisiones sobre el paradero de 682 niñas y niños; se desconoce a qué supuestas familias se dieron en adopción.