El ente judicial concluyó que posee pruebas suficientes de que el crimen perpetrado por escuadrones de la muerte el 16 de noviembre de 1989.
La Fiscalía General (FGR) de El Salvador acusó el lunes al expresidente Alfredo Cristiani de coordinar y autorizar la masacre de los miembros de la Compañía de Jesús en la Universidad Centroamericana.
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El ente judicial concluyó que posee pruebas suficientes de que el crimen perpetrado por escuadrones de la muerte el 16 de noviembre de 1989, en el que fallecieron seis padres jesuítas, cinco de ellos españoles, junto a dos mujeres fue obra del exmandatario salvadoreño.
El político, perteneciente al partido derechista Alianza Nacionalista Republicana (Arena), se sirvió de un grupo de militares para realizar la incursión y según un testigo, Emilio Ponce, ya fallecido, estuvo presente en el lugar donde se decidió el crimen, estuvo de acuerdo y lo autorizó.
#CasoJesuitas I La investigación en el caso ha determinado que el expresidente Cristiani y el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA de la época, sostuvieron varias llamadas telefónicas previo a la masacre. pic.twitter.com/wBpG5s9txC
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Además de Cristiani son ocho los imputados en el caso, incluyendo a Rodolfo Parker, un exdiputado prófugo incriminado en el pasado por un testigo ocular de ofrecer un millón de colones para que no se mencionara la participación de Cristiani y altos mandos militares en la masacre de los religiosos.
Según la Fiscalía, Parker era entonces el jurídico del Ministerio de Defensa salvadoreño y le pidió al teniente José Ricardo Espinoza Guerra que cuando declarara no podía revelar que cumplía ordenes del alto mando del ejército y del expresidente.
#CasoJesuitas I Por este caso, en el 2020 el coronel Inocente Orlando Montano fue condenado a 133 años de cárcel, en España.
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Montano fue declarado culpable de haber ejecutado la operación para asesinar a los religiosos. pic.twitter.com/i4zeC5V3Ir
Cristiani, también prófugo y con orden de captura, es el centro de la campaña anticorrupción del presidente Nayib Bukele, quien iniciara su batida el 1 de junio ordenando el decomiso de todas sus propiedades en el país, valoradas en más de 10 millones de dólares.
Fuentes cercanas al ministerio público destacan que el político de derechas llegó “quebrado al gobierno y salió millonario”, en referencia a la fortuna que construyó evidentemente por medio del desfalco, el robo y la malversación de los fondos del estado.