La Fiscalía General de Brasil informó este jueves que los golpistas que promueven el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff combinaron versiones de sus defensas y estrategias para frenar la investigación sobre corrupción en la estatal petrolera Petrobras.
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La acusación recae sobre el exministro de Planificación de Michel Temer, Romero Jucá; el expresidente entre 1985 y 1990, José Sarney; y el titular de la Cámara de Senadores, Renan Calheiros; todos integrantes de la cúpula del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), provisional en el poder.
La acusación la realizó el Fiscal Rodrigo Janot y señala que en concreto intentaban “impedir que el expresidente de la filial de Petrobras Transpetro, Sergio Machado, colaborara con las investigaciones de la Operación Lava Jato”.
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Para alcanzar sus objetivos, intentaron “maquillar los ilícitos de la gestión de Machado”, quien aseguró, en sus colaboraciones para el caso, que los tres integrantes del Gobierno provisional de Temer recibieron unos 70 millones de reales (20 millones de dólares) de la subsidiaria de Petrobras.
Calheiros, Sarney y Jucá negaron las acusaciones en su contra y calificaron como “exagerado” el pedido del fiscal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para su detención. No obstante, esta solicitud lleva anexo documentos que comprobarían los movimientos financieros.