Diputados del Frente para la Victoria (FPV) denunciaron penalmente Marcos Peña, jefe del Gabinete de Mauricio Macri, y pidieron la nulidad de la resolución del Ejecutivo que dispuso la transferencia de la base de datos de la ANSES a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación.
Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade denunciaron a Peña por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, y violación de secretos y de la privacidad". También incluyeron en la denuncia la titular de la ANSES, Federico Basavilbaso, y al secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco.
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De acuerdo con un comunicado de la bancada del FPV en Diputados, la presentación judicial recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, de Ariel Lijo , y será investigada por el fiscal Guillermo Marijuan .
"Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales", subrayaron los diputados.
Que el Gobierno utilice los datos de #ANSES, no sólo es ilegal, sino que pone en riesgo la intimidad de todos: https://t.co/xFziTei8x1
— Juan Cabandié (@juancabandie) July 27, 2016
Los legisladores del kirchnerismo aseguraron que los datos obtenidos de la ANSES se usarán "para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública".
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Liderados por el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara baja, Héctor Recalde , otro grupo de diputados presentó un recurso de amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo de Liliana Heiland.
Las presentaciones de los legisladores del FPV se realizan el mismo día en que Cristina Kirchner se expresó públicamente en contra de la medida del Gobierno, al que acusó de querer organizar un "Estado policial".
Tus gustos, contactos, inclinaciones, actividades etc. No solo van a saber todo lo que haces. Te van a vigilar y controlar. Estado policial
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 27 de julio de 2016
El convenio "viola tanto el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como la ley 25.326 de Protección de Datos Personales", según plantea el recurso, que también firmaron las diputadas Teresa García y Carolina Gaillard.
"La ley 25.326 establece que los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”, señalaron los diputados en un comunicado.
La medida, aseguraron desde el bloque conducido por Recalde, “puede provocar que reciban llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por los individuos para este fin". Y ello, señalaron, "altera la intimidad del ciudadano que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado”.