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El canciller negó toda posibilidad de que alguna instancia internacional impute al Estado Mexicano por caso de estudiantes desaparecidos.

El canciller negó toda posibilidad de que alguna instancia internacional impute al Estado Mexicano por caso de estudiantes desaparecidos. | Foto: Archivo

Publicado 4 diciembre 2014





Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa dijeron que de no imputar cargos de delitos de desaparición forzada o genocidio a los responsables del hecho, denunciarían al Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional.

El canciller de México, José Antonio Meade, descartó este jueves la posibilidad de que el Gobierno de su país sea juzgado por algún tribunal internacional por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de dos meses.

"No, en absoluto. De hecho, México ha sido un país de los más abiertos en la región iberoamericana que ha invitado permanentemente para su cooperación a diferentes instancias de todo tipo" para investigar esa clase de casos, dijo en respuesta a una pregunta que le hiciera la agencia internacional EFE durante una entrevista.

Según Meade, México "es probablemente en Iberoamérica el país más visitado por relatores, por instancias de Derechos Humanos". Sin embargo, dijo que una acción judicial “tendría lugar si acreditara falta de voluntad del Estado mexicano por enfrentar (el caso)".

En noviembre, los padres de los desaparecidos en el estado de Guerrero (sur de México) advirtieron al fiscal general de ese país, Jesús Murillo Karam, que si no imputa el delito de desaparición forzada y/o genocidio a los encausados presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI).

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Asimismo, en octubre, el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo presentó una propuesta de resolución para propiciar la intervención de la CPI en el caso.

El pasado 26 de septiembre un grupo de policías del municipio de Iguala, en Guerrero, atacó a tiros a decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, por órdenes del exalcalde José Luis Abarca, involucrado con el grupo criminal Guerreros Unidos.

 


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