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El estudiante mexicano, Omar García, sobreviviente de la represión policial en Iguala (Guerrero, sur de México) que dejó seis muertos el pasado 26 de septiembre, denunció que los estudiantes de las escuelas normales son víctimas del acoso del Gobierno debido a que se resisten a la privatización de la educación.
“Siempre hemos tratado de enarbolar un proyecto distinto dentro del sistema educativo, nos resistimos a la privatización de la educación, ha sido golpe tras golpe, represión tras represión, asesinato tras asesinato (..) hemos perdido 7 compañeros”, argumentó en declaraciones exclusivas para teleSUR.
Indicó que el Gobierno mexicano pretende culpar a los estudiantes por los sucesos violentos y las investigaciones se enfocan en vincularlos con grupos criminales en vez de buscar a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, por lo cual no ha habido respuestas rápidas sobre su paradero.
En relación al asedio gubernamental señaló que: “Nos dimos cuenta que el retraso en las investigaciones se deben a que en lugar de estar viendo a los delincuentes no están viendo a nosotros, nos están queriendo convertir a las víctimas en los culpables y vincularnos con grupos del crimen oraganizado”.
“Nosotros hemos dejado de confiar en la instituciones del Estado, lleva mas de 20 días la PGR investigando y nos decepciona e indigna que después de haberle dado el voto de confianza se dedique a investigarnos a nosotros en vez de los que realizaron esta masacre”, señaló García.
En contexto
Entre el 26 y 27 de septiembre, la policía de Iguala disparó contra los autobuses donde se trasladaban los estudiantes normalistas, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.
La indignación global por el caso también se sustenta en la aparente inacción del Gobierno nacional y su falta de respuestas en un caso de desaparición masiva y a la luz pública. Los familiares de los jóvenes, que llevaban a cabo una protesta contraria al Gobierno regional, han asegurado que no confían en la claridad de la investigación del caso.
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