El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó excluir 45 pruebas presentadas por la defensa de Jeanine Áñez.
Testigos del caso Golpe de Estado II, en Bolivia, fueron convocados para comparecer de forma presencial el próximo 25 de abril, indicó este jueves el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
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El Ministerio Público presentará los primeros testigos que comparecerán en la sesión, así como funcionarios del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
De igual manera, entre las personas citadas se encuentran el exmandatario Evo Morales Ayma; el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y otros exmiembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Parlamentarios del Movimiento al Socialismo, que son mayoría en la Asamblea Legislativa, aún no debatieron aprobar un juicio de responsabilidades como pide la ex Pdta. de facto Jeanine Añez. Pero adelantan observaciones en contra: Dip. MAS Renán Cabezas: @ConexiontlSUR @teleSURtv pic.twitter.com/aqMBKGriJP
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) April 21, 2022
Por otra parte, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó excluir 45 pruebas que fueron presentadas por la representación de la defensa de la expresidenta de facto Jeanine Áñez.
De acuerdo con su abogado, Luis Guillén, 45 pruebas fueron rechazadas y seis "ingresaron a la defensa”.
Jeanine Añez DESCOLOCA a sus ex socios políticos al pedirles den curso, en la Asamblea Legislativa, a los juicios de responsabilidades planteados en su contra. Mesa y Camacho, habían anunciado que no darían los dos tercios que requiere autorizar esos (4) juicios. @teleSURtv pic.twitter.com/IprIZbt47E
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) April 20, 2022
Previamente, Áñez envió una carta a Luis Camacho y Carlos Mesa, vinculados al golpe de Estado de 2019, pidiendo “otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona”.
Áñez es juzgada, en este caso, por llegar a la Presidencia de Bolivia de forma irregular tras el golpe de Estado contra el entonces mandatario Evo Morales.
Además, es acusada de 15 violaciones a la Constitución en su condición de senadora antes de autoproclamarse jefa de Estado.