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"Son casi diez años que esta normativa referente a la protección de los pueblos indígenas originarios en alta vulnerabilidad no había sido reglamentada”, dijo el ministro de Justicia.

"Son casi diez años que esta normativa referente a la protección de los pueblos indígenas originarios en alta vulnerabilidad no había sido reglamentada”, dijo el ministro de Justicia. | Foto: EFE

Publicado 8 septiembre 2022



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Esta institución formará parte de la estructura judicial y tendrá como objetivo atender a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima, informó este jueves sobre la creación de la Dirección General de Protección de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, tras la promulgación del decreto supremo 4793.

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Lima afirmó que esta institución formará parte de la estructura judicial y tendrá como objetivo atender a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

El ministro precisó que el Gobierno nacional buscará activar todos los mecanismos necesarios para coordinar y proteger a las 36 naciones y pueblos indígenas, así como acercarse y estar en contacto con ellos.

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Publicado por Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Bolivia en  Jueves, 8 de septiembre de 2022

“Inmediatamente se comenzará a atender las quejas o denuncias en relación a los pueblos indígenas que están en situación de alta vulnerabilidad, tendrán como misión que no existan más situaciones como la registrada en la hacienda La Tunita en Santa Cruz o que se resuelva definitivamente el reclamo histórico del pueblo Tacana II”, acotó.

Además, dijo que el referido ente funcionará dentro la estructura del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Los ministros de Justicia y Transparencia Institucional; de Salud y Deportes; de Educación; de Desarrollo Rural y Tierras, y de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización conformarán la instancia.

“Este decreto tiene como fin reglamentar la Ley 450 del 4 de diciembre de 2013. Son casi diez años que esta normativa referente a la protección de los pueblos indígenas originarios en alta vulnerabilidad no había sido reglamentada”, dijo el ministro de Justicia y Transparencia Institucional.

Asimismo, resaltó que con este decreto supremo se ratifica el compromiso "que tiene el presidente Luis Arce Catacora, con los derechos humanos y la protección de los sectores más vulnerables”.


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