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El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor en Bolivia, Jorge Silva Trujillo, afirmó que los controles en la compra y venta de la divisa estadounidense continúan en diferentes puntos del país.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor en Bolivia, Jorge Silva Trujillo, afirmó que los controles en la compra y venta de la divisa estadounidense continúan en diferentes puntos del país. | Foto: EFE

Publicado 14 abril 2023



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Las autoridades judiciales determinaron dos años de privación de libertad para los culpables.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor en Bolivia, Jorge Silva Trujillo, informó que siete de las nueve personas arrestadas en el departamento Santa Cruz de la Sierra en los operativos por agio, especulación del dólar y delitos financieros fueron enviados al recinto penitenciario de Palmasola.

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El funcionario explicó que estos recluidos se sometieron a procesos abreviados y las autoridades judiciales determinaron dos años de privación de libertad para ellos.

Por otra parte, a las dos mujeres que aún se encuentran bajo proceso investigativo se les otorgaron medidas sustitutivas por lo que podrán defenderse en libertad. Sin embargo, no podrán volver a trabajar en el mismo oficio hasta concluir las investigaciones.

Silva afirmó que los controles en la compra y venta de la divisa estadounidense continúan en diferentes puntos del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia.

Esta nación ha presentado más de cien denuncias por venta de dólar a cambio más alto. De acuerdo con la Ley 393 de Servicios Financieros, las penas por esos delitos llegan a los ocho años de privación de libertad.

En las últimas semanas, se reportó una subida inusual de demanda de esta moneda en el territorio boliviano, lo que provocó filas en los bancos. El Gobierno decidió vender los billetes de forma directa a través del Banco Central, pero la demanda no bajó.

Desde la máxima dirección del país se asegura que la economía boliviana es estable y el ministro del sector, Marcelo Montenegro, culpó de lo ocurrido a “un brote especulativo” que llevó a un exceso de solicitudes.


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