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El ministro Montenegro aseguró que se garantizará el pago de bonos sociales para preservar el bienestar de los más vulnerables.

El ministro Montenegro aseguró que se garantizará el pago de bonos sociales para preservar el bienestar de los más vulnerables. | Foto: EFE

Publicado 21 noviembre 2022



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Se prevé que la tasa de inflación para 2023 llegue al 3,57 por ciento, y se mantendrá la misma política cambiaria.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, informó este lunes que el país prevé un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) en un 4,86 por ciento en 2023, considerando el alza en la inversión pública y las políticas sociales.

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Durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE), el titular de la cartera detalló que para el próximo año, se destinarán 4.006 millones de dólares para la inversión pública.

Montenegro aseguró además que se garantizará el pago de bonos sociales para preservar el bienestar de los más vulnerables.

De ese presupuesto, el 42 por ciento se destinará al sector productivo, el 26 por ciento al social y el 24 por ciento al rubro de la infraestructura.

“Los principales supuestos del PGE en términos macroeconómicos es una tasa de crecimiento de 4,86 por ciento, una tasa de inflación de 3,57 por ciento, en el balance fiscal un déficit de -7,49 por ciento”, indicó Montenegro.

Asimismo, precisó que se mantendrá la misma política cambiaria de estos años, y se proyecta destinar 317.129 millones de bolivianos, así como un presupuesto consolidado de 243.950 millones en esa moneda.  

De ese presupuesto, el ministro indicó que unos 26.347 millones de bolivianos se destinarán al sector educativo; 24.639 millones para la Salud; 5.346 millones para el Gobierno y 4.401 millones para los gastos en Defensa.

Asimismo, el ministro indicó que el PGE ofrecerá garantías para preservar políticas sociales como pagos de bonos, y ayudas económicas para personas con discapacidad grave y muy grave.

Como parte del presupuesto, el PGE conservará los subsidios de hidrocarburos y alimentos con el fin de preservar la estabilidad de precios de la canasta familiar boliviana.


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