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El documento incluye la denuncia de las autoridades bolivarianas de que la posición histórica de Guyana nunca ha sido llegar a un acuerdo con Venezuela sobre la región en disputa.

El documento incluye la denuncia de las autoridades bolivarianas de que la posición histórica de Guyana nunca ha sido llegar a un acuerdo con Venezuela sobre la región en disputa. | Foto: teleSUR

Publicado 30 junio 2020



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Venezuela ha argumentado histórica y jurídicamente su titularidad del territorio esequibo.

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela dio a conocer el contenido del memorando presentado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en respuesta a la demanda de Guyana sobre la disputa territorial en torno a la región del Esequibo.

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El documento, publicado este martes, contiene una relatoría y explicación de los argumentos que, al amparo de la historia y el derecho, asisten a la nación bolivariana para reclamar la soberanía sobre el territorio en controversia.

Resalta que, pese a la postura inalterable de Venezuela en reclamo de sus derechos sobre el Esequibo, el llamado reiterado es al diálogo con el Gobierno guyanés, tal como se aprecia tanto en el memorando, como en las cartas remitidas al presidente de la CIJ, también publicadas por la Cancillería venezolana.

¿Cuáles son los argumentos históricos y jurídicos que asisten a Venezuela en reclamo de sus derechos sobre la región esequiba?

Nulidad del Laudo de 1899

El primer pronunciamiento que trató de dar solución al conflicto sobre el Esequibo fue el Laudo Arbitral de París, fechado el 3 de octubre de 1899 (conocido como Laudo de 1899). Tal documento fue adoptado por un Tribunal arbitral creado especialmente para conocer el asunto.

Sin embargo, Venezuela no reconoce la legitimidad de dicha decisión, basándose en varios argumentos que quedaron relacionados en el memorando remitido a la CIJ.

Entre ellos destaca la creación misma de este mecanismo de arbitraje, que surgió de un acuerdo entre Gran Bretaña, entonces metrópoli de lo que hoy es Guyana, y Estados Unidos que, con base en la Doctrina Monroe, se abrogó la representación de los intereses venezolanos.

Venezuela fue excluida del equipo de jueces, que estuvo integrado por dos británicos, dos estadounidenses y un ruso, que se anunciaba como “tercero imparcial”.

De hecho, solo un nacional venezolano participó directamente en el proceso, formando parte del equipo de defensa de su país, que estaba integrado, además, por otros cuatro abogados de EE.UU.

Esta exclusión, según la parte venezolana, evidenció que en el proceso no se defendió realmente el mejor derecho; criterio que fue reforzado por la revelación en 1949 de un documento escrito por uno de los abogados estadounidenses que representó a Venezuela ante el Tribunal Arbitral.

Este letrado consignó las irregularidades, no publicadas anteriormente, que viciaron el proceso. El escrito ilustró cómo los jueces británicos y el “tercero imparcial” no actuaron apegados a la Justicia y al Derecho, sino que, deliberadamente, se plegaron a los intereses del Reino Unido.

Basado en estas nuevas revelaciones, el Gobierno venezolano llevó el asunto a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1962. Ese foro, considerando admisibles y relevantes los argumentos, decidió que las partes, por entonces Venezuela y Gran Bretaña, negociaran un acuerdo para dar solución al diferendo con apego a la paz y al derecho internacional.

De esta negociación surgió el Acuerdo de Ginebra de 1966, suscrito por ambas partes. Guyana asumió las responsabilidades de Gran Bretaña ante el pacto, una vez obtenida su independencia, tres meses después de su firma.

Prevalencia del Acuerdo de Ginebra sobre el Laudo de 1899

En la demanda presentada a la CIJ, Guyana reclama atenerse a la decisión del Tribunal Arbitral, plasmada en el Laudo de 1899. Venezuela, por su parte, refrenda su nulidad y se decanta por dar cumplimiento al Acuerdo de Ginebra de 1966.

Los argumentos de la nulidad están dados, por un lado, en el reconocimiento de la Asamblea General de la ONU de los vicios de mala fe que lo caracterizaron; y por otro, en el consentimiento que tuvo el Reino Unido de tales irregularidades, al pactar una nueva negociación, dando lugar al Acuerdo de Ginebra.

Destaca el Gobierno Bolivariano en el documento presentado a la CIJ, que el Acuerdo de Ginebra estableció que Guyana, una vez obtenida su independencia, se consideraría parte del mismo, por lo que el Gobierno guyanés debe acogerse al procedimiento establecido.

Cabe recordar que, pese a que el Acuerdo de Ginebra fue suscrito por Venezuela y Gran Bretaña, en las negociaciones participaron representantes guyaneses, dada su próxima independencia.

Falta de jurisdicción de la CIJ

El Acuerdo de Ginebra estableció la creación de una Comisión Mixta que negociara una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia sostenida entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo.

De no llegarse a un acuerdo, el pacto prevé que las partes agoten las vías de solución de conflictos establecidas en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Llegado este punto, se agudizó la controversia.

Mientras Guyana expone como la cuestión a resolver, la validez del Laudo de 1899, Venezuela centra el punto en la definición de un mecanismo para solucionar el diferendo, dando la nulidad del mencionado laudo como tema ya definido.

En esa cuerda, y apoyándose en que el secretario general de la ONU derivó en la CIJ la resolución sobre el Esequibo, Guyana presentó ante esa instancia una demanda unilateral, solicitando un fallo ajustado a sus intereses.

Venezuela ha razonado que, habiéndose reconocido en 1962 la nulidad del Laudo de 1899 por parte de la comunidad internacional, la CIJ no tiene jurisdicción para evaluar y decidir al respecto.

Asimismo, Venezuela plantea a la CIJ el papel de mediar en la solución del conflicto, pero a tenor del Acuerdo de Ginebra y nunca a instancia unilateral, sino ante la presentación del caso por ambas partes, en cumplimiento de los principios de buena fe y solución amigable de conflictos que fundamentan el mencionado pacto.  

Este martes, la CIJ realizó la audiencia preliminar que determina si posee jurisdicción o no para decidir sobre la demanda presentada por Guyana. El fallo aún no tiene prevista fecha de promulgación.


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