JEP de Colombia realiza audiencia sobre desapariciones forzadas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia inició este martes en el coliseo de Puerto Berrío, departamento de Antioquia (norte), una audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares que dictó en el cementerio local La Dolorosa, donde se presumen estén enterrados los cuerpos de víctimas de desaparición forzada.

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De acuerdo con la agenda, funcionarios de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informan detalles sobre el hallazgo de 116 cuerpos en el camposanto, los cuales fueron entregados a Medicina Legal para proseguir con su identificación.

En el evento participan organizaciones de víctimas del conflicto armado, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (Movice), y representantes del municipio.

Durante la audiencia se narran las acciones desplegadas para recuperar estos restos humanos y los desafíos que enfrentaron en esa labor la Alcaldía de Puerto Berrío, la Personería, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otros entes.

Tras una ardua labor de investigación, en octubre de 2020 la JEP ordenó la protección de 356 bóvedas, cinco osarios comunes y dos celdas de custodia en el referido camposanto.

La solicitud de proteger estos sitios, donde se cree que existen cuerpos de víctimas del conflicto armado sin identificar o no reclamados, fue hecha por Movice.

Según medios de prensa, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP descubrió al mismo tiempo que la parroquia del municipio había exhumado de las dos celdas de custodia un número indeterminado de cuerpos no identificados durante varios años, sin ningún control ni autorización.

El pasado 7 de octubre la JEP dictó un auto para ampliar las medidas cautelares tomadas en el cementerio La Dolorosa hasta abril de 2022.

De acuerdo con registros de la UBPD, el conflicto armado dejó más de 120.000 personas desaparecidas en Colombia.

Critican falta de voluntad del Gobierno

Líderes campesinos y afrodescendientes de diversas regiones del país manifestaron que el Gobierno carece de voluntad política para implementar el Acuerdo de Paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que el 24 de noviembre llegará a su quinto aniversario.

La aseveración se hizo este martes en Bogotá, durante la presentación del último informe de Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz,  a cargo de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo Final.

El documento da cuenta de incumplimientos para llevar a vías de hecho lo pactado en cuanto a reparto de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la mitigación de la violencia y otros aspectos.

Menciona que hasta el 30 de junio pasado solo se había entregado el 7,8 por ciento de las 3.000.000 de hectáreas previstas a conceder, en tanto que los programas de desarrollo para fomentar cultivos alternativos solo han iniciado en ocho de los 52 municipios previstos.

Sobre la violencia política, se recordó que del Acuerdo hasta la fecha han sido asesinados 291 exfirmantes de paz, el 70 por ciento de ellos en los municipios más atrasados del país.

Además de que estas regiones cuentan históricamente con menor atención por parte del Estado, el texto señala que allí operan grupos armados ilegales que se disputan el control del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.