La sentencia que impone trabajos forzados fue dictada a partir de la presentación de que 2.000 votos repetidos.
Un tribunal de la junta militar de Myanmar condenó este viernes a la lideresa derrocada, Aung San Suu Kyi, a tres años de privación de libertad por supuesta incursión en el fraude electoral con lo que acumula 20 años de prisión junto a otros cargos.
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El magistrado radicado en la capital sentenció también a otros dos miembros del partido político Liga Nacional para la Democracia (LND) por fraude cometido en las elecciones efectuadas en noviembre del 2020.
La sentencia que impone trabajos forzados a los declarados culpables fue dictada a partir de la presentación de que 2.000 votos repetidos en unos comicios que los observadores internacionales calificaron “globalmente libres y justos".
���� Nueva condena para Aung San Suu Kyi. Esta vez ha sido sentenciada a tres años de prisión y a trabajos forzados por cometer fraude electoral. En total la antigua líder birmana suma una pena de 20 años de cárcel. pic.twitter.com/i2PVTGxHd9
— Descifrando la Guerra (@descifraguerra) September 2, 2022
Tres meses después de la contundente victoria de la Premio Nobel de la Paz, la junta militar derrocó al gobierno democráticamente elegido alegando que al menos 10 millones de votos fueron fraudulentos.
El pasado 15 de agosto, San Suu Kyi fue condenada a otros seis años de privación de libertad por cuatros nuevos cargos de corrupción vinculados a la compra de terrenos públicos y a la construcción de una vivienda a base de donaciones.
The latest prison sentence to be handed down to Aung San Suu Kyi (I've almost lost count) is 3 years with HARD LABOUR. She's 77. Tatmadaw found her guilty of electoral fraud — observers say there's no evidence of that (it's what the military used to justify their coup d'etat)
— Erin Handley (@erinahandley) September 2, 2022
Previamente, había sido sentenciada por vulnerar leyes contra la pandemia e incitación contra las autoridades, violar las medidas de restricción por la Covid-19, la importación de "walkie talkies" y aceptar sobornos.
La junta militar ha sumido al país del sudeste asiático en una profunda crisis política, social y económica donde se han reportado violaciones graves los derechos humanos, incluidos las torturas y los asesinatos arbitrarios.