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Un dictamen de la Corte Constitucional ecuatoriana en abril pasado mandató la presentación del proyecto de ley que se presenta esta semana en el parlamento.

Un dictamen de la Corte Constitucional ecuatoriana en abril pasado mandató la presentación del proyecto de ley que se presenta esta semana en el parlamento. | Foto: Twitter @SurkunaEc

Publicado 28 junio 2021



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Será la Defensoría del Pueblo quien hará la propuesta en cumplimiento del mandato de la Corte Constitucional.

El debate sobre la legalización del aborto en el supuesto de violación comenzará esta semana en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador, cuando la Defensoría del Pueblo presente ante esa corporación un proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo.

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Se trata, según la Defensoría del Pueblo, de una acción en cumplimiento del mandato de la Corte Constitucional de redactar, en dos meses, un cuerpo legal que garantice el acceso a la interrupción legal voluntaria del embarazo cuando sea producto de una violación.

Según la entidad gubernamental, el proyecto a presentar es resultado de una "hoja de ruta" de acercamiento, socialización, sistematización, análisis y redacción, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales.

La Defensoría  destaca que la legislación se ha redactado "sobre la base de los aportes de organizaciones, colectivos sociales de mujeres, feministas, personas de sexo género diversas, instituciones públicas y la ciudadanía en general".

La propuesta de ley se ancla, según sus promoventes, a un catálogo de principios relevantes, como el principio de autonomía en la toma de decisiones, atención integral, buena fe y calidad en la atención a las niñas, mujeres y adolescentes que atraviesen esta situación. 

De aprobarse la legislación, se reconocería la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación como un derecho de las mujeres, ya que es un cuerpo normativo orgánico y toma en cuenta las diferentes vulnerabilidades a las que pueden estar sujetas las gestantes.

La ley establecería obligaciones claras que refuerzan la prestación de una atención integral, garantizando, en todo momento, el acceso oportuno y eficaz de los servicios de salud y de justicia, al tiempo que puntualiza los deberes del personal de salud.

De igual manera, el proyecto señala que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de desplegar todas las acciones que permitan a las mujeres "tener una atención médica, legal y psicosocial que aporte a la reparación del daño que se origina cuando existe una violación y un embarazo no deseado". 


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