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Las peticiones de los familiares miembros del Movir, fueron recibidas por la legisladora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Anabel Belloso.

Las peticiones de los familiares miembros del Movir, fueron recibidas por la legisladora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Anabel Belloso. | Foto: PL

Publicado 16 agosto 2022



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Los familiares de las víctimas exigieron la  reparación del daño causado a capturados sin vínculos delincuenciales.

El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) de El Salvador se movilizó este martes frente a la Asamblea Legislativa en San Salvador, en rechazo a las capturas arbitrarias y falta de aplicación de una verdadera justicia durante el estado de excepción.

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En este sentido, los manifestantes realizaron un plantón en una de las entradas del Palacio Legislativo con carteles que recogían los nombres de sus familiares detenidos y otros con mensajes denunciando la medida.

“No andamos defendiendo delincuentes, porque ninguno de los familiares aquí tenemos una persona delincuente”, afirmó una de las representantes del (Movir), Yamileth Zavala.

Asimismo, los familiares de las víctimas exigieron al Gobierno el establecimiento de oficinas de información en cada una de las bartolinas o penales donde sean llevadas las personas, ante la falta de datos importante acerca del estado de los privados de libertad.

"Mi hijo estaba realizando su trabajo, mi hijo no es delincuente, pedimos al señor presidente la libertad para estos jóvenes", expresó una de las madres de las personas capturadas.

Ante la manifestación, la seguridad de la Asamblea Legislativa fue reforzada con efectivos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), desde horas tempranas de esta jornada.

Vale recordar que el régimen de excepción es una medida aprobada el 27 de marzo del presenta año por la Asamblea Legislativa mediante la cual se suspenden los derechos constitucionales, entre ellos el derecho de defensa, la inviolabilidad de la correspondencia, además de extenderse el plazo de las detenciones administrativas de las 72 horas a 15 días.

De acuerdo con el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador, durante los primeros 100 días del estado de excepción, se reportaron 291 casos de detenciones arbitrarias y 1.941 casos de detenciones ilegales.


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