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La Plataforma de Defensa en Salud y Educación no descarta otra posible movilización masiva pronto en toda Honduras

La Plataforma de Defensa en Salud y Educación no descarta otra posible movilización masiva pronto en toda Honduras | Foto: Prensa libre

Publicado 22 julio 2019



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El Gobierno presidido por Juan Orlando Hernández cuenta con diversas denuncias en su contra por políticas represivas que criminalizan el derecho a la protesta.

Organizaciones sociales y la Plataforma de Defensa en Salud y Educación de Honduras solicitaron este lunes la destitución del ministro de Segurdad, Julián Pacheco, tras la agresión cometida por la Policía contra niños y jóvenes con gases lacrimógenos.

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"Al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en Honduras y demás organismos de instancia internacional, pedimos que soliciten cuentas al Estado de estas violaciones a la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes", indicaron.

El Gobierno presidido por Juan Orlando Hernández cuenta con diversas denuncias en su contra por políticas represivas que criminalizan el derecho constitucional a la protesta desde comienzos de abril pasado, cuando miles de personas salieron a las calles para pedir su renuncia.

Las masivas protestas surgidas en el país en las últimas semanas han sido encabezadas por miembros de la Policía que exigieron la dignificación salarial; así como integrantes del sector salud y educación, quienes instaron al Estado a atender la situación en ambas áreas.

Además, miles de personas pidieron al Ejecutivo atender las sugerencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para contrarrestar el dengue que ha cobrado la vida de más de 90 personas, mientras que estudiantes y profesores reclamaron una educación pública gratuita y universal, siendo reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos por parte del ejército.

Tras estas circunstancias, diversos grupos sociales llamaron a la comunidad internacional, especialmente a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michell Bachelet, a visitar el país centroamericano y conocer los casos atroces de la fuerza pública contra dirigentes sindicales y estudiantiles.


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