Exigen cumplir orden de libertad para activistas salvadoreños

Familias de la Comunidad Santa Marta, del norte de El Salvador, se concentraron el jueves frente al edificio de la Dirección de Centros Penales para exigir al director Osiris Luna el cumplimiento de la orden de liberación de los ambientalistas detenidos desde enero pasado.

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La protesta de los familiares y comunitarios toma como base la resolución del juzgado de primera instancia de Sensuntepeque del pasado miércoles 23 de agosto, la cual concedió arresto domiciliario como medida sustitutiva a la detención provisional para los líderes comunitarios de Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).

En dicha resolución de la semana pasada, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque decretó arresto domiciliario, pero esto no se ha cumplido, por lo que la comunidad pide que se cumpla lo dictaminado por la resolución de autoridad competente.

Los manifestantes recordaron que el 11 de enero último, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes  y directivos de  ADES-Santa Marta, fueron detenidos por un supuesto hecho ocurrido durante la Guerra Civil salvadoreña (1980-1992).

Sin embargo, en la resolución judicial de la pasada semana, se estableció que dado el grave estado de salud constatado por peritos del Instituto de Medicina Legal (IML), los detenidos deben ser llevados con urgencia a un hospital local para recibir atención médica durante una semana antes de ser trasladados a sus viviendas para continuar el arresto domiciliario.

Los manifestantes denuncian que, más de una semana después, dicha orden judicial no ha sido cumplida por el sistema penitenciario.

Un comunicado de la comunidad, dirigida a la Dirección de Centros Penales denuncia, asimismo, la obligación de la excarcelación “especialmente de quienes sufren padecimientos crónicos, pero también de quienes han desarrollado enfermedades respiratorias, gastrointestinales, de la piel y otras debido a las precarias condiciones carcelarias”.

El abogado defensor de los líderes comunitarios, Dennis Muñoz,  explicó que teóricamente los líderes comunitarios detenidos debían ser trasladados el 23 de agosto a un centro hospitalario de manera inmediata, pero no se cumplió.

Desde el propio momento de la detención, diversas organizaciones nacionales e internacionales han solicitado reiteradamente que se dejen en libertad y vinculan su encarcelamiento con los proyectos mineros que pretende adelantar el Gobierno de Nayib Bukele.