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Diversas organizaciones ambientales han manifestado su preocupación por la celeridad con el Congreso intentaba aprobar la iniciativa de ley 6054.

Diversas organizaciones ambientales han manifestado su preocupación por la celeridad con el Congreso intentaba aprobar la iniciativa de ley 6054. | Foto: Twitter @transdocnoticia

Publicado 19 octubre 2022



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Las organizaciones ambientales y campesinas rechazaban el proyecto que atentaría contra el patrimonio natural.

Diputados de la extrema derecha tuvieron que archivar en el parlamento de Guatemala, ante  la presión social, la iniciativa de ley 6054 sobre la creación de un súper ministerio del Ambiente, institución con largo historial de corrupción, dándole libertad para beneficiar intereses privados.

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Las organizaciones ambientales y campesinas rechazaban el proyecto que atentaría contra el patrimonio natural.

El Congreso tenía previsto aprobar una ley que, se temía, dejaría vulnerables los recursos naturales y que los beneficios fueran dirigidos a un pequeño sector de la población.

Este martes 11 de octubre era el día en el que se tenía contemplado considerar agendar la discusión de la iniciativa en el orden del día, pero hasta el momento se ha mantenido archivada hasta próximo aviso.

Diversas organizaciones ambientales han manifestado su preocupación por la celeridad con el Congreso intentaba aprobar la iniciativa de ley 6054, que se le ha llamado “ley del superministerio” porque concentraría en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) las funciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y otras instituciones ambientales.

Esta iniciativa fue redactada e impulsada por varios diputados de Vamos, actual partido de Gobierno, encabezados por Shirley Rivera, presidenta del Congreso.

El  Ministro de Ambiente, Mario Rojas, declaró en septiembre que la idea de esta propuesta es la de “unificar esfuerzos, mejorar la gestión ambiental, reducir la duplicidad de gestiones, la burocracia y fortalecer la gestión ambiental del país”.

Sin embargo, las industrias extractivas serían las más beneficiadas ya que recibirán las licencias que autorizan la explotación de los recursos naturales sin mayor trámite sobre los impactos a la ecología, denunciaron organizaciones ambientalistas.


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