En el marco de la investigación de este nuevo caso, la Fiscalía Especial Contra Impunidad detuvo a cinco sospechosos por lavado de dinero y otros activos.
La Policía guatemalteca detuvo este miércoles a cinco personas vinculadas al desfalco de más de 26,19 millones de quetzales (3,7 millones de dólares) al Banco de los Trabajadores, presuntamente para financiar la campaña política del expresidente Otto Pérez Molina, actualmente preso por corrupción.
LEA TAMBIÉN:
Sandra Torres a juicio por recursos no reportados en Guatemala
El jefe de la Fiscalía Especial Contra Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, explicó que el caso se remonta a la campaña presidencial de 2011, cuando el Banco de los Trabajadores (entidad semiestatal), a través de la empresa Estrategias e Inversiones ARCA, S.A., financió la campaña del Partido Patriota sin reportar el respaldo al Tribunal Supremo Electoral.
La FECI realizó cinco allanamientos y detuvo a Gerson Alfredo Monterroso, Loida Eunice Valdéz, Carlos René Paredes y Marlon Renato Diéguez; por el delito de lavado de dinero y otros activos, y a Carlos Roberto Canteo, por la presunta comisión de peculado y lavado de dinero y otros activos.
#Allanamientos
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 30, 2019
La Fiscalía Especial contra la Impunidad #Feci del #MinisterioPúblico, realiza esta mañana con apoyo de la #PNC 5 allanamientos en inmuebles ubicados en el departamento de Guatemala. pic.twitter.com/DH868xcNSD
Según la investigación, los sospechosos crearon la entidad Avanzando al Progreso, S.A. como una empresa off shore, establecida fuera del país para no tributar en impuestos, siendo un centro de recaudación paralelo que recibió aportaciones anónimas de varios financistas.
Además, las transacciones fueron simuladas como operaciones comerciales y logró recolectar fondos destinados a la campaña política sin ser registrados, como lo dispone la ley.
En total hay 25 involucrados en el caso, derivado de otro proceso en el que los implicados también estuvieron involucrados en una presunta estafa al banco por poco más de 3 millones de dólares.
Por su parte, el banco publicó un comunicado en el que asegura su colaboración con los órganos jurisdiccionales competentes y que se ha constituido como un querellante adhesivo en procesos penales desde el año 2017.