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Los padres de los jóvenes, Luz Elena Arismendi y Pedro Restrepo, lucharon incansablemente por la verdad y contra la impunidad.

Los padres de los jóvenes, Luz Elena Arismendi y Pedro Restrepo, lucharon incansablemente por la verdad y contra la impunidad. | Foto: El Tiempo

Publicado 8 enero 2022



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La desaparición de los hermanos Restrepo por las fuerzas de seguridad de Ecuador ha sido calificado como un crimen de Estado.

El 8 de enero de 1988 ocurrió en Ecuador la desaparición de los hermanos Carlos Santiago (17 años) y Pedro Andrés Restrepo (14), hecho perpetrado por efectivos del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía de ese país.

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Carlos Santiago y Pedro Andrés fueron detenidos arbitrariamente mientras se trasladaban en el automóvil de su papá, Pedro Restrepo, torturados y asesinados.

Hoy se cumplen 34 años de ese hecho, el cual se recuerda como un crimen de Estado. Ello cobra trascendencia en momentos en que Gobiernos de América Latina, como los de Colombia y Chile, han sido acusados de crímenes de lesa humanidad contra jóvenes generalmente indefensos y de pocos recursos.

El SIC fue creado bajo el Gobierno del presidente León Febres Cordero (1984-1988). Se trató de una estructura clandestina que cometió actos ajenos a la ley y violaciones de derechos humanos (DD.HH.), según la Comisión de la Verdad.

Denuncias y presiones sobre el caso

Tras conocer la muerte de sus hijos, Pedro y la mamá, Luz Elena Arismendi (ambos de origen colombiano) hicieron cada miércoles un plantón frente al Palacio de Carondelet (sede del Ejecutivo) para exigir que se hiciera justicia. Se afirma que Pedro realizó los plantones durante 19 años.

Hermanos Restrepo
Pedro Andrés y Carlos Santiago.

A menudo eran acompañados por activistas y organizaciones de DD.HH., y juntos enfrentaron la presión de la Policía para desalojarlos. Esta protesta dio paso, con posterioridad, al surgimiento de un Comité Nacional por los desaparecidos.

Además, forzó a un Gobierno ecuatoriano posterior, el de Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992), a constituir una comisión internacional para investigar el hecho.

Principales revelaciones

La comisión estableció que los jóvenes fueron encarcelados sin fundamento legal y asesinados. Además, fueron torturados en el SIC, donde uno de ellos falleció. La revelación de estos detalles y de la naturaleza criminal del SIC forzó al Ejecutivo a disolver esta estructura.

Durante la pesquisa, el exagente policial Hugo España declaró que ambos estuvieron recluidos en el SIC y luego dos uniformados se los llevaron de allí sin informar adónde.

Con posterioridad, señaló que el 12 de enero de 1988 y por indicación de sus superiores habían lanzado dos bolsas de polietileno, presuntamente con cadáveres, a la laguna Yambo, ubicada a 115 km al sur de Quito.

Durante años se buscaron sus cuerpos en ese lugar, mas nunca fueron hallados. Después cobró fuerza la tesis de su probable entierro en una fosa común de un cementerio de Quito, pero tras varias pericias tampoco se encontró nada.

Entramado judicial

Tras el esclarecimiento, fueron condenados un general, un coronel, dos tenientes y tres policías a penas entre dos y 16 años de prisión por la detención, tortura, muerte y desaparición de los dos jóvenes.

Con penas de 16 años sancionaron al sargento Guillermo Llerena y el agente Camilo Badillo, en condición de autores materiales. Por el delito de complicidad, recibieron penas de ocho años el coronel Trajano Barrionuevo y los tenientes Doris Merchán y Juan Sosa.

Mientras, el excomandante de la Policía, general Gilberto Molina y el exagente España fueron condenados a dos años de reclusión, acusados de encubridores.

En 1995, tras una apelación del matrimonio Restrepo debido a que no se enjuició a varias personas acusadas, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador ratificó el fallo anterior.

Ello motivó que los padres presentaran el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997. Llegado ese punto, en el año 2000 el Estado ecuatoriano aceptó la responsabilidad y la obligación de reparar a los familiares.

Por ello, se comprometió a pagar 2 millones de dólares y buscar sus cuerpos, que aún no han sido encontrados. En 2011 se abrió una nueva pericia en un cementerio de Quito al que las fuerzas de seguridad llevaron cadáveres sin identificar, pero tampoco se hallaron allí.

A juicio del padre de los jóvenes, que aún vive, el caso no estará cerrado hasta que sus cuerpos no aparezcan.


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