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La Oriovac señala que las acciones violentas dejan víctimas, desplazados, huérfanos y viudas y viudos.

La Oriovac señala que las acciones violentas dejan víctimas, desplazados, huérfanos y viudas y viudos. | Foto: Twitter @Orivac_Colombia

Publicado 16 junio 2020



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Hasta el 4 de junio, el Instituto para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) contabilizó 135 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2020. 

La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac) ha instado a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de Colombia, así como a la misión de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), que tomen acciones ante la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos en el Valle del Cauca.

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La Orivac denunció que mientras su comunidad se encuentra en el ejercicio del control territorial para evitar la propagación de la Covid-19, se presentan hechos de violencia contra la población indígena y campesina.

Además, detallaron que a las 20H20 (hora local) de este sábado fue asesinado Leider Trimpeta Chate, el cual "fue ultimado a disparos por personas desconocidas que emprendieron la huida" mientras descansaba en casa de sus suegros.

"Falleció minutos después cuando estaba siendo trasladado por vecinos del sector al centro asistencial más cercano" indicaron.

También hicieron referencia al caso del 27 de mayo, en el que el líder indígena Edilfonso Sarria fue asesinado "en las mismas circunstancias del hecho anterior".

Señalaron que "hombres fuertemente armados se acercaron al caserío del Nogal, perteneciente al resguardo kwet wala de Pradera del Valle, abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas que se encontraban departiendo licor, causando la muerte de manera instantánea a dos campesinos, Humberto de Jesús Campo y Omar Ignacio Ipia, y dejando gravemente heridos a otros dos".

Asimismo, resaltan que hace varias semanas se registran atropellos, amenazas y asesinatos sistemáticos contra las autoridades, la Guardia Indígena y organizaciones de Derechos Humanos en todo el territorio nacional.


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