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Los parientes salieron desilusionados por la negativa de López Obrador, quien aseguró que toda la información sobre el caso Ayotzinapa fue ya entregada.

Los parientes salieron desilusionados por la negativa de López Obrador, quien aseguró que toda la información sobre el caso Ayotzinapa fue ya entregada. | Foto: EFE

Publicado 22 septiembre 2023



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La concentración podría permanecer en el lugar hasta el próximo lunes, cuando está prevista una reunión en la Secretaría de Gobernación.

Padres, madres y familiares de los maestros normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre de 2014 junto a estudiantes de una escuela rural del estado de Guerrero, instalaron el jueves un campamento de protesta frente al Campo Militar 1, de la Ciudad de México, capital del país.

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Fuentes cercanas a los manifestantes revelaron que la concentración podría permanecer en el lugar hasta el próximo lunes, cuando está prevista una reunión en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), o bien hasta el martes, día en que se conmemoran nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes.

Los demandantes levantaron una carpa donde estarán acampando frente a este complejo como expresión del reclamo al Ejército del país norteamericano para que entregue la información necesaria y así dar con el paradero de los más de 40 estudiantes normalistas desparecidos.

Mario González, padre de César Manuel González, uno de los 43 normalistas desaparecidos, afirmó: “Nos encontramos en el batallón Campo Militar 1, donde se encuentra la información de todos los batallones del país”.

“No son más que unos criminales, unos cobardes con armas”, sentenció el padre, en clara referencia no solo a los hechos del 26 de septiembre de 2014, sino a toda la instalación de elementos para proteger las instalaciones del Ejército adonde llegaron que incluye alambres de púas, barricadas y cientos de soldados armados.

Este 2023 se conmemorará el noveno aniversario del suceso que generó uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial de México, atesorado como un gran pendiente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió resolverlo antes de término de su mandato (octubre de 2024).

El pasado miércoles los familiares se reunieron con el mandatario y al salir de la reunión explicaron su reclamo de que el Ejército acabe de facilitar la documentación necesaria sobre el caso para poder dar de una vez por todas con el paradero de los estudiantes.

Los parientes salieron desilusionados por la negativa del presidente, quien aseguró que toda la información fue ya entregada, aunque ellos aseguran la existencia de estos documentos faltantes en lo entregado por el Ejército al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI recientemente se retiró del país por no poder avanzar en las investigaciones por culpa de los obstáculos que impone la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas en la investigación. La Comisión de la Verdad catalogó el hecho como “crimen de Estado” por la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de López Obrador ha desmentido reiteradamente la acusación de simpatizantes del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ha defendido la llamada “verdad histórica”, que sostiene que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.


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