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Se procura que Alejandro Toledo y su esposa sean juzgados en territorio peruano por un caso de lavado de activos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Vega, declaró el miércoles que el Consejo de Ministros aprobó solicitar por segunda vez al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) la extradición del expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, para que sean juzgados en territorio peruano.
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En un encuentro con los medios realizado al término de una reunión del Gabinete, Vega agregó que la solicitud se enviará a la Fiscalía de la Nación para que continúe el trámite correspondiente y se remita al Gobierno estadounidense en las próximas semanas.
Toledo y su esposa son reclamados por un caso de lavado de activos, conocido como Ecoteva, que nació de una investigación del Poder Judicial.
También, anunció que se han aprobado ocho extradiciones. Una de ellas, referida al expresidente Toledo y otra a su esposa. En el caso del expresidente, este sería el segundo caso de solicitud de extradición a los EE. UU. para ser juzgado en territorio peruano por el caso Ecoteva. pic.twitter.com/HntEotFIdg
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) April 22, 2021
El titular de la cartera recordó que las pesquisas encontraron una ruta de dinero con cuentas offshore en Panamá y Costa Rica, activos que luego se utilizaron en Perú para adquirir inmuebles. A partir de esas revelaciones, se decidió tramitar con EE.UU., en marzo de 2020, una solicitud de extradición.
Dos años antes, Perú había solicitado la primera extradición debido a denuncias de presuntos sobornos (35 millones de dólares) recibidos por Toledo de parte de la empresa brasileña Odebrecht.
Este caso está pendiente de solución por la Justicia de EE.UU. y ha sido pospuesto varias veces a solicitud de la defensa. Se prevé que inicie el 23 de septiembre próximo.
Toledo, quien fue presidente durante el periodo 2001-2006, fue detenido en julio de 2019 en California, EE.UU., donde ha residido los últimos años. En ese país guardó prisión por espacio de ocho meses por riesgo de fuga. En marzo de 2020 pasó al régimen de arresto domiciliario.
