Presidenta de Perú se niega a responder preguntas ante Fiscalía por muertes en protestas

El abogado de la presidenta de Perú Dina Boluarte, Joseph Campos, refirió este miércoles que “no hay ni víctimas, ni victimarios”, ante la negativa de su representada a responder, tras las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía de la nación por los delitos de homicidio calificado y genocidio contra la mandataria.  

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De acuerdo al corresponsal de la multiplataforma teleSUR, Jaime Herrera, la presidenta designada Dina Boluarte optó por guardar silencio ante preguntas de los abogados de las víctimas de las masacres.

Joseph Campos manifestó que “hemos tenido que interrumpir esta declaración cuando sabemos que jurídicamente no tiene ningún tipo de asidero. Pero como somos respetuosos, hemos ido a declarar. Respecto de los hechos, que pudieron haber ocurrido en cualquier lugar del Perú, la respuesta es una: dimos declaraciones de que se controle la situación, el orden público, respetando los derechos fundamentales”.

Asimismo, a pesar de reportarse 49 personas asesinadas en las protestas por medios locales, Joseph Campos reiteró que “en este momento de la investigación no hay ni víctimas ni victimarios. Eso se está investigando en sus momentos y lugares correspondientes. Pero la presidenta de la República ha sido responsable y no puede ni siquiera a nivel de percepción crearse una responsabilidad que no tiene".

Por su parte, la Fiscalía refirió que el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas (Eficavip), recabó declaraciones de agraviados y documentos por muertes en las protestas del 16 de diciembre de 2022.

“En este sentido, se pudieron recabar informes de ocurrencias, relaciones de personal de servicio, actas de consumos de perdigones, entre otros. Asimismo, se realizó la reconstrucción de hechos con presencia de peritos y los agraviados de las protestas, en las que hubo 3 fallecidos y 30 víctimas por lesiones”, manifestó la Fiscalía.

De acuerdo a plataformas de derechos humanos en las manifestaciones entre finales del 2022 e inicios del 2023 se registraron 67 muertes, de las cuales 49 fueron consecuencia de la acción de las fuerzas policiales y militares.