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La entrada en vigor del criptoactivo bitcoin como moneda de curso legal ha recibido el rechazdo de una parte de la población salvadoreña.

La entrada en vigor del criptoactivo bitcoin como moneda de curso legal ha recibido el rechazdo de una parte de la población salvadoreña. | Foto: Twitter @FMLN_oficial

Publicado 8 septiembre 2021



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Con una marcha hasta la sede del legislativo, también se pronunciaron contra la reforma judicial propuesta por Bukele.

La entrada en vigor del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador sacó a la gente a la calles en señal de protesta este mismo martes,  movilizados por los movimientos populares y organizaciones de estudiantes y sociedad civil.

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En un marcha desde la céntrica plaza del monumento al Salvador del Mundo hasta la Asamblea Legislativa, los manifestantes dejaron ver su descontento con la medida del Gobierno de Nayib Bukele, porque, dijeron, crea incertidumbre y no beneficia a la población salvadoreña.

Desde el Bloque Resistencia y Rebeldía Popular, dijeron que la mayoría de la población salvadoreña rechaza el bitcoin, por ser una ley que solo beneficiará a los grandes millonarios y transnacionales dueñas de las criptomonedas, y señalaron en particular a lo que llamaron el clan Bukele y operadores de los cajeros bitcoin.

Al mismo tiempo, expresan que el rechazo de la población se debe también a que no se cuenta con las herramientas tecnológicas y teléfonos de alta gama para descargar la billetera electrónica, e hicieron un llamado a las personas es a no descargar la Chivo Wallet.

Las organizaciones de la sociedad civil consideraron que el presidente Nayib Bukele ha impuesto un sistema monetario virtual de extremo riesgo para la inmensa mayoría de la población a lo cual acaba de sumar la destitución de jueces en lo que llamaron una abierta violación de la independencia judicial.

A la marcha se sumaron los jueces, quienes piden se deroguen las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y se restituya a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, pues denuncian que son decisiones que están tomando los operadores políticos de Bukele y, por tanto, ilegítimas.


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