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La administración de Trump ha regresado el estado de las relaciones con Cuba a la época de la Guerra Fría.

La administración de Trump ha regresado el estado de las relaciones con Cuba a la época de la Guerra Fría. | Foto: Twitter: Bruno Rodríguez

Publicado 17 diciembre 2020



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El enfoque de Trump hacia Cuba se ha caracterizado por el retroceso, la máxima presión y la retórica de la Guerra Fría

El 17 de diciembre de 2014, los entonces presidentes de Cuba y Estados Unidos, Raúl Castro y Barak Obama, anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington; y pareció, durante dos años, que se abría una nueva página en los vínculos entre las dos orillas del estrecho de la Florida. Sin embargo, la llegada de Donald Trump, en enero de 2017, interrumpió esa dinámica.

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El escenario favorable creado a partir del 17 de diciembre de 2014, coincidió, sin embargo, con el proceso electoral en Estados Unidos y la parte final del mandato de Barack Obama. Si bien en un inicio de la campaña, Donald Trump no sólo reconoció el hecho del restablecimiento de las relaciones, sino que precisó su intención de lograr un "mejor acuerdo" con el Gobierno cubano, llegó a expresar que consideraría abrir uno de sus hoteles en Cuba y que la nación caribeña tenía cierto potencial para los inversores.

Sin embargo, por conveniencia política, esa posición la cambió al final de la contienda de 2016, cuando estableció una alianza con la extrema derecha anticubana para beneficiarse de su maquinaria electoral al sur de la Florida, con lo cual su posición se movió hacia el otro extremo e incrementó el discurso ofensivo contra la Revolución Cubana y sus líderes históricos.

Llegada a la Casa Blanca

Una vez en la Casa Blanca en enero de 2017, el presidente Trump y su equipo de Gobierno se empeñaron en cumplir las promesas lanzadas al final de la campaña, a pesar del rechazo de sectores influyentes. Todo ello a contrapelo de que grupos de congresistas bipartidistas de ambas cámaras, medios de prensa, empresarios, agricultores y militares de alto rango retirados, se pronunciaron por el estrechamiento de los vínculos bilaterales y reconocieron los resultados positivos alcanzados para ambos países en variados temas, desde 2014. 

El retroceso en la política hacia Cuba se expresaría en la nueva directiva presidencial (sustitutiva de la de Obama, de 2016) y tendría la impronta de dos legisladores republicanos anticubanos de la Florida: el senador Marco Rubio, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental y miembro activo del comité de Inteligencia de esa misma Cámara; y el legislador Mario Díaz-Balart, miembro clave del comité de Asignaciones del Congreso. 

El 16 de junio de 2017, Trump, desde Miami, capital histórica de la contrarrevolución cubana, anunció la política de su gobierno hacia la Isla consistente en la reversión en parte de los avances alcanzados en los dos últimos años. En lo que constituyó un retroceso en las relaciones entre los dos países, Trump pronunció un discurso anticubano cargado de retórica al estilo de los tiempos de la confrontación abierta en la época de la Guerra Fría.

Las medidas anunciadas estuvieron dirigidas a impedir los negocios de compañías estadounidenses con empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, que son de propiedad pública. Una de las medidas de mayor impacto fue la de limitar aún más el derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar a Cuba, quienes tienen prohibido hacerlo como turistas. 

Fue eliminada la licencia general para los viajes individuales dentro de la categoría de actividades educacionales, también identificadas como “contactos pueblo a pueblo”, y solo se autorizarán viajes en grupo, con una agenda preestablecida, un guía responsable de hacer cumplir las regulaciones y mecanismos de auditoría, que obligan a justificar cada gasto y guardar la documentación durante cinco años.

De acuerdo a Trump, la nueva política de Washington hacia La Habana pretendía: mejorar el cumplimiento de la legislación que rige el bloqueo de Cuba y la prohibición del turismo y responsabilizar al Gobierno cubano como presunto "responsable de la opresión y los abusos de los derechos humanos" ignorados bajo la política de Obama.

El Gobierno de Cuba emitió una declaración de rechazo al discurso y al memorando de Trump, denunció las nuevas medidas de endurecimiento del bloqueo y dejó claro que "cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso".

No obstante, la Mayor de las Antillas reiteró su voluntad de continuar el "diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo, así como la negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el Gobierno de Estados Unidos".

La saga de los "ataques sónicos" y la Helms-Burton

En el medio de todo, se desató un escándalo a partir de unos presuntos incidentes sónicos en La Habana contra diplomáticos estadounidense, de los cuales, sin mayores explicaciones y pruebas, Estados Unidos acusó a Cuba y que terminaron en la paralización funcional de la Embajada en la capital caribeña y el traslado de sus funciones a terceros países, lo cual, de facto, impedía a muchos ciudadanos cubanos, viajes y otros trámites migratorios hacia la principal comunidad cubana en el exterior.

En vísperas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en noviembre de 2018, John Bolton, para entonces asesor de Seguridad Nacional, durante un discurso en Miami sobre la política estadounidense hacia América Latina, criticó al socialismo y prometió una política exterior más dura contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, a cuyos Gobiernos calificó de “troika de la tiranía” y “triángulo de terror”.

En un tono amenazante señaló que “Estados Unidos ahora espera ver la caída de cada ángulo del triángulo: en La Habana, en Caracas, en Managua”.

En mayo de 2019 anunciaron otra medida hostil con efectos extraterritoriales, con la activación del Título III de la llamada Ley Helms-Burton, que permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes “trafiquen” con “propiedades norteamericanas” en el país antillano.

El mecanismo implementado brindaría la posibilidad de promover una acción en las cortes estadounidenses contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución.

Ese acápite junto al título IV, que preveía la rescisión de visados a los gestores de las empresas, fueron suspendidos desde su promulgación en 1996 por todas las administraciones estadounidense, teniendo en cuenta que causó un duro rechazo internacional y un conflicto con la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio, para proteger las inversiones europeas en la Isla. 

Aunque la Ley Helms-Burton no tiene efectos legales en Cuba, las nuevas medidas estuvieron dirigidas a desestimular a las empresas extranjeras a invertir en el país, lo que provocó nuevamente amplio repudio de la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea y Canadá, aliados tradicionales de Estados Unidos y a su vez socios comerciales de Cuba.

El 2020 y el final de la administración: más agresividad

En 2020, una vez desatada la pandemia de Covid-19, se hizo más aguda la hostilidad de la Casa Blanca contra Cuba: el Gobierno estadounidense calumnió las acciones solidarias cubanas y amenazó a varios países por admitir la ayuda médica que Cuba brindó y llegaron, en junio de 2020, a que tres senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio, presentaran un proyecto de ley dirigida a castigar a los países que acepten esa cooperación y a frenar los ingresos recibidos por la Isla mediante las brigadas de profesionales de la salud.

De igual manera, entre otros hechos relevantes, Estados Unidos suspendió todos los vuelos chárter con destino a Cuba, excepto los viajes a La Habana (enero de 2020); y la empresa china Alibaba no pudo enviar a Cuba en abril una donación de insumos médicos para luchar contra la Covid-19, debido a las prohibiciones del bloqueo estadounidense.

EE.UU. ha impedido igualmente a Cuba la compra de ventiladores para asistir a enfermos con la Covid-19. 

El 30 de abril, un cubano-estadounidense disparó con un fusil automático contra la sede de la embajada de Cuba en Washington, suceso que no fue condenado por las autoridades estadounidenses hasta la fecha.

En los últimos coletazos de su administración, en octubre último, el Gobierno de Trump impuso nuevas medidas coercitivas contra las empresas que gestionan la recepción de remesas por parte de ciudadanos cubanos y obligó a cerrar sus operaciones en Cuba a la empresa Western Union.

Seis años después de los acuerdos de 2014, queda poco de lo que ellos trajeron, pues en la práctica, la embajada de Estados Unidos en La Habana, si bien no cerró, no funciona; continúa siendo un centro de apoyo a la subversión interna y las políticas de "cambio de régimen" y el bloqueo ha sido reforzado hasta niveles no vistos desde la época de Geroge W. Bush.
 


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