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Miguel Angel Ferrer
Miguel Angel Ferrer

Economista y profesor de Economía Política. Fundador y director del Centro de Estudios de Economía y Política. Es columnista del diario El Sol de México, del catorcenario Siminforma, del diario Rumbo de México, entre otros medios. Analista político en distintos programas de radio.

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Hasta ahora han fracasado todos los intentos del conservadurismo mexicano por desestabilizar al gobierno de López Obrador. Ni la campaña mediática ni los esfuerzos por crear las condiciones para dar un golpe de Estado han tenido éxito.

La derecha mexicana está intentando por todos los medios a su alcance socavar al gobierno de López Obrador.

En México, durante largos decenios, las expresiones golpe de Estado, golpismo y dictaduras militares eran de uso corriente, pero nunca o casi nunca se empleaban en referencia a la sociedad mexicana.

A unos cuantos días del golpe de Estado en Bolivia el panorama todavía es confuso. A esta confusión contribuye la mezcla de factores clásicos de los golpes de Estado en Latinoamérica (como la participación decisiva de los militares, tripulados por Washington) con rasgos novedosos, como son la entrada en escena de la versión boliviana de las guarimbas venezolanas y la actuación de bandas paramilitares de golpeadores y asesinos a sueldo para amedrentar a las bases de apoyo al evismo y al régimen derrocado.

En la dura batalla política que libra el Presidente López Obrador contra instituciones, personeros y ex beneficiarios del régimen neoliberal vencido en las elecciones del 1 de julio de 2018.

Es muy claro que el gobierno del Presidente López Obrador marcha en sentido contrario al que siguen Mauricio Macri en Argentina, Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile. En esas tres naciones las políticas económicas neoliberales, con sus tarifazos, privatizaciones y sujeción a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) han provocado revueltas e insurrecciones populares que han tenido como primer resultado la derogación inmediata de los paquetazos fondomonetraristas, pero que incluso pueden provocar la caída de esos antipopulares gobiernos.

Hasta una mirada somera a la situación en Cataluña revela que el gobierno español nada hace ni quiere hacer por resolver el tremendo problema que representa gobernar a un pueblo que no quiere ser gobernado por una potencia extranjera. 

La privatización de los bienes públicos fue (y sigue siendo en otras latitudes) el rasgo esencial y definitorio de la política económica neoliberal.

Han corrido, están corriendo y van a correr muchas más versiones respecto a los motivos que llevaron a Eduardo Medina Mora a renunciar al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Inmediatamente después de haberse hecho públicos el secuestro y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto puso en marcha, con el auxilio de periodistas amigos o a sueldo, la falsa versión de que esos crímenes estaban ligados al narcotráfico.

La falsa versión gubernamental afirmaba que por error o deliberadamente los  normalistas habían secuestrado un autobús en el que se encontraba un cargamento de estupefacientes, y que los narcos dueños de esa droga decidieron, a título de castigo y escarmiento, secuestrar y desaparecer a los 43 estudiantes.

Pero también inmediatamente esa falsa versión cayó por los suelos. Y desde entonces y hasta ahora prevalece la convicción social y popular de que se trató de un crimen de Estado autorizado por la más alta instancia gubernamental, es decir, por el mismísimo presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Un crimen que parece una calca de la política de secuestros y desapariciones forzadas del dictador argentino Rafael Videla.

Varios hechos públicos e incontrovertibles abonan esta convicción social y popular. El primero de ellos es la bien documentada participación del ejército en el crimen. Nadie en el instituto armado pudo participar en un acto como el de Iguala sin órdenes precisas del alto mando. Ni siquiera el secretario de la Defensa, quien necesariamente tuvo que recabar la precisa orden presidencial.

El segundo hecho es la participación en el crimen del gobernador de Guerrero, el mañoso y muy marrullero priista y perredista Angel Aguirre, quien antiguo conocedor de las tripas del sistema político no podía darse el lujo de intervenir en los graves sucesos sin obtener la autorización expresa de Peña Nieto.

Y un tercer indicador del papel principalísimo de Peña Nieto en el crimen fue el atropellado esfuerzo del jefe del Ministerio Público, Jesús Murillo Karam, para desviar las miradas sobre Peña hacia simples delincuentes y dar prontamente por cerrado el caso con la célebre verdad histórica que exculpaba absolutamente a Los Pinos.

Como autores materiales del nefando crimen de Iguala se cuentan soldados, policías federales, estatales y municipales y algunos matones a sueldo. Pero ahora lo central es señalar a los autores intelectuales, a quienes dieron las órdenes. Y en esto no hay mucha tela de dónde cortar. Tratándose de un crimen de Estado, las órdenes sólo pudieron provenir del jefe del Estado, es decir, de Enrique Peña Nieto.