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En un encendido debate en el senado mexicano que se extendió por cinco horas, los parlamentarios acordaron crear un grupo plural de investigadores para que hagan seguimiento al caso de los estudiantes desaparecidos tras una arremetida policial en Iguala (Guerrero, sur de México).
Legisladores de los partidos opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron la responsabilidad del Alcalde de Iguala José Luis Abarca en los actos represivos y la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa, municipio de Iguala.
Alejandro Encinas, legislador por el PRD afirmó que parte de la responsabilidad de este tipo de delitos es de los partidos políticos que “con tal de conseguir votos y financiamiento, eligen a candidatos a puestos de elección popular que provienen del crimen organizado”.
También agregó que hay que sancionar a las autoridades en cualquier nivel que por “omisión o complicidad” con la delincuencia organizada son responsables de la represión con la que trataron a los estudiantes normalistas de la localidad de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
Por su parte la vicecoordinadora de la bancada del PRD, Dolores Padierna añadió que la desaparición de los 43 estudiantes es un hecho “doloroso, indignante e inaceptable que pudo haberse evitado”.
La senadora también recordó los vínculos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con la delincuencia organizada y en crímenes cuyas víctimas fueron dirigentes perredistas, actos que fueron denunciados en 2013 y ell senado ya había exhortado su investigación a la Procuraduría General de la República, pero no fueron atendidas.
La senadora del PAN, Luisa María Calderon, también advirtió que la ola de violencia que vive el el Estado de Guerrero no es aislada y que demuestra la falta de estrategia por parte de las autoridades federales y locales para combatir a las mafias organizadas del crimen en la nación.
En contexto
Los estudiantes desaparecieron en el estado sureño de Guerrero el pasado viernes, cuando protestaban contra la discriminación que sufren en la repartición de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del gobierno de esa entidad.
Durante la manifestación, policías municipales de la ciudad de Iguala arremetieron contra los estudiantes, incluso disparando los autobuses donde se trasladaban, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.
Un total de 282 policías locales fueron detenidos preventivamente tras los hechos, pero sólo 22 fueron arrestados de forma definitiva como presuntos responsables de los ataques. Asimismo, el alcalde de Iguala, José Abarca Velásquez, deberá separarse de su cargo por 30 días y también fue expulsado de su partido político.
