El Ejecutivo tomó control de dos rutas de pasajeros en la capital para impedir que transportistas suban el pasaje de modo ilegal.
Medios de prensa de El Salvador informan que este lunes cientos de personas debieron hacer largas filas y esperar horas en la capital, San Salvador, para abordar buses de las rutas 42 y 152 y trasladarse a sus centros de trabajo.
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El control de esos medios de transporte fue tomado por el Gobierno de ese país centroamericano este domingo, luego de la detención el sábado de su propietario, el empresario Catalino Miranda, acusado de incrementar las tarifas del pasaje de manera ilegal y obstaculizar la vía pública.
Tras su detención, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dio a conocer la suspensión de los permisos de circulación y un subsidio a los 293 vehículos que cubren ambas rutas (78 buses y 215 microbuses), propiedad de Miranda, uno de los líderes del sector.
Les dijimos a los transportistas:
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 13, 2022
No jueguen con fuego.
Pero no escucharon.
Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte.
Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso.
No jueguen con fuego. https://t.co/HDYU9lSdfS
El presidente del país, Nayib Bukele, autorizó utilizar a militares para conducir los transportes y brindar el servicio de manera gratuita.
Ante las demoras ocurridas este lunes, los viajeros señalaron que había mala organización de los encargados y los conductores no conocían el recorrido.
Sin embargo, Bukele respaldó la intervención de las rutas, aseguró que no se quedará sin trabajar ni una unidad de transporte e instó a los transportistas a cumplir las tarifas y la ley.
Además, ordenó al Ministro de la Fuerza Armada, René Merino Monroy, preparar a más soldados como conductores para ampliar las operaciones si otras rutas deciden ir al paro.
El representante de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, declaró a la prensa local que no se descarta un paro de labores hasta que no conozcan las razones por las que el Gobierno está actuando contra empresarios de transporte.
Siempre ha habido abusos de los transportistas hacia los usuarios. Pero ante un abuso no se debe reaccionar con otro abuso | @Frentea_Frente pic.twitter.com/sdQyICctSB
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) March 14, 2022
Respecto a Miranda, quien preside la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans) e integra la Unión Nacional del Transporte (UNT), Regalado dijo que su detención no está clara.
Inquirió si se debió a cuestiones personales o a negociaciones en curso entre el Gobierno y los transportistas, en que estos quieren abordar la reforma a la ley del transporte, la compensación económica y otros temas.
Lo que hizo el transportista está mal, pero lo que procedía era aplicar las sanciones legales vigentes, no las que entraron después. Si como población estamos dispuestos a aplaudir que se abuse de una persona, los próximos podemos ser cualquiera de nosotros | @Frentea_Frente pic.twitter.com/a5gZ9n8oxu
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) March 14, 2022
Las diputadas Anabel Belloso y Claudia Ortiz declararon a medios locales que no existe argumento legal que faculte la detención de Miranda.
Añadieron que las imputaciones al transportista se circunscriben a un tema administrativo, según la Ley de Transporte Terrestre vigente, que establece que alterar las tarifas autorizadas por las autoridades respectivas conlleva una multa equivalente a 500 colones (57 dólares).
#ComunicadoANEP
— ANEP (@ANEPElSalvador) March 14, 2022
Ante los actos confiscatorios contra el #transporte de este fin de semana pic.twitter.com/YJEQlc7YJ0
En un comunicado, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expresó que ve con profunda preocupación lo que llamó “actos de expropiación y la confiscación acontecidos este fin de semana contra el transporte público”.
Agregaron que ello coarta el derecho a la propiedad privada y la libre empresa, que puede brindar un mensaje contrario a la inversión extranjera en el país y que viola artículos de la Constitución.
Los transportistas le doblaron el brazo a TODOS los Gobiernos anteriores, con sobornos, apoyo en las elecciones y funcionarios al servicio de ellos…
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 13, 2022
Eso y el miedo al “paro”.
Pero el último párrafo del artículo 110 de la Constitución deja clara la solución y en MAYÚSCULAS �� pic.twitter.com/G05fJbIftu
Por su parte, Bukele dejó claro que intervendrá más unidades del transporte si fuese necesario e invocó un artículo constitucional que faculta al Estado a tomar a su cargo los servicios públicos cuando así lo exijan los intereses sociales.
En esa dirección, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, negó que se estén expropiando los vehículos de transporte de Miranda y justificó su detención por considerar que violó la ley.