Realizan paro general en Argentina contra políticas del presidente Milei

Las principales centrales obreras argentinas, la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular realizaron este miércoles el paro general en todo el país contra las políticas neoliberales y antipopulares del presidente Javier Milei.

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La CGT convocó desde diciembre pasado a un paro nacional en rechazo a las medidas económicas y sociales del Gobierno de Milei, sintetizadas en un decreto desregulador de la economía y el envío al Congreso de una llamada "Ley ómnibus" que lo replica  y amplía.

La medida es acompañada por diferentes gremios y sindicatos como transporte, bancarios, personal de salud y la administración pública, por lo que muchas actividades se verán demoradas o completamente interrumpidas.

Por su parte, por del gremio de Sanidad, Héctor Dáer recordó "que los derechos son progresivos y que no pueden volver atrás" y apuntó contra Milei, al expresar que "quieren destruir los sindicatos".

Matizó que, si bien "todos fueron electos, el Presidente, los diputados, y no renegamos de la democracia, a nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos", agregó. 

El propio Daer en una publicación poco antes dijo que le pedía "a la Justicia que ordene a las fuerzas de Seguridad Nacional que garanticen los derechos de libertad de reunión, manifestación, protesta y libre asociación de todxs lxs habitantes y personas que residan o quieran ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de la concentración de la CGT".

La víspera, las organizaciones convocantes confluyeron en un encuentro para "ratificar la solidez de la relación entre las organizaciones sindicales y coincidieron en que el paro general de este miércoles será un capítulo histórico para el movimiento obrero organizado”.

En quince capitales de distintos países se realizan marchas en acompañamiento al reclamo de los trabajadores argentinos y, a su vez, en cerca de treinta embajadas argentinas alrededor del mundo se llevará a cabo la entrega de “una nota en repudio a la ley ómnibus, al DNU y al protocolo” con el que se pretende disuadir las concentraciones masivas.

En esa misma dirección, la Justicia argentina exhortó  al Ministerio de Seguridad que se “abstenga” de llevar a cabo filmaciones o requisas sin orden judicial durante la huelga general de este miércoles. 

“Exhortando a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación que se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad que impliquen, el miércoles 24 de enero, filmar y/o interceptar a personas en la vía pública con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa”, indicó el juez federal, Ernesto Kreplack en una resolución judicial.

La huelga de la CGT y sus aliados, es la primera movilización general desde 2019, que cuenta con apoyo de organizaciones sociales y políticas de Argentina y se produce a 45 días de la asunción de Javier Milei, con lo cual marca un nuevo récord.

Por su parte la CTA Autónoma refirió que “paramos y movilizamos en cada provincia, en cada seccional del país en defensa de la patria y los derechos de la clase trabajadora”, al tiempo que recalcó que “llenamos las calles de organización y unidad de la clase trabajadora para luchar contra el ajuste y las medidas neofascistas que intenta imponer el Gobierno de Milei”.

Asimismo con la consigna ¡No al ajuste, al mega DNU y Proyecto de Ley Ómnibus!, dicho gremio catalogó la jornada de histórica “al protagonizar un paro nacional contundente, con movilizaciones en todo el país.

Entre tanto el secretario general de CTA, Hugo "Cachorro" Godoy precisó que “hay conciencia de la gravedad y la peligrosidad de esta experiencia del gobierno de Milei. Hoy se inicia un plan de lucha porque no vamos a permitir que se apruebe el DNU ni la Ley Ómnibus”.

En La Rioja la marcha también fue multitudinaria, al igual que en Mar del Plata, donde se calcula que hubo 40 mil personas y la protesta terminó el monumento a San Martín, de acuerdo a las declaraciones de Tiempo argentino.

“En Bariloche, en una protesta inédita, miles de personas llegaron hasta el Centro Cívico para expresar su rechazo a las medidas de Javier Milei. En la costa hubo imágenes de manifestantes aplaudiendo desde la playa”, refirió Tiempo Argentino.

En Tucumán, en La Plaza Independencia, en San Miguel, fue el escenario de la protesta, mientras que en la ciudad de Santa Fe hubo una manifestación frente al Ministerio de Educación de la provincia en reclama de las 191 cesantías de trabajadores.

Ante las calles del Congreso de la Nación, en Buenos Aires, la capital argentina se leyó el documento conjunto de la CTA A, la CGT, la CTA T y la UTEP, respaldado también por organizaciones de Derechos Humanos, Cultura, Deportes, Ciencia, Inquilinos, Pymes, Profesionales.

Dicho documento refiere que entre los peligros del decretazo destaca el riesgo a “nuestras pequeñas y medianas industrias, atropellan y desconocen garantías constitucionales individuales, derechos colectivos y derechos laborales”.

De igual manera castigan al comercio del mercado interno, ponen en riesgo la soberanía territorial, económica, alimentaria y ambiental, desfinancian la salud Pública, la educación pública, la Investigación, las estructuras científicas y las instituciones culturales, al tiempo que vulnera el Código Civil y habilita la privatización de las empresas estatales a solo firma, enajenando así el patrimonio público.

“Desprecia y se desentienden de los adultos mayores jubilados, autorizan la extranjerización de nuestros recursos naturales y toda la arquitectura jurídica que sustenta el desarrollo nacional, pretenden arrogarse la suma del poder para el Presidente, desconociendo el orden republicano, desguazan el Estado, para quitarle su potestad de regulación y generan inseguridad jurídica desalentando las inversiones”, puntualizó el documento emitido por las organizaciones convocantes.

De igual modo, las organizaciones protestaron porque dichas medidas de Gobierno “construyen un aparato represivo y reforman del código penal, que no está al servicio de la seguridad de los ciudadanos, ni para combatir el delito y el narcotráfico, sino sólo al servicio de reprimir las protestas sociales y las manifestaciones gremiales y políticas”.